Tres años atrás, María Eugenia Vidal también frenó la aplicación de un protocolo de aborto no punible
LA PLATA.- No es la primera vez que Juntos por el Cambio da marcha atrás con una norma para la interrupción del embarazo: en octubre 2016, la entonces ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, firmó la adhesión al protocolo vigente en Nación. Sin embargo, antes de que la adhesión llegue a publicarse en el Boletín Oficial, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó la decisión y presionó a la ministra para que presentara su renuncia.
Siete meses después de quedar desairada en público, en julio de 2017 Zulma Ortiz renunció a su cargo de ministra de Salud bonaerense. Su salida fue celebrada por los funcionarios bonaerenses más cercanos a la Iglesia.
La resolución que se negó a publicar Vidal establecía la "aplicación obligatoria" de los abortos no punibles en la red sanitaria provincial y la adhesión al documento elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación.
El nuevo "Protocolo para la Atención Integral para las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo", publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina contenía fuertes cambios respecto de la última normativa.
La resolución era innovadora ya -que incluía a las razones de salud psíquica y mental de la gestante entre las variables a considerar para interrumpir un embarazo.
Contemplaba, además, a la salud "desde una perspectiva integral donde es posible identificar una serie de situaciones relacionadas con factores de vulnerabilidad social como contextos de violencia de género (no sólo violencia sexual sino de todos tipos y modalidades de violencia contemplados en la ley 26.485) inequidades en las condiciones de vida, limitaciones de autonomía, etc ... que pueden hacer que un embarazo ponga en riesgo la vida de una persona".
El nuevo protocolo nacional destacaba además el derecho a la interrupción del embarazo sin "incurrir en discriminación alguna e incluye en su línea de atención a todas las personas con posibilidad de gestar un embarazo, sin ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las prácticas sexuales que pudiera llevar a cabo".
En la actualidad, el aborto no es considerado un delito en nuestro país cuando se solicite para evitar un peligro en la vida o la salud de la gestante o cuando el embarazo es producto de una violación. Pero muchos médicos e instituciones se niegan a practicarlo.
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