Se debilita la hipótesis de que la “banda de los copitos” tuvo apoyo de una estructura oculta

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte jamás llegaron a alquilar un departamento frente al edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta. Ni siquiera ingresaron a algún inmueble en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Lo más cerca que estuvieron de rentar algo fue a 500 metros, en Callao al 1600. Su dueño les envió un video del inmueble y cuánto pretendía para alquilarlo, pero no llegaron ni a regatear el precio. Les resultó inaccesible, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas.

Ubicado sobre la mano par de la Avenida Callao, el edificio de doce pisos queda a más de tres cuadras de la esquina en la que vive la vicepresidenta. Queda lejos, también, de las rutas que suele utilizar la líder del Frente de Todos para ir y volver del Congreso de la Nación. Y un dato más: el dueño les pidió $ 45.000 más expensas. Poco para la zona, pero demasiado para la “banda de los copitos”.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo siguen la pista de ese departamento desde hace semanas. La búsqueda comenzó cuando detectaron mensajes inquietantes en el celular de Uliarte. “Me contestó el tipo del alquiler de Recoleta, para el sábado tenemos que verlo”, le escribió Sabag Montiel el 23 de agosto, cuando precisó que para avanzar tendrían que dejarle “una seña”. Y ella le respondió: “Laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta amore”.

Ese sábado, 27 de agosto, la Policía metropolitana y la militancia kirchnerista protagonizaron serios incidentes. Y Sabag Montiel y Uliarte no señaron el departamento. Pero la jueza Capuchetti lo ignoraba cuando accedió a los mensajes entre ambos. Así fue como impartió dos órdenes. La primera, rastrear e investigar a quién estuvo cerca de alquilarle a los “copitos”. La segunda, que el área de Inteligencia Criminal de la Policía Federal “peinara” el barrio porteño de Recoleta. La premisa fue buscar todos los departamentos en alquiler que pudieran servirle a la pareja para dispararle a la vicepresidenta o controlar sus movimientos. ¿Resultado? Negativo. Jamás estuvieron cerca de concretar un alquiler en la zona clave.

Así, de no surgir nuevas evidencias que modifiquen el cuadro actual, los datos sobre el alquiler que no fue en la avenida Callao al 1600 parecen fortalecer la hipótesis de que el intento de asesinato de Fernández de Kirchner abarca a Sabag Montiel, Uliarte, al jefe de los “copitos”, Nicolás Carrizo, y acaso a Agustina Díaz, y parece debilitar la hipótesis de una estructura oculta que podría haber alentado el ataque desde las sombras, como creen junto a la vicepresidenta.

“Queremos saber quiénes están detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte”, reclamó Máximo Kirchner, cuando aludió por primera vez a lo ocurrido, y criticó a la Justicia nacional. “Ahí parece que se les acaba la intriga. Sería muy bueno saberlo”.

Hasta hoy, sin embargo, los investigadores judiciales y policiales tampoco encontraron nexos que conecten a la “banda de los copitos” con el grupo conocido como “Revolución Federal” más allá de la foto que la propia Uliarte subió a sus redes sociales durante la marcha de esa agrupación a la Plaza de Mayo, el 18 de agosto, y que luego borró. Eso explica por qué, hasta el momento, ambas investigaciones tramitan por separado.

Hasta hoy, también, el análisis de los teléfonos celulares tampoco arrojó alusiones directas o nombres propios sobre supuestos financistas o eslabones superiores de responsabilidad. El análisis del contenido de esos móviles quedó a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Hasta el momento sólo detectó comentarios aislados de terceros, como los de Joana Colman, quien no figura aún como imputada en la causa.

“Si vamos al caso, [Sabag Montiel] lo hizo por plata, por acomodo, pero ahora están todos ustedes involucrados”, planteó Colman en un mensaje que le envió a Carrizo y que llamó la atención del equipo de abogados de Fernández de Kirchner. “Así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal”, abundó. Eso podría indicar que alguien le pagó o le prometió una recompensa al hombre que gatilló la pistola, lo que hasta ahora no logró verificar la Justicia.

Los investigadores también concentraron sus esfuerzos en algunas llamadas de Carrizo que aparecían inusuales, ya que podían interpretarse como conversaciones trianguladas. En particular, una ocurrida a mediados de junio que duró 15 minutos. Pero pronto se descartó. Los sabuesos verificaron que había llamado a un call center de un servicio médico para requerir atención especializada para su hermano, con cuadro psiquiátrico severo.

Una nueva senda pareció abrirse en los últimos días, cuando el teléfono de Uliarte arrojó datos sobre su interacción con Eduardo Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como “el Presto”, quien fue condenado por la Justicia a 30 días de prisión domiciliaria efectiva en febrero pasado por hostigar y discriminar a la primera dama, Fabiola Yáñez, también a través de sus redes sociales. Y tiene otro antecedente: también se encuentra con procesamiento confirmado por supuesta incitación a la violencia y al odio contra la vicepresidenta.

Esta segunda causa penal contra Prestofelippo se inició luego de que posteó un mensaje, en agosto de 2020, en el que afirmó que Fernández de Kirchner no saldría viva de un eventual estallido social. “Vas a ser la primera –junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”, escribió, en mayúsculas.

Al trascender que se había relacionado con Uliarte, desde el kirchnerismo esbozaron que “el Presto” podría encarnar un eslabón en la cadena de responsabilidades, como presunto incitador de los “copitos”. Pero desde los tribunales federales de Comodoro Py minimizaron esa posibilidad. “No es parte de la investigación”, indicaron a LA NACION, y precisaron que no evalúan imputar a Prestofelippo. Redujeron su interacción con Uliarte a poco más que un encuentro sexual en un hotel alojamiento, meses atrás.

Así, la evolución de la investigación judicial inquieta al kirchnerismo, que se muestra convencido de que figuras poderosas impulsaron el intento de asesinato, lo que considera que la Justicia no querría ahondar. “No hay ningún interés por parte del Poder Judicial de esclarecer el intento de magnicidio a la vicepresidenta”, afirmó José Manuel Ubeira, uno de los letrados de Fernández de Kirchner.

Para Ubeira, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo deberían investigar “el mar de la política”. Es decir, “no en la tradicional, en términos de un partido concreto, pero sí grupos de la derecha enraizados en partidos de la oposición”, afirmó durante una entrevista radial, días atrás. “Tenemos una idea de cómo esto se pudo haber pergeñado”, planteó. “Si llega a ser así, estaremos ante un problema grave desde el punto de vista político”.

En el expediente y hasta ahora, sin embargo, los únicos procesados y detenidos son Sabag Montiel y Uliarte, junto a Carrizo y Agustina Díaz como presuntos partícipes secundarios, también por lo que se recuperó de sus teléfonos móviles.

Tras el atentado fallido del 1 de septiembre, por ejemplo, Díaz le preguntó a Uliarte por qué había fallado “el tarado”, en alusión a Sabag Montiel, y le recomendó que se deshiciera de su celular, lo que Uliarte desoyó. Al defenderse, Díaz, de 21 años, sostuvo que pensó que los mensajes de Uliarte eran fantasiosos y que se limitó a seguirle la corriente.

Para el letrado de Fernández de Kirchner, sin embargo, pensar que “se trató de un grupo de ‘loquitos’, como los que aludió Macri”, resulta un insulto. “Vamos a dar vuelta todas las baldosas que tengamos que dar vueltas”, afirmó, para luego renovar sus críticas a la Corte Suprema y al procurador Ricardo Casal, a los que reclamó que envíen más “recursos” a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo. “Nada de esto ocurrió”, dijo.

Algunas sendas de investigación, en tanto, continúan abiertas. Entre ellas, un análisis más profundo sobre el repartidor de una aplicación que el día previo al ataque fallido pasó por Recoleta y provocó a los militantes. ¿Simple coincidencia? ¿O buscó testear cómo reaccionaba la custodia, como sospechan desde el kirchnerismo? A esto se suma completar la revisión del material que Sabag Montiel subió a la “nube” y el teléfono de Joana Colman, entre otros.

Tanto desde el Juzgado como desde la Fiscalía, no obstante, evitaron entrar en controversias o especulaciones. Se limitan a responder que la investigación sigue abierta. Junto al fiscal Rívolo sólo añaden que el momento de fijar su posición definitiva llegará cuando pida el elevamiento a juicio oral de los acusados que, hasta ahora, sólo abarca a los “copitos”.

Por Hugo Alconada Mon

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