Sin presos: a pesar de la advertencia de Sergio Berni, se consolida la toma de terrenos en Guernica
1 minuto de lectura'
LA NACIONInés Beato Vassolo
A un mes y medio de iniciada la toma de 100 hectáreas en la localidad de Guernica –partido de Presidente Perón–, el lugar está "completo" y "no hay posibilidad de que se amplíe", según dijo a LA NACION Alejandro Ignaszewski, el referente territorial de OLP-Resistir y Luchar, una de las organizaciones sociales con presencia en el sitio.
Hay 2500 familias instaladas en el descampado del barrio Numancia –frente a la intersección de las calles Brasil y Luis A. Testa–, más de 500 personas imputadas y ningún preso.
A pesar de la advertencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y de los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, María Eugenia Bielsa, que identificaron las tomas con hechos delictivos, la orden judicial de desalojo está en pausa y las organizaciones sociales avanzan en diálogos con el Estado para "buscar el desarrollo de condiciones habitacionales", según confirmó Ignaszewski.
"Lo que dijeron Berni y Massa, nos hace suponer que hay internas dentro del oficialismo, que fluctúan para que estos desarrollos queden en manos de privados", afirmó el referente social y agregó: "Sus declaraciones embarran la cancha y ensucian la cuestión. Salen a decir estas cosas al mismo tiempo en el que nos sentamos a dialogar. Una actitud meramente fascista".
Diferencias en el oficialismo
Ayer, en diálogo con radio Rivadavia, el ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que "la usurpación es un delito, porque lo dice la ley", y que, tanto para él como para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "el derecho a la salud y el derecho a la propiedad privada son derechos sagrados inviolables".
"Los bonaerenses tienen que estar tranquilos. El que hace una toma, va a ir preso", sentenció Berni. Con esas declaraciones, el funcionario bonaerense se volvió a diferenciar de su par nacional, Sabina Frederic, quien había asegurado que las tomas de tierras "no son un problema de seguridad" sino un resultado del "déficit habitacional".
Los dichos de Frederic se acercan a los Kicillof: ayer, el gobernador planteó que detrás de las tomas "hay una necesidad innegable" y que el Estado debe dar respuesta con planes de vivienda. Es el escenario que describió Ignaszewski.
Massa también manifestó su opinión respecto de la ocupación ilegal de terrenos. Invitado al programa Antes de mañana, y en el marco de una conversación sobre el reclamo de tierras en Villa Mascardi, dijo: "El Estado tiene que hacer cumplir la ley y si hay gente tomando tierras, los tiene que desalojar. No solamente en Río Negro, sino también en los carriles de Victoria, donde tuvimos el tren Mitre parado porque están a la espera de una orden de desalojo del juez".
El titular de la Cámara de Diputados sostuvo, además, que "es probable que se evalúe la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)".
Conciliación
Más allá de las diferencias al interior del oficialismo, Ignaszewski, el referente de OLP que defiende la toma de Guernica, aseguró que "la mesa de diálogo quedó constituida el viernes pasado" y en la misma "participaron los ministerios de Desarrollo Social y Seguridad nacionales y provinciales, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, el municipio de Presidente Perón y las organizaciones que estamos en el lugar".
Tras el inicio de las negociaciones, el integrante de OLP afirmó a LA NACION que en los próximos días comenzarán a realizar un censo del lugar, en coordinación con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata, "para tener un registro más preciso de la cantidad de niños y familias y, en base a eso, buscar el desarrollo de condiciones habitacionales".
Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional dijeron a LA NACION que su participación en la mesa de diálogo es "muy de costado", con un "papel secundario, de colaboración", y que "el rol principal lo tiene la Provincia".
"Pusimos a disposición drones para que sean parte del proceso del censo y el análisis de las dimensiones de la toma, pero estamos muy de costado. Nuestra participación fue en respuesta a un pedido de la intendenta [de Presidente Perón, Blanca Cantero], quien abrió la mesa de discusión", dijeron en el Ministerio.
Según las fuentes de Seguridad nacional, la toma de Guernica "es más organizada que otras tomas" y "cuenta con muchos interlocutores y organizaciones involucradas, lo que permite generar otros mecanismos de acción".
Intervención policial
Sin embargo, aún con la conciliación en marcha, Ignaszewski indicó que en Guernica "no cesa el hostigamiento por parte de la policía". Bajo indicativa judicial, el personal policial monitorea la zona y no permite el ingreso de materiales de construcción. "También han detenido a compañeros que intentaron ingresar con leña, para poder cocinar y calentarse", se lamentó Ignaszewski.
A pesar de la advertencia de Berni, hay más de 500 personas imputadas por la toma de tierras de Guernica pero ningún detenido, según confirmaron a LA NACION fuentes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, institución que encabeza la defensa de quienes ocupan los terrenos.
El gremio de abogados fue el responsable de poner freno a la orden de desalojo judicial, que preveía un "lanzamiento" para el 24 de agosto pasado, bajo la firma del juez de Cañuelas Martín Rizzo.
"La presencia policial es mucha. Suelen detener a algunos vecinos, por un par de horas, pero luego los largan", consignó a este medio Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, otra organización social que asiste a los vecinos de la zona.
La oposición inició acciones en la Legislatura bonaerense
Por su parte, la oposición también avanza en posicionarse respecto de las tomas en la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, haciendo eco con las declaraciones de Massa, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que las personas que usurpen tierras pierdan sus asignaciones y beneficios sociales.
El proyecto fue presentado por el diputado Alex Campbell, exsecretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, y plantea que "no podrán acceder a los programas de asistencias sociales provinciales las personas u organizaciones sociales que participen o fomenten usurpaciones de terrenos y propiedades".
Esta mañana, el diputado Daniel Lipovetsky sumó otra propuesta de ley para declarar la emergencia en materia de usurpaciones de propiedades privadas, mientras continúe la cuarentena.
El proyecto de ley de Lipovetsky propone suspender todo protocolo de actuación y normativa vigente que genere "dilaciones procesales y temporales en los procesos penales o civiles" necesarios para detener las usurpaciones. "La usurpación es un delito y por lo tanto las autoridades provinciales deben actuar rápidamente ya que su inacción se convierte en complicidad política", sostuvo el diputado.
Más leídas de Política
1El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la gestión de la pandemia: “Pavorni”
2Salta: el gobernador Gustavo Sáenz se hizo una rinoscopia en vivo
3La mamá de Ian Moche respondió a los ataques de Lilia Lemoine contra su hijo y la diputada la insultó
4Paolo Rocca sienta su postura sobre la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta
