Senado: el rechazo a la restitución de Ganancias ronda un número complicado para las pretensiones del Gobierno
Al menos 44 senadores votarían por eliminar el artículo que repone el impuesto: una cifra cercana a los dos tercios, mayoría que haría imposible que el oficialismo y sus aliados puedan insistir en Diputados
LA NACION
Cegado por la necesidad de mostrar fortaleza política y sancionar al menos una ley, y más cuando lleva el fundacional nombre de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el gobierno de Javier Milei ha perdido de vista un tema que genera inquietud en varios despachos del Senado y que es la creciente oposición que la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias genera en la Cámara alta.
El problema no es menor. Si el proyecto de reforma fiscal fuera al recinto del Senado de manera inmediata, el artículo que contiene la marcha atrás en la eliminación de Ganancias sufriría un revés. Hasta ahí, no hay demasiadas sorpresas.
Pero lo que el Gobierno no calculó es la potencia del golpe que podría recibir. La cifra de 44 votos en contra que la cláusula cosecha por estas horas, aportados por kirchneristas y dialoguistas, está muy cerca de los dos tercios, una mayoría agravada que el oficialismo libertario y sus aliados no tienen en la Cámara baja y que sería, en el caso de que se diera este escenario, la única llave constitucional que les permitiría revertir la decisión del Senado y reponer el impuesto tal como lo aprobó Diputados el 30 de abril último.
La advertencia de que el fantasma de la mayoría agravada en contra en Ganancias recorre el Senado fue lo que se llevaron la semana pasada el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, durante uno de los encuentros que mantuvieron con senadores que piden cambios.
“Lleven el punteo [de los votos] de cada artículo, no vaya a ser cosa que les modifiquen alguno con dos tercios”, fue el consejo que les devolvió una senadora como respuesta cuando a los funcionarios sólo les interesaba saber si estaba dispuesta a firmar dictamen ese mismo día para acelerar el trámite de los proyectos. En ese momento, el Pacto de Mayo todavía no había terminado de derrumbarse, aunque desde la Casa Rosada ya empezaban a admitir que lo que había anunciado Milei en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el 1° de marzo pasado, no sería como el Jefe de Estado lo había imaginado.
Extraña paradoja que sea el Senado, la cámara legislativa donde están representadas las provincias, donde más resistencia genera una medida adoptada por Milei a pedido de buena parte de los gobernadores, que encontraron en la reversión de la rebaja tributaria impulsada por Sergio Massa en plena campaña electoral la forma de engrosar sus ingresos en medio de la recesión y con un Gobierno que ha decidido cerrar muchos de los grifos que solían servirles para financiarse.
La Patagonia rebelde
A pesar de ser un lugar común la referencia a la película de Héctor Olivera, basada en la investigación de Osvaldo Bayer, la mención a la “La Patagonia rebelde” encaja perfectamente para describir la situación que enfrenta la administración Milei en el Senado.
Es que el Gobierno calculo mal el voto patagónico. En realidad, se equivocó al medir con la misma vara el peso de la región austral del país en ambas Cámaras parlamentarias. Los 30 diputados patagónicos apenas si representan un 11,7% de la Cámara baja. En el Senado, donde todas las provincias están representadas en un pie de igualdad, los distritos que se consideran parte del sur, contando a La Pampa, tienen 18 senadores, es decir un cuarto (25%) de los 72 miembros que componen la Cámara alta.
Los 44 votos dispuestos a eliminar la restitución de Ganancias de la reforma fiscal surgen de sumar a los 33 integrantes del kirchnerismo, reunidos en el bloque de Unión por la Patria, y los peronistas de Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
A ellos se sumarían los legisladores de la oposición dialoguista que proceden de la Patagonia, los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Daniel Kroneberger (La Pampa), y María Victoria Huala (Pro-La Pampa). Estos tres votaron a favor la ley el año pasado. También votarían ahora en contra los senadores que responden a gobernadores de fuerzas provinciales, José María Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), Lucila Crexell (Neuquén) y Mónica Silva (Río Negro); y las chubutenses Edith Terenzi (UCR) y Andrea Cristina (Pro).
La diferencia de peso de la región entre ambas cámaras es notable y podría ser definitiva si, como vienen sosteniendo, las seis provincias patagónicas mantienen una posición unificada de rechazo al impuesto a las Ganancias. La unidad de postura vas más allá del reclamo de los trabajadores petroleros, que en realidad tienen fuerte incidencia sólo en tres distritos, sino que también las aglutina la idea de recuperar el trato diferencial por zona desfavorable que les reconocía la ley anterior, beneficio que les permitía contar a los salarios de la región con una base imponible que como mínimo, era un 22% menor que la del resto del país.
Desde este punto de vista, la misión que tiene el Gobierno por delante es compleja, ya que sólo aceptando modificar la versión aprobada por la Cámara baja, que no reconoce beneficios para ninguna región del país, podría evitar que el Senado le devuelva la reforma fiscal sin el capítulo del impuesto a las ganancias. Y en Diputados se negó a aceptar tocar ese punto.
En la Casa Rosada confían en jugar la carta de sorprender con votos peronistas del norte para contrarrestar una derrota por dos tercios en Ganancias. Ya lo hicieron algunos diputados de Unión por la Patria en la Cámara baja que, si bien rechazaron en general la reforma fiscal a la hora de la votación en particular, levantaron la mano apoyado la restitución del impuesto. En el Senado, la mira estaría enfilada en al menos arrebatarle al kirchnerismo un senador por Catamarca, otro por Tucumán y, en caso de emergencia, de uno a tres de los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora. Una jugada muy arriesgada que necesitará ser ejecutada con suma precisión, algo de lo que han carecido hasta ahora los operadores del Gobierno desde que el tema se instaló en el Senado.
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