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Conflicto mapuche: se empantana la mesa de diálogo montada por el Gobierno por las tomas en Río Negro
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A poco de haber comenzado, los avances en las reuniones de la Mesa Ejecutiva de Resolución de Conflictos con los Pueblos Originarios parecen empantanarse y alejarse de una verdadera solución. Muchos de los miembros de la Junta Vecinal de Villa Mascardi no participaron, de hecho, de la última reunión que se llevó adelante a principios de diciembre en San Carlos de Bariloche.
Luego de que el Gobierno desembarcara a mediados de noviembre, en Viedma, para iniciar la mesa de diálogo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Justicia, Marcela Losardo, participaron el 2 de diciembre junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de un encuentro en Bariloche en el que se definió un nuevo redespliegue conjunto de seguridad en la zona.
La medida prevé "una mayor iluminación en la ruta 40, que complemente la instalación ya realizada de las cámaras de 360º y la finalización del montaje de la fibra óptica que asegure la conectividad para la policía provincial y para la Gendarmería Nacional, que permita el monitoreo de la zona", según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En ese sentido, las autoridades se comprometieron "a garantizar la circulación en la totalidad de la traza de la ruta 40". A su vez, la Administración de Parques Nacionales presentó un plan de instalación de cámaras en la zona de Villa Mascardi, cuyo primer nodo ya se encuentra en funcionamiento y que tiene como objetivo incrementar la seguridad en esa región.
"La libre circulación es el único compromiso más o menos positivo que se obtuvo del viaje de las autoridades a Bariloche", opina Luis Dates, dueño de una cabaña que fue robada en abril de este año y luego parcialmente incendiada. "La mesa de diálogo que intentó llevar a cabo el Gobierno, hasta ahora, es un fracaso. Es absolutamente infructuosa, inútil y vacía de contenido. No atienden el verdadero reclamo de los vecinos y minimizan el conflicto, creyendo que únicamente a través de la instancia del diálogo se puede llegar a un acuerdo", agrega Dates, quien participó en Buenos Aires de dos reuniones previas organizadas por las autoridades nacionales.
"Nosotros pedimos el cese inmediato del delito. Una vez que esta gente sea desalojada, nos sentamos a conversar. No es una cuestión contra los pueblos originarios, se trata de un grupo de delincuentes que se ha asentado en la zona y, desde hace 3 años, vienen cometiendo todo tipo de tropelías, que se han hecho más visibles desde marzo. Pedimos que el Estado Nacional actúe por los medios que correspondan y se haga un desalojo lo menos violento y más profesional posible, no como el que ordenó en 2017 Patricia Bullrich", afirma Dates.
Lo cierto es que los vecinos de Villa Mascardi y quienes tienen segundas residencias allí vieron recrudecer el conflicto este último año: a mediados de octubre, la gobernadora Carreras fue apedreada por encapuchados que cortaban la ruta 40 y algo similar sufrieron varios efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante un operativo dispuesto por la Fiscalía Federal de Bariloche, liderado por la fiscal Silvia Lyttle el 1° de diciembre.
Ese mismo día, desde la lof Lafken Winkul Mapu -que ocupa territorio en la zona desde 2017- difundieron un comunicado: "En el día de la fecha llegó a nuestro territorio un contingente policial perteneciente a la fuerza federal y PSA. Continuando con su política represiva, amparado en decisiones de jueces y fiscales racistas y serviles de la burguesía, destilan junto a la sociedad extranjera todo su odio y desprecio contra nuestro pueblo milenario. Ante esta nueva arremetida winka respondemos con newen y convicción, dispuestos a luchar conscientes del camino que han marcado nuestros kuifike Weichafe más rectos y dignos".
Esa intransigencia no hace más que preocupar a los vecinos y propietarios de casas en Villa Mascardi, que se sienten "librados a la buena de Dios". Otro episodio violento se vivió el 25 de noviembre al cumplirse 3 años del asesinato del joven Rafael Nahuel: durante un corte de ruta, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, fue agredido y debió ser trasladado al hospital de Bariloche.
A raíz de eso, Frutos denunció penalmente a la ministra Frederic y al secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. "En el transcurso de estos casi tres años de la ocupación inicial y de los incidentes violentos que derivaron en la muerte de uno de los integrantes de la Lof, se han sucedido constantes agresiones, ataques, amenazas, robos, incendios, saqueos, despojos violentos, cortes de ruta, amedrentamiento a los vecinos, ataques con piedras a pobladores, automovilistas, motociclistas y a toda persona que se atreva a pasar por delante del predio ocupado, con mayor intensidad en el último tiempo y con una escalada de violencia inaudita a partir de la situación de cuarentena, generando un estado de terror en los habitantes de la villa", reza la denuncia de Frutos, dueño de la cabaña La Cristalina, incendiada por desconocidos en agosto de este año.
En tanto, desde los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos apuestan por una "solución pacífica a las diferentes problemáticas en la zona andina de Río Negro". De hecho, luego de la reunión que mantuvieron en Bariloche a principios de diciembre, Frederic y Losardo viajaron a El Bolsón, donde se produjo la ocupación de unas tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Allí las ministras mantuvieron encuentros con comunidades originarias, además de un extenso diálogo con la madre, el padre y el hermano de Rafael Nahuel.
Con la temporada de verano en el horizonte y teniendo en cuenta que Bariloche se encuentra entre los destinos que más elegirán los turistas, la situación en Mascardi también preocupa a las autoridades provinciales y municipales, así como a quienes tienen emprendimientos turísticos en esa zona. Incluso muchos operadores, que ofrecen excursiones a El Bolsón o al río Manso, por ejemplo, y que utilizan diariamente la ruta 40, han manifestado sus inquietudes.
