Sin cargo público, pero con gastos del Estado: los grises del rol de las primeras damas

No es funcionaria pública ni percibe un sueldo del Estado. Pero tiene derecho a recibir asistencia de la secretaría General de la Presidencia, a ser custodiada por la Casa Militar y a hacer uso de determinados bienes -casas, autos, helicópteros- y servicios que se sustentan con fondos públicos. También le caben normas éticas. Entre otras, no puede aceptar regalos que se aparten del régimen oficial y debe utilizar los recursos públicos “de forma racional, evitando abuso o derroche”.

La figura de la primera dama -un término que utiliza el Gobierno, aunque algunas referentes mundiales lo consideran clasista- se emplaza en una zona gris dentro de la administración pública. Más allá de algunas alusiones dispersas en normativas que contemplan su papel protocolar, la Argentina no reguló con fronteras claras el rol del cónyuge del Presidente.

La difusión de los ingresos a la quinta de Olivos expuso a una lista de personas que trabajan con Fabiola Yáñez en su imagen y protocolo que despertó controversias políticas y puso una lupa sobre los derechos y obligaciones que le caben a su papel institucional. Al menos una de las reuniones que mantuvo en la residencia oficial durante el aislamiento de 2020, además, ahora será objeto de una investigación judicial en el fuero federal.

En febrero de 2017, la Oficina Anticorrupción (OA) -por entonces a cargo de Laura Alonso- emitió una nota por la polémica que se había desatado luego de que el helicóptero presidencial trasladara a la por entonces primera dama, Juliana Awada, desde Punta del Este.

En ese dictamen, la OA apuntó que “la función de la primera dama es protocolar ya que concurre a numerosas ceremonias oficiales junto o en representación del Presidente”. El escrito agregó que “su rol básico” es acompañar al jefe del Estado en las visitas oficiales y “actuar como co-anfitriona en los actos públicos en los que la imagen de la institución debe aparecer más fortalecida”. Con citas a “El papel de la Primera Dama desde el punto de vista de las relaciones institucionales”, de la jurista y protocolista española Dolores del Mar Sánchez-Gonzalez, el texto de la OA señaló: “Su imagen es icónica y objeto de atención continua, más allá de las funciones de acompañamiento”. Y agregó: “No es sólo su persona la que está en juego sino la institución a la que representa”.

La nota de la OA de 2017, en tanto, dejó estipuladas algunas pautas. Recordó que la Secretaría General de la Presidencia debe asistir a la primera dama y que la “Casa Militar debe proveer la seguridad del Presidente y sus familiares directos”.

“No puede desconocerse la pertinencia del uso de los bienes del Estado por parte de la primera dama, que comparte con el Presidente sus actividades oficiales”, agrega el escrito, que así defendió la utilización de la flota presidencial, la controversia de ese entonces. No obstante, la OA advirtió que la primera dama “debe ajustar su accionar a las pautas que rigen la ética en la función pública” y que el uso de los recursos del Estado debe resultar “razonable y austero, evitando abusos”.

Sin una carrera política propia -como tenían, por caso, Cristina Kirchner o “Chiche” Duhalde- Yáñez optó por mantener un perfil discreto, con escasas apariciones públicas. Ocupa dos puestos institucionales, como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación y como coordinadora de la Alianza de Primeras Damas. Se mostró con alto perfil en los medios durante la campaña de la Cruz Roja, para recaudar fondos por la pandemia.

Yáñez es licenciada en periodismo y actriz. En Instagram compartió fotos personales y de las obras de teatro que protagonizó hasta 2019, cuando dejó su actividad para pasar a acompañar a Fernández. Desde entonces su cuenta pasó a compartir sus actividades oficiales e institucionales, con un manejo de la comunicación profesional.

Según se desprende de los registros de Olivos, en la imagen de Yáñez trabajarían, entre otros, el colorista Federico Abraham (con 36 ingresos a la quinta en 2020), la estilista Carolina Marafioti (23 ingresos), la maquilladora Verónica Zárate (22 ingresos), el personal trainer Mariano Celis (24 ingresos), el comunicador Justo Lamas (45 ingresos) y el creador audiovisual, Joan Manuel Lezcano (28 ingresos).

Consultados por LA NACION sobre esos servicios, fuentes oficiales se limitaron a asegurar que Yáñez “no tiene presupuesto asignado ni hay una caja del Estado destinada a sus gastos”. Agregaron que ella decidió aprovechar su lugar para mostrar indumentaria de diseñadores argentinos, que son los que nutren su vestuario. Cuando, a poco de asumir, Fernández y Yáñez viajaron a Israel, se conoció que la primera dama lo hizo acompañada por Marafioti. En ese momento, el sitio Periodismo y Punto, tras un pedido de información pública de la Fundación Apolo, reveló que el pasaje y la estadía de la estilista costaron $288.823. Desde Presidencia, sin embargo, aclararon que la profesional no percibió viáticos ni honorarios por ese viaje.

Sí reciben un sueldo del Estado Sofía Pacchi y Emanuel López, dos asesores de Yáñez que trabajan en Secretaría General de la Presidencia, que conocían previamente a la primera dama y que tienen como función asesorarla.

Las fuentes no especificaron quién se ocupa de la comunicación de Yáñez. En las redes sociales de Awada, por caso, trabajaba el equipo de difusión de Mauricio Macri.

En Casa Rosada se limitaron a señalar el decreto 50/2019 determinó que la secretaría General de la Presidencia debe “asistir al Presidente y a su cónyuge en todo lo concerniente al ceremonial, protocolo, audiencias y designación de comitivas y asuntos de índole privada” y que ello engloba todo lo vinculado con el desempeño de la primera dama y sus traslados.

Por Maia Jastreblansky

• Fabiola Yáñez

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