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Tras la llegada de Manzur al gabinete, advierten sobre el “déficit democrático” de Tucumán
Según el ranking de una ONG especializada, se trata de una de las provincias peor posicionadas en materia de “integridad electoral”; la denuncia por fraude de 2015 y el caso del juez Bejas
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LA NACION
La llegada del exgobernador Juan Manzur a la Casa Rosada encendió las alarmas entre quienes estudian el ejercicio de los derechos políticos en el país. Tucumán, la provincia de la que proviene el flamante jefe de Gabinete, figura entre las peor posicionadas en materia de “integridad electoral”, según un informe reciente de la ONG Transparencia Electoral. En ese ranking negativo, es superada por La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Formosa y Santa Cruz.
“Que el jefe de Gabinete provenga de una provincia con un marcado déficit democrático, nos llena de preocupación”, sostuvo Leandro Querido, director de la ONG que confecciona el denominado Mapa de Integridad Electoral de la Argentina. Sucede que, en agosto de 2015, las elecciones de Tucumán estuvieron marcadas por la polémica. Además de los distintos hechos de violencia que incluyeron la quema de casi una treintena de urnas, el triunfo de Manzur sobre el radical José Cano estuvo sospechado de haber sido producto de una manipulación.
Menos de un mes más tarde, la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se hizo eco de las denuncias de fraude hechas por la oposición y declaró la nulidad de los comicios. Sin embargo, Manzur apeló y, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el resultado que lo llevó a la gobernación.
El caso Bejas
Según Querido, hay otro hecho que, a la luz del salto del exgobernador al plano nacional, adquiere hoy un cariz significativo: la designación, en diciembre pasado, del juez tucumano Daniel Bejas en el puesto vacante de la Cámara Nacional Electoral. “Se hizo un concurso, en el que ganó una mujer de muchas experiencia y muy reconocida a nivel internacional, pero Fernández decidió designar a Bejas, apoderado del PJ tucumano, que había quedado quinto en el concurso de mérito”, advirtió el director de Transparencia Electoral.
“Estamos ante un avance, muy marcado, de representantes de provincias con déficit democrático. La sensación que uno tiene es que el 33% de la Cámara Nacional Electoral [integrada además por Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía], que era una institución de mucho prestigio, hoy responde a ese sector”, agregó Querido.
Como pudo saber en su momento LA NACION, para que la balanza se incline a favor de Bejas habrían resultado clave las gestiones realizadas por Manzur ante la Casa Rosada. Una devolución de gentilezas: en 2014, el hoy camarista lo sobreseyó en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, sin siquiera solicitarle que presente documentación que justifique su fuerte crecimiento patrimonial durante su gestión al frente del Ministerio de Salud Nacional (era uno de los funcionarios más ricos del gabinete de Cristina Kirchner).
El índice de “integridad electoral”, que comenzó a elaborarse en 2017 y se actualiza elección tras elección, está compuesto por tres ítems principales: 1) la respuesta institucional ante determinados hechos denunciados; 2) la igualdad en el acceso a los derechos políticos; y 3) la percepción de especialistas. “Se le da un determinado valor a cada uno de estos indicadores, se los procesa y después se arma una suerte de semáforo de tres colores, que clasifica a los distritos en integridad electoral baja, integridad electoral moderada e integridad electoral alta”, concluyó Querido. El último ranking lo encabezan Mendoza, Chubut, Río Negro y la ciudad de Buenos Aires.
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