Santa Cruz: un juez del Tribunal Superior de Justicia detalló cómo sus pares intentaron removerlo de la presidencia

EL CALAFATE.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Daniel Mariani, elevó un informe al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, donde describe las maniobras realizadas por cuatro de sus pares con el objetivo de removerlo de la presidencia del cuerpo y frenar la jura de los nuevos miembros de la corte provincial.

El escrito fue presentado en la causa en la que la Corte Suprema de Justicia analiza la constitucionalidad de la ley impulsada por el gobernador Claudio Vidal que elevó de cinco a nueve el número de miembros del tribunal provincial. Cuatro jueces de la Corte de Santa Cruz cercanos al kirchnerismo declararon inconstitucional esa ley y generaron una crisis institucional sin precedentes entre los tres poderes del distrito.

El pasado 6 de mayo la Corte Suprema decidió ir a fondo con el conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia, el gobernador y la Legislatura, y solicitó en carácter de urgente el envío de todas las causas vinculadas al conflicto.

La disputa de poder en Santa Cruz se originó en septiembre del año pasado cuando cuatro miembros del tribunal provincial rechazaron la ampliación del tribunal, que los dejó en minoría. Desconocieron los nombramientos de los nuevos vocales, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial. Además, removieron –sin mayoría plena– a Mariani de la presidencia del cuerpo.

En la nota de Mariani dirigida a la Corte Suprema, el juez asegura que los otros cuatro vocales -Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Fernández- desplegaron acciones que califica como vías de hecho. Según el juez, esas medidas “trataron de disfrazarse bajo la forma de actos administrativos que nunca reunieron los requisitos de quórum y mayorías suficientes, a la luz del nuevo texto de la Ley Provincial N° 3949 –que amplió el número de miembros de cinco a nueve-”.

Mariani –el juez con mayor antigüedad del cuerpo– explicó que su designación como presidente para el ejercicio 2025 ocurrió mediante el Acuerdo Ordinario 3692 del 27 de noviembre de 2024. A partir de septiembre de 2025, la vigencia de la ley 3949 cambió la estructura del tribunal. Ante este escenario, el magistrado procedió a tomar juramento a los nuevos vocales, una facultad que le otorga el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El escrito subraya que esta norma no requiere la intervención del cuerpo colegiado cuando la potestad recae en el presidente.

“Los juramentos fueron tomados en forma plena y válida”, asegura Mariani en el informe enviado a Rosatti. El juez, quien autoinvoca el cargo de presidente del TSJ, relata que los primeros dos nuevos funcionarios, Sergio Edgardo Acevedo y José González Nora, juraron en presencia del gobernador. Además, recuerda que fue él quien le tomó la jura e incluso aclara que, tras detectar un error administrativo en el registro original, donde figuraba la leyenda ad referéndum, saneó el procedimiento.

Tras ese acto administrativo, los cuatro jueces que desconocían a los nuevos vocales emitieron una resolución para desplazar a Mariani de la presidencia. Sin embargo, no lo hicieron con el quórum de cinco miembros que requería la ley 3949 que estaba en vigencia.

“Ante la invalidez de la conducta tendiente a apartarme de la Presidencia y la inexistencia de impedimentos constitucionales, legales o reglamentarios, procedí a tomarles juramento a los doctores Gabriel Contreras y Juan Lucio de la Vega”, recuerda Mariani, en referencia al 8 de octubre, día que el conflicto adquirió tintes de crisis política. Durante esa jornada, la vocal Reneé Fernández retuvo el Libro de Actas correspondiente, por lo que la jura debió realizarse ante los servicios de la Escribanía Mayor de Gobierno.

El documento apunta contra la jueza Fernández, quien emitió una directiva que prohíbe a todo el Poder Judicial, desde magistrados hasta empleados, acatar las órdenes de Mariani. El denunciante califica este acto como una muestra de la gravedad institucional. Sostiene que la vocal se arroga facultades que no posee y niega su condición de vocal y presidente ante el resto de la estructura judicial.

Mariani también detalló que los cuatro vocales -Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña- ordenaron a los nuevos integrantes abstenerse de conocer y decidir sobre causas, a pesar de haber prestado juramento. El denunciante califica esta medida como un absurdo jurídico.

La nota recuerda que a los nuevos vocales se les impidió ejercer su derecho a ser oídos y a participar en la toma de decisiones judiciales, en tanto que debieron acudir a la Corte Suprema mediante recursos de queja por la falta de garantías en el proceso interno.

En el mismo trámite judicial, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con la Federación Argentina de la Magistratura -entidades que nuclean a jueces y funcionarios judiciales-, realizaron una presentación en la que aseguran que, más allá de las controversias que hoy se atienden en la Corte, la actividad judicial de Santa Cruz “se mantiene en funcionamiento”.

“La tramitación de causas, la sustanciación de procesos y el dictado de resoluciones se desarrollan de manera continua, conforme a las modalidades operativas propias del servicio de justicia”, agregaron.

Por Mariela Arias

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