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Río Negro: por primera vez, condenaron a un exintendente en la megacausa de corrupción Techo Digno
Se trata de Gilberto Montanaro, exjefe municipal de Cervantes, quien acordó un juicio abreviado y admitió el fraude en la construcción de viviendas
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Gilberto Montanaro, exintendente de Cervantes, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La resolución, homologada en las últimas horas por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot, marca un hito procesal al convertirse en el primer exjefe comunal de Río Negro en ser condenado dentro de la megacausa conocida como Techo Digno.
Montanaro, de 75 años, reconoció su responsabilidad penal como autor de los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso. El exmandatario llegó a esta instancia a través de un acuerdo de juicio abreviado pleno, manifestando ante el tribunal su deseo de finalizar el proceso: “Estoy muy cansado, quiero terminar con esto”, afirmó al hacer referencia a una causa que se extendió por nueve años.
La maniobra delictiva se centró en un convenio firmado en noviembre de 2014 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Cervantes para la construcción de 135 viviendas e infraestructura, con un presupuesto total de $61.101.000 pesos.
Según la acusación fiscal, el municipio utilizó certificaciones de obra falsas para informar a la Nación un avance de los trabajos superior al que efectivamente se estaba realizando. Este mecanismo permitió que la comuna recibiera desembolsos por un total de $60.995.019,86, lo que representó el 99,83% de los fondos destinados al proyecto. La fiscalía subrayó que este accionar benefició indebidamente a las empresas constructoras (Baszkir construcciones, Eraiki S.A. y ECA S.A.), al pagarse por obras no ejecutadas o realizadas por fuera del circuito legal regulado.
Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó más de 80 puntos probatorios, que incluyeron filmaciones de drones realizadas durante relevamientos de las viviendas, pericias caligráficas y análisis de facturas emitidas por las empresas e informes de organismos nacionales y del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
Además de la pena de prisión y la inhabilitación, Montanaro deberá cumplir reglas de conducta estrictas, como mantener su domicilio y realizar presentaciones periódicas ante el órgano contralor. De lo contrario, se podría revocar la condicionalidad de su pena.
La condena del exintendente de Cervantes establece un precedente significativo, ya que en otras líneas de investigación de la misma causa, diversos exintendentes fueron absueltos. Entre ellos, María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche, enfrentaban cargos por peculado y administración fraudulenta. Tras el juicio oral y público, en el veredicto se señaló que, si bien se detectaron irregularidades administrativas en el uso de recursos destinados a la construcción de viviendas, no quedó acreditado el dolo requerido para los delitos imputados.
Además, en marzo pasado –y en otro expediente que forma parte del conjunto de investigaciones que involucran a exfuncionarios y empresarios de la región–, se confirmó la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, que había sido juzgado por peculado por el manejo de fondos vinculados al programa nacional Techo Digno y destinados a la edificación de 871 viviendas en distintos barrios de esta ciudad.
En ese caso, el Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había apelado la sentencia dictada en noviembre de 2025 por el tribunal de juicio y cuestionado la interpretación jurídica que llevó a la absolución.
Al revisar la impugnación, los jueces intervinientes señalaron que el núcleo del debate se encontraba en la interpretación del verbo “sustraer” dentro del delito de peculado. La figura penal exige que los bienes públicos salgan de la esfera de custodia de la administración, lo que supone una pérdida real de control estatal sobre esos fondos. El Tribunal de Impugnación recordó que, para modificar una sentencia absolutoria, la fiscalía debe demostrar arbitrariedad, una valoración errónea de la prueba o una aplicación incorrecta de la ley: los jueces entendieron que ninguno de esos supuestos quedó acreditado.
La prueba producida durante el juicio –que se realizó a fines de 2025– mostró que el dinero continuó dentro del circuito municipal. Incluso cuando los fondos fueron trasladados a otra entidad bancaria y colocados en plazos fijos, permanecieron en cuentas abiertas a nombre del municipio y bajo control institucional.
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