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Salvador María Lozada: el juez que dictó una quiebra emblemática en pleno período militar
El jurista, fallecido a los 90 años, actuó en el caso Swift-Deltec y desarrolló una teoría particular
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LA NACION
Si los jueces hablan por sus sentencias, la actuación del jurista Salvador María Lozada, juez comercial de la Capital Federal en los difíciles años 70 y fallecido en esta ciudad a los 90 años, se resume en su recordado fallo en el caso Swift-Deltec, que derivó en la quiebra de la empresa frigorífica en nuestro país. El pronunciamiento, dictado en noviembre de 1972 y ratificado más tarde por la Corte Suprema de Justicia, extendió la responsabilidad por la quiebra de la citada empresa, con sede en La Plata, a la sociedad controlante Deltec, que intentaba eludirla y se había presentado, incluso, como acreedora en el concurso judicial. El caso generó un fuerte impacto político, en el corazón del gobierno de facto del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, por el hecho de que dos antiguos ministros del régimen de Juan Carlos Onganía –Adalbert Krieger Vasena y Nicanor Costa Méndez– integraban el directorio de la compañía norteamericana.
En esa sentencia, Lozada destituyó al directorio de la empresa multinacional Swift y rechazó los créditos que la sociedad Deltec reclamaba como acreedora, lo que dejó al descubierto maniobras monopólicas y de evasión en el negocio de la carne, que hicieron recordar las denuncias de Lisandro de la Torre en los años 30.
Más allá de lo anecdótico, el caso fue emblemático y objeto de estudio en las facultades de Derecho. En 1974, Lozada fue relevado del juzgado comercial, al que había accedido en 1963. A partir de 1976, el gobierno militar de Jorge Rafael Videla lo despojó de la cátedra universitaria. En las décadas siguientes, Lozada lamentó que la “doctrina de los conjuntos económicos”, que él había aplicado en su sentencia, no fue incorporada por el Congreso a la legislación. Cuando se produjo la crisis del corralito, en diciembre de 2001, el jurista celebró una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que extendía la responsabilidad de los bancos extranjeros, en forma concurrente o solidaria, por la retención de los depósitos en dólares dispuestas a partir del corralito.
El jurista sostenía que “la personalidad jurídica de las sociedades comerciales es solo un medio instrumental a los fines del derecho. Desde que este medio jurídico es usado de un modo antijurídico para cubrir una realidad diversa, se impone levantar el velo de la personalidad jurídica y enfrentar la situación verdadera”.
La trayectoria
Salvador María Lozada había nacido en Buenos Aires en 1932 y se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció en el campo del derecho laboral y accedió a dos cátedras en la Universidad de Buenos Aires, en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho y Ciencias Sociales.
En esos tiempos de altos voltaje político, su figura adquirió proyección nacional y, al asumir el gobierno peronista de 1973, su nombre circuló como posible candidato a la Corte, lo que finalmente no se concretó. Intervino, en cambio, en la puja por la conducción del Automóvil Club Argentino (ACA), una institución de peso en aquellos años, pero no logró superar la adhesión mayoritaria que cosechaba la emblemática figura de César Carman.
El jurista valoró la recuperación de la democracia en 1983, pero con los años admitió que la política enfrentaba el desafío de superar las prácticas del clientelismo y las situaciones de desigualdad que se fueron acumulando en los sucesivos gobiernos.
Lozada presidió el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, que años después lo designó presidente honorario y le entregó el premio Enrique Mosconi, por su actuación en defensa del patrimonio nacional. El Senado de la Nación, a instancias de los legisladores Fernando “Pino” Solanas y Federico Pinedo, le concedió en 2017 el premio Sarmiento. Al agradecer la distinción, Lozada recordó que su objetivo, al dictar el fallo en el caso Swift, fue “avanzar sobre las apariencias y entrar en la realidad, lo que todos debemos hacer y que ciertamente es obligación de los jueces”.
Casado hace 68 años con María Helena García Hamilton, nieta del fundador de La Gaceta, se radicó en Buenos Aires en 1954. Ambos tuvieron cinco hijos, 18 nietos y 17 bisnietos, el último en camino. Con vínculos muy fuertes con la provincia de Tucumán, la familia pasaba varios meses al año en Punta del Este.
Investigador riguroso, el doctor Lozada fue autor de varios libros. Entre ellos, publicó los títulos “Empresas multinacionales” (1973), “Derecho constitucional argentino” (1973) y “Los derechos humanos y la Impunidad en la Argentina (1974-1999: De López Rega a Alfonsín y Menem)” (2000).
Otras publicaciones de su autoría son “La Constitución nacional anotada” (1962), “Las Fuerzas Armadas en la política hispanoamericana” (1970), “Instituciones de Derecho Público” (1970), “Dependencia y empresas multinacionales” (1974), “Inseguridad y desnacionalización: La doctrina de la seguridad nacional” (1980), y “La deuda externa y el desguace del Estado nacional” (2002).
En 1981 fundó en Belgrado la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y fue un activo colaborador del diario La Gaceta, de Tucumán, especialmente en artículos literarios y de temas de filosofía. Hombre de gran cultura, publicó también notas referidas a la deuda externa, los derechos humanos, ética y corrupción, entre otros textos derivados de su interés por la política. Fue seguidor del jurista Luis María Drago.
Tras la guerra de Malvinas, fue abogado de los familiares de las víctimas del hundimiento del Crucero General Belgrano.
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