Transparencia: promesa de más controles para evitar conflictos de intereses

"La corrupción es un mal que envicia a los políticos." La frase de Mauricio Macri tuvo peso propio en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Con esas palabras, el Presidente abrió algunos de los párrafos más esperados, en medio del frente de tormenta que capea el Gobierno por las denuncias por conflictos de intereses. El jefe del Estado tuvo una doble jugada: recordó que la corrupción kirchnerista acarreó "tragedias" y propuso mecanismos para aumentar la transparencia.

Sin aludir directamente al conflicto con el Correo Argentino o a la reciente imputación por las rutas preadjudicadas a Avianca, Macri enfatizó: "No quiero que nadie dude de las decisiones que toma este presidente". Y subrayó: "Mi deber ético es defender el interés público y el patrimonio del Estado". Fue una manera velada de responderles a los opositores que lo acusan de beneficiar los negocios de su familia desde que está a cargo del gobierno.

Así como buscó ahuyentar fantasmas, el Presidente apuntó al saldo que dejó la corrupción kirchnerista. "Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas y tragedias que se pudieron haber evitado. ¡Como la de Once!", exclamó. Sentenció que con su gobierno "la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción", una forma de traer a la memoria colectiva el caso Báez o los bolsos con dinero de José López.

Para responder de forma concreta los cuestionamientos, el Presidente propuso medidas. Por un lado, confirmó que en los próximos días firmará dos decretos para la gestión de los conflictos de intereses. Uno de los decretos prevé que las empresas que tengan contratos con el Estado declaren posibles vínculos con funcionarios. Así se buscaría controlar las firmas relacionadas con el presidente, el vicepresidente y el jefe de Gabinete (en el caso de la administración en general), y las vinculadas con ministros, en el caso de licitaciones en su propia jurisdicción.

El segundo decreto se referirá a los juicios contra el Estado y regularía sólo las empresas que tengan vinculación con el presidente y el vicepresidente. En la Casa Rosada evaluaban sumar al jefe de Gabinete. La norma estipula un mecanismo para involucrar a la Oficina Anticorrupción (OA), a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Procuración del Tesoro, además de poner en aviso a la Auditoría General de la Nación (AGN).

¿Por qué recortar su implementación a los mandos más altos del gobierno? Desde la Casa Rosada explicaron a LA NACION que "sería materialmente imposible que los organismos de control participen en todos los juicios contra el Estado". El decreto, de hecho, fue una reacción al conflicto con el Correo. Macri, ayer, personalizó este aspecto y dijo: "Le pedí a la OA que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia".

Para el kirchnerismo los anuncios tuvieron sabor a poco. "Del Correo, de [Angelo] Calcaterra, de [Gustavo] Arribas, de eso no habló", dijo el titular del bloque del FPV, Héctor Recalde. Desde el mismo espacio, el diputado Guillermo Carmona dijo que su bloque buscará promover proyectos de ética pública desde el Congreso. "No alcanza con el que el Presidente diga que se va a autorregular con decretos", dijo.

Una de las ideas que circulaban ayer en la Casa Rosada era someter los textos de los decretos a una interconsulta con ONG, para mostrar apertura.

Otro de los pedidos que hizo Macri fue la sanción de la ley de responsabilidad penal empresaria. El proyecto fue enviado al Congreso a fines del año pasado y propone un régimen de sanciones para las personas jurídicas por delitos como cohecho y malversación de caudales públicos. Así, los contratistas del Estado deberán responder con multas por las coimas que pague alguno de sus ejecutivos, por citar un ejemplo.

Otra parte clave de la norma prevé la colaboración de las empresas en las investigaciones, como una manera de morigerar la penalidad. La norma estipula incorporar el delito de soborno transnacional y tiene un carácter preventivo, ya que pide que las firmas incorporen programas internos de transparencia para evitar desvíos.

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