San Luis: los jueces no quieren investigar a los Rodríguez Saá

Como una papa caliente, la justicia federal y provincial de San Luis esquivan la causa por los 80 millones de pesos que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá le entregó a una fundación creada por su hermano, el senador y candidato a renovar su banca Adolfo Rodríguez Saá , y su cuñada, Gisela Vartalitis.

Se trata de la entidad Mujeres Puntanas, fundada por el Adolfo y Vartalitis el 21 de julio de este año. Mujeres Puntanas tramitó y obtuvo en tiempo récord el subsidio millonario no reintegrable y repartió electrodomésticos y otros artefactos durante la campaña electoral.

Se conoció ayer la resolución del juez provincial Cadelago Filippi, que se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por los diputados provinciales opositores Alejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Norma Pastor, Ingrid Blumencwig y Sergio Guardia. El magistrado entendió que se trata de una causa de competencia federal y remitió el expediente a la Corte Suprema de la Nación, para que resuelva qué tribunal debería tratarlo.

Sucede que hace apenas once días también se había declarado incompetente el juez federal Juan Maqueda, que entendió que los delitos denunciados correspondían ser analizados por la justicia provincial.

Detrás de este pasamanos judicial, la oposición puntana ve la influencia de los Rodríguez Saá sobre los tribunales. "Ningún juez en San Luis se quiere hacer cargo de investigar la corrupción de los Rodríguez Saá", dijo el diputado Cacace a LA NACION.

El eje de la cuestión pasa por el trasfondo electoral de la maniobra denunciada. Los diputados opositores señalaron que la entrega del millonario subsidio configuró los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado provincial.

Pero, según los denunciantes, lo que es central es que toda la operatoria estuvo destinada a alimentar la campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá, lo que configuraría una infracción a la ley federal de financiamiento de partidos políticos (26.215).

El juez federal Maqueda, sobre la base del dictamen del fiscal federal subrogante Cristian Rachid, entendió lo contrario. "No se advierte en autos ilícito penal alguno que, en razón de la materia, de las personas o de los lugares, quede comprendido en la competencia del fuero de excepción. En efecto, en razón de los sujetos involucrados (funcionarios, públicos provinciales y personas jurídicas y físicas particulares) y del origen de los fondos públicos en cuestión, no se advierte posibilidad de afectación de patrimonio, función, servicio o institución nacional alguna", señalaron en la resolución, a la que accedió LA NACION.

En la resolución, el juez provincial Filippi, previo dictamen del fiscal Ernesto Lutens, entendió que "la denuncia no comprende hechos susceptibles de ser investigados de manera separada" y "mucho menos por jurisdicciones de distinto orden". De paso, reprendieron a Maqueda: "Es quien debe llevar a cabo la investigación a efectos de determinar la competencia federal o bien descartarla".

Es el criterio de los denunciantes. "La competencia federal se funda en que hay una violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque ha habido aportes ilegales a la campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá, como senador nacional, que es un cargo federal", dijo Cacace.ß