Sergio Urribarri enfrentará un juicio oral por el desvío de fondos públicos por $47 millones

PARANÁ.– El exgobernador Sergio Urribarri deberá enfrentar su primer juicio oral y público. Así lo decidió el juez de garantías Ricardo Bonazzola, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

Se trata de una megacausa, en la que se investiga el supuesto desvío de $47 millones de fondos públicos para financiar la fallida campaña presidencial, que en su momento se dio en llamar el "sueño entrerriano". Están también imputados exministros y funcionarios de la gestión justicialista anterior.

Al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales y provinciales, en junio de 2014, en la que se criticaba a los fondos buitres, con el título "Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina".

Por la publicación se pagaron $4.308.500,23. También se investiga a Urribarri por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28,4 millones, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de ese año. Y la otra investigación abierta apunta a la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron $14.561.870.

Estos tres hechos, en un comienzo, fueron investigados en tres pesquisas, pero finalmente se unificaron en un mismo expediente.

Según el sistema acusatorio que rige en la provincia de Entre Ríos, los fiscales deben adelantar la pena antes de que el caso se eleve a juicio. Los representantes del Ministerio Público Fiscal –Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano– solicitaron para Urribarri una pena de nueve años de prisión. Entendieron que esas iniciativas fueron en beneficio personal, como parte de una campaña para instalar su figura en el plano nacional.

Testigos de renombre

En la audiencia, los fiscales y los abogados defensores expusieron cuáles son los testimonios y pruebas documentales que aspiran a presentar en el debate oral y público. Surgió, así, el ofrecieron de las declaraciones testimoniales del exdirector de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, Horacio González, y el politólogo y filósofo Eduardo Rinesi, identificado con el gobierno anterior.

En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, sospechado de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero. Los exfuncionarios provinciales Hugo Félix Céspedes, quien fue coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, y Gustavo Javier Tortul, entonces coordinador contable de esa comisión especial, deberán enfrentar el juicio, que aún no tiene fecha.

El otro imputado que eludió el juicio oral y público luego de acudir a la suspensión del juicio a prueba es el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez. Estaba imputado, pero acordó el pago de un resarcimiento al Estado de $150.000, en doce cuotas iguales y consecutivas, y la realización de campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa "Cortá por Lozano", que se emite por Telefe.

La defensa

El abogado de Urribarri, Raúl Barrandeguy, adelantó que seguirán planteando ante las instancias superiores " la falta de respaldo probatorio" que existe en el proceso.

"No se puede ir a juicio con pruebas ilegales que violan derechos y garantías constitucionales", expresó el letrado. Y agregó: "Hubo pruebas que fueron ordenadas por los fiscales que hubieran requerido la autorización de un juez, cosa que no ocurrió".

Barrandeguy explicó que, tal como lo dispone el Código Procesal Penal, "las pruebas deben ser realizadas por peritos del Superior Tribunal de Justicia, por lo que al haber sido efectuadas por empleados del Ministerio Público Fiscal, se estaría violando la normativa".

Más adelante, el letrado sostuvo que "la decisión de publicar una solicitada en nombre del gobierno entrerriano en diarios de circulación nacional puede no ser del gusto de algunos, pero es una decisión de gobierno no judiciable, que de ninguna manera constituye un delito".

También justificó los spots publicitarios sobre la cumbre de presidentes del Mercosur y el parador que se instaló en Mar del Plata: "Fue una clara acción de gobierno, tendiente a promover los atractivos de la provincia en una de las playas más populares del país", explicó.