Se define qué juez investigará la fiesta en Olivos que involucró a Alberto Fernández

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli resolverá está semana si finalmente se queda con la investigación contra el presidente Alberto Fernández por haber participado de la fiesta de cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, cuando en el país regía la cuarentena estricta.

El magistrado pidió certificar una causa que tiene en sus manos su colega federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para determinar cuál de ambos expedientes se inició en primer lugar, qué juzgado estaba de turno al momento de comenzar la investigación y cuál se encuentra más avanzado.

Sandra Arroyo Salgado es la exesposa del fiscal federal Alberto Nisman, muerto el 18 de enero de 2015 en lo que la Justicia investiga como un homicidio vinculado con la denuncia que hizo contra Cristina Krichner por el supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA. El Gobierno, a través del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, ya expresó que no quería que esta jueza se quedara con el caso. “Arroyo Salgado claramente no garantiza ningún tipo de objetividad, ni imparcialidad” dijo Mena.

Por lo pronto, el juez Mirabelli se declaró competente y se quedó con el caso antes de las elecciones del 12 de septiembre pasado, porque por razones de materia y territorio entendió que le correspondía intervenir. Es decir que entendió que se trataba de un hecho cometido en su jurisdicción de San Isidro, porque aconteció en la quinta de Olivos, y consideró que era un asunto federal, por los funcionarios involucrados en el caso.

Ahora debe decir si es el juez que le toca intervenir en razón del turno o de la oportunidad, porque otro magistrado haya intervenido primero en la investigación de los mismos hechos. Es probable que el juez tome una decisión esta misma semana.

Esta causa empezó a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py y estuvo en manos del juez federal Sebastián Casanello, que delegó la investigación en la fiscalía de Ramiro González. El fiscal pidió información sobre las visitas a Olivos y se presentaron los invitados a la fiesta con sus abogados, que quedaron imputados en el expediente.

Lo mismo ocurrió con el presidente Alberto Fernández, que se constituyó como abogado de sí mismo, por derecho propio, y pidió ser sobreseído al entender que no había ninguna conducta delictiva que se le pudiera reprochar y en caso de que su pedido fuera rechazado, solicitó reparar el daño que eventualmente hubiera provocado, depositando la mitad de su sueldo durante cuatro meses.

El juez Casanello se declaró incompetente y antes de las elecciones envió la causa a la justicia federal de San Isidro, al entender que los sucesos investigados ocurrieron en esa jurisdicción. Es allí ahora donde el juez Mirabelli tomará una determinación.

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