Partidos políticos y empresas acuerdan contra la desinformación en la campaña

Lo presentó la Cámara Nacional Electoral junto a agencias de chequeo de datos
Fuente: Archivo
Lo presentó la Cámara Nacional Electoral junto a agencias de chequeo de datos
Brenda Struminger
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2 de junio de 2019  

Mirta Callé, maestra jubilada de 62 años, está frente a la computadora de su casa en Paternal cuando ve en su muro de Facebook una foto de los destrozos que dejó en Buenos Aires la manifestación del día anterior. Indignada, cliquea en el botón de "tristeza". Unos días después, escucha en un noticiero que esa foto, en realidad, era de otra ciudad, en otro país, por otra marcha, en otro momento. "Juegan con la credulidad de la gente", dice a LA NACION mientras recuerda ese y otros casos de desinformación. Ahora, cada vez que lee una noticia en internet, desconfía.

Facebook (28%) y WhatsApp 23%) son las dos principales plataformas que usan los argentinos para informarse sobre actualidad. Y el 26%, como Mirta, cree que esos datos son veraces, según datos de la agencia SOLO Comunicación.

La desinformación atraviesa a todos los sectores de la sociedad: medios de comunicación privados y públicos, empresas tecnológicas, ONG y partidos políticos. Pero sobre todo a los votantes. ¿Cuál es el rol del Estado frente a las noticias falsas, en especial antes de las elecciones? ¿El Congreso debería promulgar una ley para regular su emisión y difusión? ¿Y quién decide qué es "oficialmente falso"?

En los últimos años, en el Congreso se presentaron varios proyectos para lidiar con los problemas derivados de las nuevas tecnologías, pero hasta el momento no se aprobaron leyes que regulen las noticias falsas. Los principales partidos no las promueven, dicen, por su posible impacto en la libertad de expresión.

"El Estado debe dar datos claros, promover el periodismo de calidad y la mejora en difusión de la información. Pero prohibirla puede atentar contra la libertad de expresión. Es difícil pensar algún tipo de sistema de control que no sea la autorregulación", dijo a LA NACION la diputada nacional de la Comisión de Libertad de Expresión Karina Banfi (UCR-Cambiemos). Su par de la oposición, Gabriela Cerruti (FPV-PJ), coincidió: "La desinformación debe tratarse desde la teoría democrática, sin entrar en colisión con la libertad de expresión".

Ambas legisladoras apoyan la iniciativa de "Compromiso Ético Digital", que presentó el jueves la Cámara Nacional Electoral, entre los 39 partidos nacionales habilitados para la elección presidencial, las plataformas Google, Facebook , Twitter y WhatsApp , y Agence France Press (AFP).

Cada actor del acuerdo participará de forma diferente, según sus roles en el proceso de difusión de información. La medida, dijo el secretario de Actuación Judicial, Hernán Gonçalves Figueiredo, a LA NACION, se toma como "una forma de concientizar", dado que el camino de la regulación "no es deseable". "El pacto compromete a los actores simbólicamente a tomar conciencia", expresó.

Multas y sanciones

Las iniciativas de regulación en otros países suelen despertar controversia, no sólo porque afectan a la democracia, sino por las dificultades en la implementación. El caso de Rusia es paradigmático en términos sanciones. El presidente Vladimir Putin firmó en marzo una ley aprobada por el Parlamento, que permite a los tribunales multar o encarcelar a aquellos medios que "falten el respeto a la sociedad, el gobierno, a los símbolos de gobierno, a la Constitución, o a los cuerpos gubernamentales".

Las multas llegan hasta 1,5 millones de rublos (unos 23.000 dólares) y si los contenidos no se borran, el Estado puede bloquearlos. Además, sus responsables pueden ser detenidos si repiten las "ofensas". La iniciativa fue resistida con fuerza por la oposición, que la comparó con la legislación soviética. Pero ya está vigente.

Otras leyes son más acotadas, aunque no menos controvertidas. El año pasado se sancionó en Francia una ley que otorga a un único tribunal la tarea de recibir denuncias de emergencia por noticias falsas durante la campaña y dirimir en un plazo menor a las 48 horas si se trata de un contenido falso con la intención de desinformar. Si la noticia es falsa, el juez puede ordenar que se elimine esa información.

"Me parece una ley peligrosa, aún con las reservas emitidas por el Consejo Constitucional, porque no veo cómo puede ser efectivamente aplicada", dijo a LA NACION el abogado constitucionalista y profesor de derecho público en la Universidad de Lille, Jean Philippe Derosier, durante una visita a la Argentina.

"¿Cómo puede un juez único determinar en 48 horas, si informaciones que llegan de todo Francia, que tiene 60 millones de habitantes y 47 millones de electores, son o no verdaderas", se preguntó, sobre la iniciativa, una reacción institucional ante el fuerte impacto que habían tenido durante la campaña presidencial de 2017.

  • Fake news vs. desinformación. Los expertos en desinformación el tema insisten en que se utilice el término "desinformación". La frase "fake news" tiene una connotación inexacta (las piezas que buscan desinformar no siempre tienen el formato de una noticia), pero también política (referentes como los presidentes de EE.UU., Donald Trump, o Brasil Jair Bolsonaro, la emplean para cuestionar a los medios de comunicación que los critican). De hecho, se habla de "piezas de desinformación", para englobar fotos, videos, e incluso, poemas.
  • En la Argentina está por lanzarse Reverso, un consorcio de medios, empresas tecnológicas y ONG que a partir del 11 de junio chequeará información de manera conjunta. El proyecto también tiene un antecedente mexicano: Verificado 2018, que monitoreó la campaña de las elecciones que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador el año pasado.

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