Vacuna del coronavirus: avanza el proyecto que blinda a los laboratorios, pese a las objeciones

Con fuertes prevenciones de la oposición ante las profundas concesiones legales que le otorga a las farmacéuticas, la Comisión de Salud del Senado le dio luz verde al proyecto de ley que habilita al Gobierno a avanzar con los acuerdos para la provisión de la vacuna contra el Covid-19que desarrollan varios laboratorios en diferentes partes del mundo.

La propuesta fue defendida por funcionarios del Ministerio de Salud y por el bloque oficialista; y si bien Juntos por el Cambio anticipó su apoyo, varios de sus senadores plantearon reservas sobre algunas de las cláusulas del proyecto, aprobado a principios de mes por la Cámara de Diputados.

Los puntos más complejos de la iniciativa son la falta de un valor de referencia de las dosis y las cláusulas que blindan jurídicamente a los laboratorios con los que el país ha firmado contratos con el objetivo de asegurarse una rápida provisión de las vacunas una vez que esté probada su eficiencia.

Se trata de concesiones que no están contempladas en la legislación argentina sobre la adquisición de insumos médicos, como la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, de indemnidad patrimonial ante eventuales reclamos por posibles daños o efectos adversos como consecuencia de la inoculación y de confidencialidad sobre la composición de las vacunas.

Así lo destacó Perla Mordujovich, directora del Centro Universitario de Farmacología de la Universidad nacional de La Plata, quien pidió eliminar esos artículos y ampliar al uso de otros tratamientos contra el Covid-19 la autorización al Gobierno.

"No podemos renunciar a nuestra soberanía con la inclusión de cláusulas que prorrogan jurisdicción a tribunales en el extranjero y de indemnidad patrimonial de los fabricantes", afirmó la especialista, quien también cuestionó la protección judicial sobre eventuales reclamaciones pecuniarias contra los laboratorios porque "son de exclusiva de responsabilidad de los fabricantes en casos de efectos adversos".

Mordujovich reclamó que el acuerdo "no sea un mero arreglo a favor de los fabricantes de vacunas" y pidió que "se incorpore en la ley el precio y que se tengan en cuenta costos de producción y no se considere la patente" en el precio a pagar.

El subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, defendió la iniciativa en el contexto de incertidumbre mundial que existe sobre el avance de las investigaciones por la vacuna contra el Covid-19 y en la necesidad de ubicar a la Argentina entre aquellos países con prioridad en el acceso a la provisión de dosis que permitan inmunizar a la población del mal que se ha convertido en una pandemia mundial.

En ese sentido, Monsalvo dijo que el precio "se va conformando" a medida que avanzan las investigaciones y las demandas de los países, y señaló que los acuerdos no garantizan ganancias a los laboratorios. "Sin embargo –aclaró–, eso implica aceptar cláusulas de prórroga de jurisdicción y confidencialidad, entre otras".

"Si tuviéramos la certeza que la vacuna que vaya a estar disponible no requiriera cláusula de confidencialidad o de extensión de soberanía, optaríamos por esa", dijo el funcionario. "Pero lo cierto es que hay un escenario de incertidumbre y una necesidad de hacer una reserva de producción", agregó.

Según Monsalvo, "cuanto más esperemos, más atrás vamos a quedar en el orden de demanda y mayor va a ser el precio".

La radical Silvia Elías de Pérez (Tucumán) manifestó su malestar con el hecho de tener que concederle "un cheque en blanco" al Poder Ejecutivo, a lo que sumó su duda sobre si el apuro por reservar la vacuna no implicará también relajar los protocolos técnicos de control de los medicamentos.

"No hemos recibido ningún tipo de indicación de que tengamos que modificar algún proceso", respondió la Patricia Aprea, directora de Evaluación y Control de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ante la inquietud de la legisladora.

Monsalvo también confirmó, ante una consulta de la senadora María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz), que la vacuna será de carácter obligatorio ya que para el Gobierno pasará a formar parte de la ley que estableció el calendario obligatorio de inoculación.

"La posición oficial del Ministerio es que será obligatoria porque se protege la salud pública y no la salud individual", explicó el funcionario.

En el final, varios senadores de Juntos por el Cambio (Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Víctor Zimmerman, entre otros), plantearon su disidencia parcial con los artículos.

Cuando se trató en la Cámara de Diputados, la coalición opositora se abstuvo en los artículos 8 y 9, que facultan al Gobierno a resolver en el plazo de un mes la vacuna que se elegirá para inmunizar a la población.

Ante el silencio de los senadores oficialistas, la única voz a favor de la prórroga de la jurisdicción extranjera fue la de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien recordó que "las mismas precauciones se incluyeron cuando debatimos la deuda externa".

"Hay un interés superior en que nos sumemos rápidamente a los países que tienen cerrado su esquema contractual para que podamos tener la vacuna lo más rápido posible y en la cantidad suficiente", destacó el exgobernador.

En el final, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), planteó el apuro del oficialismo. "Nosotros queremos tener despacho y poder llevarlo al recinto la semana que viene", afirmó el legislador para pedir la firma del dictamen.