Toma en Planeadores: la oposición le pide a Axel Kicillof que apele el archivo de la causa

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof no apelará la sentencia del juez federal Alejo Ramos Padilla, que decidió archivar la causa iniciada por la toma del exclub Planeadores, en Los Hornos. La gestión bonaerense analiza continuar por la vía civil o contencioso administrativa la solución al proyecto urbanístico. En disconformidad, legisladores de Juntos decidieron presión a Kicillof y pidieron que apele la decisión del juez.

El pedido fue presentado ante la Cámara de Diputados por Claudio Frangul y Fabián Perechodnik, quienes solicitan al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para lograr el desarchivo de la causa ante el Juzgado Federal N°1.

Ramos Padilla difundió este lunes una resolución aclaratoria de su controvertida decisión. “No existía –ni existe hoy– acusación por parte del Ministerio Público Fiscal hacia ninguna persona a quien se le imputara la comisión de un delito. Por el contrario, sólo se encontraba corroborada la existencia de cientos de familias de escasos recursos que viven y ocupan el predio del Estado Nacional que fue cedido parcialmente para llevar adelante un proyecto de urbanización a través de los órganos administrativos pertinentes”, dijo el magistrado.

“En cualquier causa penal, los jueces únicamente pueden actuar si existe impulso previo por parte del Ministerio Público Fiscal, en el que debe identificarse a quienes se considera responsables de la comisión de algún delito previsto en la ley. Todo ello sin entrar en la discusión y las diferencias que existen entre una ocupación pacífica y una usurpación. Cabe señalar que la ley vigente únicamente penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble –y no para mantener la posesión–, utiliza “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”, elementos que no se verificaron en la causa”, destacó el juez la hora de explicar los argumentos que lo llevaron a archivar la causa.

Además, en la resolución se tuvo en cuenta que el titular del inmueble perteneciente a la Agencia Nacional de Bienes del Estado y los ocupantes “habían entablado un diálogo democrático tendiente a la solución del conflicto social y habitacional, por lo que no existe un conflicto actual o un perjuicio al titular de los derechos, que por el contrario tomó la decisión de llevar a cabo allí un proyecto urbanístico y de políticas públicas para atender los derechos de las personas que allí residen”.

El magistrado destacó: “Resulta un absurdo comparar un conflicto por posesión de tierras cuando la titularidad pertenece al Estado –más cuando éste ha cedido el predio para atender la crisis habitacional y afirma que el inmueble no tenía un destino útil, ni una afectación específica– que cuando pertenece a un privado, pues los Estados atienden también otras problemáticas –que, entre otras cuestiones, incluyen la resolución de conflictos habitacionales y la obligación de garantizar el derecho a la vivienda; art. 14 bis de la Constitución Nacional–”.

A partir de allí, se dispuso el archivo –no definitivo– de las actuaciones pues, además de no haber sido identificada o acusada ninguna persona que hubiera cometido las acciones tipificadas por el delito de usurpación (art. 181 del C.P.), en todo caso, correspondía que la cuestión fuera encausada por las vías administrativas y civiles pertinentes.