
Senado: el oficialismo busca aprobar casi 70 pliegos judiciales, entre ellos, el de dos jueces para un tribunal clave
Se trata de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, propuestos para la Cámara Federal porteña, tribunal de alzada de los juzgados penales de Comodoro Py; ascenderán a casi 180 los nombramientos judiciales desde que asumió Milei
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Sin grandes contratiempos, el oficialismo y sus bloques aliados lograron reunir el quórum que dio inicio a la sesión en la que el Senado tratará casi 70 pliegos judiciales, entre los que se destacan las nominaciones para la Cámara Federal porteña de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.
Ambos postulantes fueron seleccionados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en consulta con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y forman parte del rediseño judicial que impulsa el gobierno de Javier Milei a partir de completar las más de 300 vacantes que recibió de la administración anterior.
La designación de Yadarola y Bertuzzi cobra relevancia si se toma en cuenta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal es el tribunal de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py, que tienen a su cargo la investigación de las denuncias por delitos de corrupción que salpican al Gobierno.
En realidad, los pliegos judiciales, en los que está previsto que se aprueben 67 nombramientos entre jueces, fiscales y defensores oficiales, serán el plato fuerte de la sesión.
En el caso de resultar aprobado este grupo de dictámenes de la Comisión de Acuerdos, el Gobierno libertario habrá nombrado 177 cargos en el Poder Judicial, en su mayoría jueces de primera instancia, en menos de tres años de gestión.
A esa cifra se podrían sumar otras 22 designaciones si prosperan las postulaciones remitidas esta semana por el Poder Ejecutivo al Senado y que ya quedaron habilitadas para su tratamiento en audiencia pública porque tomaron estado parlamentario este mediodía.
¿Se reactiva la reforma política?
Durante la hora de preferencia, en la que los senadores piden el tratamiento de sus proyectos, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), adelantó que dentro de dos semanas podría retomarse el debate del proyecto de ley de reforma política que impulsa el Gobierno con el objetivo de eliminar las elecciones primarias (PASO).
En respuesta a un pedido de la radical Edith Terenzi (Chubut) para que se discuta su proyecto sobre Ficha Limpia, la senadora oficialista tomó el guante y dijo que tras mantener conversaciones con otros bloques “estaban pensando convocar no para la semana próxima sino para la otra” a discutir le reforma política, que incluye la prohibición de ser candidatos a quienes tengan condenas judiciales.
El proyecto del Poder Ejecutivo fue discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales en una sola reunión, tras lo cual quedó cajoneado ante la dificultad que tiene el Gobierno para conseguir los votos que le permitan eliminar las PASO.
El resto del temario de la sesión es de baja tensión política e incluye media docena de proyectos de ley, todos ellos tratados internacionales en materia de cooperación penal y económica.
Uno de ellos una Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmado en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 2023.
Otro tratado que involucra al Mercosur es el rubricado por el bloque regional con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que data septiembre de 2025.
También hay un tratado de extradición con Chile, uno de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica con Colombia (denominado “Tratado de Medellín”) y otro con Ucranio para el trasklado de personas sentenciadas.
Como establece el Reglamento, la sesión comenzó con los tradicionales homenajes y las cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición kirchnerista, dirigidas en su mayoría al Gobierno Nacional.
Una de ellas, formulada por el peronista Daniel Bensusán (La Pampa), apuntó al desvío de fondos específicos del impuesto a los combustibles que deberían destinarse a infraestructura vial, pero que el Gobierno utiliza para sustentar el superávit fiscal, tal como informó LA NACION.
Según denunció Bensusán, el Poder Ejecutivo ha desviado más de un billón de pesos. “¿Dónde están? -se preguntó- En bonos, en la timba financiera que tanto le gusta al ministro de Economía, pero no están destinados donde tienen que estar", completó el legislador.
“Siguen manejando los fondos públicos como una mesa de dinero, como está acostumbrado a hacer estos muchachos del equipo económico; pero son fondos públicos con un destino y no pueden hacer lo que quieran”, concluyó Bensusán.
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