Senado: el kirchnerismo le pone límites a la negociación de Guzmán con el FMI

Con las tensiones internas en la coalición de Gobierno que tienen a Martín Guzmán como protagonista como telón de fondo, los senadores kirchneristas le dieron impulso en comisión a un proyecto de declaración que le pide al ministro de Economía que aplique a solventar los gastos de la pandemia los derechos especiales de giro (DEG) que el FMI le otorgaría al país en agosto próximo.

La iniciativa lleva la impronta de Cristina Kirchner y la firma del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), quien se preocupó por destacar que el proyecto tiene por objetivo el Fondo Monetario Internacional y no ponerle límites al accionar de Guzmán, quien lleva adelante la renegociación con el organismo multilateral de crédito de los vencimientos de la deuda que operarán durante este año.

“Este proyecto tiene un claro destinatario y es el FMI. Lo que queremos plantearle desde el Congreso argentino es que el trato que ellos quieren tener con los países avanzados es el que queremos para nosotros, especialmente para los países deudores del FMI, que es a lo que más exigen medidas que agrandan las desigualdades sociales”, afirmó Parrilli.

El neuquino, habitual vocero de las posiciones de Cristina Kirchner en el Senado, salió así al cruce de la oposición y de los medios de comunicación “que salieron a batir el parche” con la idea de que la iniciativa tiene por finalidad ponerle un corsé al accionar del ministro de Economía.

También se anticipó a los cuestionamientos de la oposición, que ubicó al proyecto como parte de la interna política del Gobierno que salió a la luz con la gaffe protagonizada por Guzmán en su intento, frustrado por el kirchnerismo, de desplazar al subsecretario de Energía y miembro de La Cámpora, Federico Basualdo, por las diferencias en torno a la política tarifaria de los servicios públicos.

“Claramente el proyecto está destinado no al Fondo Monetario sino al ministro Guzmán; se necesita marcarle la cancha con lo que hay que hacer con estos recursos”, afirmó Julio Martínez (UCR-La Rioja).

El radical riojano fue más allá y destacó que “el propio FMI dice que (el aporte de fondos) no es para pagar deuda”. “No le veo necesidad a este proyecto”, remató.

El monto en juego que el bloque kirchnerista del Senado pretende indicarle a Guzmán que use para paliar los gastos de la pandemia ascenderían, en el caso de la Argentina, a unos US$ 4300 millones que el FMI repartiría en agosto próximo entre sus países miembros en concepto de derechos especiales de giro. Se trata de activos creados por el organismo destinados a fortalecer las reservas monetarias de sus socios.

El propio Parrilli admitió que importantes funcionarios del FMI, como su directora Kristalina Georgieva -a la que rebautizó como Georgina y Cristina-, manifestaron que los DEG deberían servir para respaldar las políticas de los países destinadas a combatir la pandemia.

Sin embargo, aclaró que “hay operadores que están aconsejando o intentando imponer en la opinión pública, al Gobierno argentino y al Ministerio de Economía, que como Argentina tiene deudas que vencen este año sería conveniente destinar estos fondos para este fin”.

Desde la oposición, Víctor Zimmerman (UCR-Chaco) planteó sus dudas sobre cómo impactaría el proyecto en las negociaciones por los vencimientos de deuda de este año y, sobre todo, cuál era la opinión de Guzmán sobre la iniciativa.

“Nos hubiera gustado que viniera el ministro de Economía y nos explique si es que el Fondo ya le ha dicho a algún gobierno que estos fondos tienen que ser utilizados para pagar deuda pública”, amplió la radical tucumana Silvia Elías de Pérez.

La propuesta fue rechazada por el oficialismo, que cerró filas en torno al proyecto de Parrilli y avanzó en la firma del dictamen.

“No estamos citando al ministro Guzmán porque somos el Senado de la Nación y tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestras ideas democráticamente, porque fuimos elegidos por la gente”, replicó el oficialista Carlos Caserio (Córdoba), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El senador cordobés también rechazó la lectura opositora sobre la supuesta presión al ministro de la bancada oficialista. “Esto es un proyecto de declaración, no es vinculante, no es una ley”, afirmó. “Estamos dando una opinión sincera y responsable”, completó.

Tras recibir dictamen de comisión, el proyecto quedó listo para su tratamiento en la próxima sesión del Senado, que todavía no tiene fecha pero que podría celebrarse la semana próxima.