Su suerte judicial, en manos de jueces afines

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Una serie de cambios previstos en la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de esta provincia (CFAT) podría terminar favoreciendo al ex jefe del Ejército, César Milani, en la causa que investiga su participación en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976.

Según pudo averiguar LA NACION, tres de los cinco miembros de ese tribunal de alzada no tendrán intervención a la hora de resolver el expediente. Se trata de los vocales Ricardo Sanjuán y Raúl David Mender, quienes tendrían decidido excusarse debido a que tienen vínculos con víctimas de la última dictadura, y de Graciela Fernández Vecino, quien renunciará en los próximos días para acogerse al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. De esta manera, sólo quedarán firmes para resolver la causa contra Milani la actual presidenta de la CFAT, Marina Cossio de Mercau, y el vocal Ernesto Clemente Wayar.

Como hacen falta al menos tres vocales para que el tribunal pueda actuar, será necesario completar su integración con un listado de conjueces recientemente designados por la presidenta Cristina Kirchner y que, en su mayoría, tendrían afinidad con el Gobierno. De confirmarse estos cambios, los conjueces nombrados por la Casa Rosada pasarían a ser mayoría en el tribunal que debe resolver la suerte del ex jefe del Ejército.

El expediente que investiga la desaparición del soldado Ledo está frenado hace cuatro meses en la CFAT, que debe definir si convalida o revoca la decisión del juez federal Daniel Bejas, que se negó a citar a declarar a Milani por considerar que no hay pruebas que lo justifiquen. Antes, el tribunal debe tomar una decisión por la recusación planteada por los defensores del militar retirado contra los fiscales Gustavo Gómez y Carlos Brito.

Con el decreto N° 324/2015, de marzo último, la Presidenta nombró a los conjueces para la Cámara Federal de Tucumán. El fiscal general ante la Cámara Federal, Gustavo Gómez, dijo que "estas designaciones son ilegales, porque existiendo la posibilidad de subrogar esos cargos nombrando a jueces con acuerdo del Senado y que cuentan con garantías de juicio político, el Gobierno optó por nombrar discrecionalmente a estos magistrados que pueden ser removidos por mayoría simple del Consejo de la Magistratura".