Senado: el kirchnerismo apura al Gobierno y pide una sesión especial para derogar el mega DNU de Milei

El bloque kirchnerista del Senado pidió esta tarde una sesión especial para el próximo jueves 1 de febrero con el objetivo de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 del gobierno de Javier Milei, ambicioso intento desregulador de la economía que se encuentra suspendido por la Justicia en áreas como la laboral, pero que todavía mantiene vigencia en varios aspectos.

La jugada encendió las alarmas en el tablero de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del Poder Ejecutivo, que tendrán que extremar negociaciones para evitar que la bancada que preside el formoseño José Mayans pueda asestarle un golpe político a una de las primeras medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

No obstante, existen artilugios legales que podrían beneficiar a la vicepresidenta. Por lo pronto, el Reglamento del Senado le concede a Villarruel la facultad de fijar el día y la hora de la sesión, por lo que podría desestimar la fecha reclamada por el kirchnerismo.

Además, hay otras cuestiones que podrían complicar los planes del bloque que preside José Mayans (Formosa), como el hecho de que el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias y que el tratamiento de los DNU no se encuentra habilitado por el Poder Ejecutivo para su discusión en el Congreso. Se trata de una cuestión debatible ya que hasta el momento nunca se convocó a ninguna de las dos cámaras a tratar un decreto de necesidad y urgencia fuera del período de sesiones ordinarias, que la Constitución establece entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.

La movida del principal bloque de oposición de la Cámara alta fue decidida en las últimas horas, luego de que en la reunión que celebraron los senadores kirchneristas en la tarde del martes se acordara buscar votos para avanzar con el pedido de sesión y derogar el decreto.

Sin embargo, las negociaciones para buscar masa crítica no prosperaron, a pesar de lo cual la conducción de Unión por la Patria ordenó seguir adelante aún cuando, por el momento, no tiene garantizado el quórum para habilitar el debate.

Denominado con el ambicioso nombre de Bases para la Reconstrucción de la Economía, el decreto fue emitido el 21 de diciembre último y ordena la desregulación en amplios aspectos de la vida económica nacional mediante la modificación o derogación de leyes en áreas tan diversas como la relación contractual entre inquilinos y propietarios, la venta de medicamentos, reformas a las leyes laborales, el régimen de tarjetas de crédito y la compra y venta de automóviles.

El Gobierno envió el decreto al Congreso el 5 de enero pasado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene la misión de analizar la constitucionalidad de la medida. El órgano parlamentario todavía no se constituyó por lo que, pasados los diez días hábiles que establece la normativa vigente, el DNU quedó habilitado para su tratamiento directo en el recinto de ambas cámaras legislativas sin que medie un pronunciamiento de la comisión.

Según la ley que regula su control parlamentario, para derogar un decreto de necesidad y urgencia hace falta el rechazo explícito de ambas alas del Congreso. Si no se consigue el voto en contra de Diputados y del Senado, el DNU sigue vigente como consecuencia de la denominada sanción ficta. La redactora de la norma fue la entonces senadora y primera dama Cristina Kirchner.

Según pudo saber LA NACION de fuentes confiables, el kirchnerismo todavía no tiene asegurado los números para rechazar el DNU en el Senado. De hecho, ni siquiera tendría asegurado el quórum de 37 senadores presentes para iniciar la sesión en el caso de que le sea concedido el pedido para llevar el decreto al recinto.

Al respecto, en usinas de la bancada peronista había cierta disconformidad con la jugada, ya que la ven como una maniobra de impacto mediático pero destinada a convertirse en un nuevo fracaso que se sumaría al cosechado en diciembre último, cuando la bancada fracasó en su intento de evitar que los libertarios designen al presidente provisional y a los secretarios administrativo y parlamentario.

En aquella sesión, una mayoría modular de 39 legisladores, apenas siete de ellos de la Libertad Avanza, se impuso al kirchnerismo y le permitió a Villarruel a nombrar a las personas de su confianza en esos cargos. Producto de aquel fiasco, la conducción de la bancada, encarnada en Mayans, terminó cuestionada por haber llevado al bloque a una derrota que se pudo haber evitado.

Ahora, Unión por la Patria apuesta a sumar a sus 33 senadores el apoyo de los tres integrantes del bloque de peronistas disidentes Unidad Federal y de la neuquina Lucila Crexell y así reunir el quórum y la mayoría que le permita asestarle un golpe político al Gobierno. Sin embargo, por el momento, esos votos no están asegurados.