SAN SALVADOR DE JUJUY.- La ocupación de tierras por parte del gremio de empleados municipales liderado por Carlos "Perro" Santillán generó tensión en esta provincia y se convirtió en un problema aún sin solución para el gobierno local.
El fiscal de Investigaciones de Jujuy Alejandro Maldonado imputó ayer a Santillán y a otros cinco dirigentes gremiales por "usurpación", pero no pidió su detención ni el desalojo del predio, según fuentes judiciales. Así, hombres y mujeres acampaban desplegados en varias hectáreas privadas en esta capital, bajo la custodia de la Infantería de la policía de la provincia.
Desde el martes último, unas mil personas ocupan un predio de la familia Issa sobre la ladera de un cerro, en la zona de Campo Verde, a unos tres kilómetros de la Casa de Gobierno. Llegaron lideraros por Santillán, titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) que nuclea a más de 7000 afiliados en la provincia.
"La gente no da para más. Ya no aguantamos más estas políticas que se han llevado adelante –dijo Santillán a LA NACION–. Es una vergüenza que debamos apelar a situaciones así para que la gente pueda tener una esperanza de tener una casa", dijo. Santillán afirmó que el gobierno les ofreció terrenos a valores que resultan impagables para un empleado municipal. También se quejó de que, a diferencia ellos, otros sindicatos y otras organizaciones sociales como la Tupac Amaru –que lidera Milagro Sala, con quien está enfrentado– fueron beneficiados con numerosos planes de viviendas y terrenos.
Además de Santillán fueron imputados por usurpación su yerno, Santiago Seillant; Yolanda Canchi, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA); y otros tres gremialistas, Adrián Mirkin, Alberto Arias y Alvaro Sandoval. SEOM y ATSA conforman el Frente de Gremios Estatales y mantienen, desde hace tiempo, una disputa con el gobierno local en reclamo de mejoras laborales y salariales, así como de acceso a la vivienda, entre otros.
El gobernador Fellner, en tanto, repudió anteayer la ocupación y consideró que se trata de "un hecho más político que otra cosa" y que lo que se busca es generar "confrontación". Afirmó que el gobierno dejará que la Justicia actúe: "Nosotros vamos a ser prudentes", dijo. También sugirió que el gobierno cuenta con terrenos disponibles para otorgar pero que el predio ocupado por el SEOM no es apto para hacer un loteo. En ese contexto, las negociaciones no avanzaron.
La usurpación de Campo Verde –una práctica vigente, en los hechos, en distintas localidades de Jujuy– generó repudios, quejas y cautela en distintos sectores. Aún se recuerdan aquí los hechos ocurridos en Ledesma cuando, en julio de 2011, murieron cuatro personas durante un desalojo de tierras que habían sido ocupadas ilegalmente.
Hasta ayer, mientras cientos de personas mantenían el acampe, ni el Gobierno local ni la Justicia parecían dispuestos ayer a dar más pasos para evitar que aumente la tensión.
