Sueños Compartidos: Bonafini quedó a un paso del juicio oral

Hebe de Bonafini quedó a un paso del juicio oral y público. La fiscal federal Paloma Ochoa pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo vaya a juicio oral por la causa Sueños Compartidos, en la que se investiga el desvío de más de 200 millones de pesos en la construcción de viviendas sociales.

El juez Martínez de Giorgi, a cargo de la instrucción de la causa, ya elevó a juicio oral a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.

En esta causa se investiga, desde hace casi siete años, un fraude contra el Estado a través de la contratación de construcción de viviendas sociales sin licitación por casi 1250 millones de pesos.

De acuerdo con los procesamientos, de esa suma las Madres cobraron 749 millones, pero 206 millones fueron desviados por Pablo y Sergio Schoklender.

Cuando se inició la causa, la instrucción estuvo a cargo del entonces juez federal Norberto Oyarbide, a quien la Cámara apartó en 2013 con cuestionamientos hacia su desempeño. A partir de entonces, fue instruida por Marcelo Martínez de Giorgi.

En octubre de este año, Ochoa elevó a juicio a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender (exapoderado de Madres de Plaza de Mayo), al exsecretario de Obras Públicas José López y al subsecretario de esa área, Abel Fatala. Ahora requirió la elevación a juicio para Hebe de Bonafini, "a fin de no dilatar el avance del proceso".

Por una resolución de la Cámara Federal, el exministro de Planificación Julio De Vido, a quien De Giorgi le había dictado la falta de mérito, también quedó procesado por defraudación.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun afirmaron que, si bien no fue quien firmó los convenios, fue De Vido quien decidió que se asignaran obras a la fundación a cargo de Bonafini.

En ese entonces, la fiscal no había requerido la misma instancia para Bonafini, sino que ordenó nuevas medidas para seguir investigándola. Ahora concretó la investigación y considera que Bonafini debería ser juzgada en un juicio oral y público.

Según Ochoa, Sergio Schoklender, considerado autor del delito, "organizó un mecanismo para que las obras apuntadas sean adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que él era apoderado".

Al momento de procesar a la titular de Madres como partícipe del delito, la fiscal apuntó que Bonafini "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo". Es decir que a Bonafini se la investiga por haber presidido la organización que recibió fondos públicos para la construcción de viviendas en distintos puntos del país.

Hace dos años, Martínez de Giorgi declaró a Bonafini "rebelde" y pidió su detención.

La dirigente había sido citada dos veces para declarar en el marco de esta causa y se ausentó. El juez había dispuesto llevarla a declarar por la fuerza pública y ordenó allanar la sede de Madres de Plaza de Mayo, que fue rodeada por militantes en defensa de Bonafini. Después de ese episodio, Bonafini aceptó declarar y el juez le tomó declaración indagatoria en la sede de Madres de Plaza de Mayo.

Ahora, el juez deberá responder al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal.

"Vamos a hacerles juicio político a los jueces de este gobierno", dijo ayer Bonafini por radio.