Sueños compartidos: procesaron a Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini por defraudación a la administración pública
Sin embargo, se dictó la falta de mérito para De Vido, Capitanich, Closs y Lifschitz, entre otros gobernadores, intendentes y funcionarios investigados por el desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales
![Schoklender y Bonafini quedaron procesados por Sueños Compartidos](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/schoklender-y-bonafini-quedaron-procesados-por-SU7DNH3UZVB3RGOKNS4IWDS4UU.jpg?auth=e85a290c145a1257becfce762e4cffe2d947a57771c2a131999aab500f868eb3&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
Sergio Schoklender y Hebe de Bonafini , ex apoderado y titular de Madres de Plaza de Mayo, respectivamente, fueron procesados por defraudación de la administración pública en el marco de la causa que investiga el destino de los fondos estatales para construcción de viviendas a través de fundación Sueños Compartidos.
Por otro lado, la Justicia decidió dictar la falta de mérito en los procesamientos de los ex gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; los ex ministros de Trabajo, Carlos Tomada y Planificación, Julio De Vido, y de la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi entendió que no había mérito para procesarlos pero tampoco para sobreseerlos y dispuso nuevas medidas de prueba para seguir investigándolos.
El juez entendió que Sergio, como su hermano Pablo Schoklender utilizaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su condición de apoderados de su Fundación, en connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación para la construcción de viviendas sociales.
Pero parte de esos fondos fueron desviados, con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también de otras personas y empresas.
El fallo de más de 500 páginas señala que la Auditoría General de la Nación detectó que más de 200 millones de pesos ($206.438.454,05) no pudieron ser asociados a pagos relacionados con la gestión de obra, es decir, que fueron desviados de su destino original.
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