Traspié para Emilio Monzó en la comisión que define al defensor del pueblo

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien había dejado trascender su ambición de ocupar la Defensoría del Pueblo una vez que finalice su mandato, en diciembre, tuvo ayer un traspié en el Congreso: por falta de acuerdo, la comisión bicameral encargada de designar al futuro ocupante de ese organismo postergó hasta después de diciembre una definición.

En rigor, Monzó nunca formalizó su intención de convertirse en el próximo defensor del pueblo -cargo que está vacante desde hace 10 años-, pero sugestivamente apuró la convocatoria a la comisión bicameral ad hoc tras mantener charlas informales con legisladores de distintas bancadas. La designación requiere los dos tercios de los votos de ambas cámaras, una mayoría agravada que Monzó, de fluida relación con el peronismo, pensaba obtener.

Sin embargo, la comisión bicameral finalmente no se reunió por falta de quorum, lo que reveló que los acuerdos no estaban del todo anudados. Cuando apenas habían pasado minutos del mediodía, los legisladores que se habían acercado a la reunión de la comisión comenzaron a retirarse. Habían llegado hasta allí los diputados Daniel Kroneberger (UCR) y Pablo Kosiner (Justicialista), pero el faltazo era generalizado: no estaban presentes los representantes del kirchnerismo, como tampoco varios legisladores del propio oficialismo. Finalmente, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el propio Monzó decidieron levantar la reunión. Los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y el senador Juan Carlos Marino (UCR) se enteraron de la suspensión del encuentro camino al salón.

La decisión fue postergar toda decisión hasta después de diciembre, con la asunción del nuevo gobierno. "Monzó había hablado con muchos legisladores, pero se 'olvidó' de hablar con el principal protagonista, Alberto Fernández, el próximo presidente", reprochó un encumbrado legislador kirchnerista. En ese bloque sostienen que la definición del futuro defensor del pueblo debe formar parte de una negociación más amplia con la oposición. "El radicalismo maneja desde hace años la Procuración Penitenciaria; cualquier concesión de cargos a la oposición debe ser equilibrada", sostuvo la misma fuente.

Pero tampoco en el oficialismo estaba del todo cerrada la postulación de Monzó, un hombre crítico de la gestión de Mauricio Macri. "Nunca llevó su candidatura a la discusión dentro del bloque Pro", deslizó un integrante del macrismo. En la UCR, por su parte, no se objetó la candidatura del actual presidente de la Cámara, pero la condicionaron a una negociación más amplia con sus socios políticos por los cargos políticos que le corresponderán a la oposición después de diciembre. Entre esos cargos figura la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), hoy presidida por el peronista Oscar Lamberto.

Lo cierto es que, después de la postergación de ayer, nada asegura que el cargo de defensor del pueblo, vacante desde 2009, logre cubrirse en el corto plazo. Creada por ley en 1993 e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma del año siguiente, la figura del defensor del pueblo cumple un papel clave en la protección de derechos humanos: tiene a su cargo la defensa de los derechos constitucionales de los habitantes frente a actos u omisiones del Estado y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El último defensor del pueblo fue el peronista Eduardo Mondino, quien supo dotar al cargo de una fuerte proyección política.

"Tal vez por esa razón al gobierno de Fernández no le interese designar a un nuevo defensor", especulaban ayer en la oposición.