Un ex funcionario confesó cómo pagó los sobornos en el Senado

El ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto desató ayer una crisis política de consecuencias imprevisibles al confesar en una entrevista periodística y luego ante la Justicia que él pagó las coimas para destrabar la ley de reforma laboral en el Senado en abril de 2002.

Tras despedir a su familia en el aeropuerto internacional de Ezeiza días atrás, Pontaquarto comenzó a las 19.55 a detallar cómo se pagaron los sobornos en los tribunales federales de Comodoro Py ante el juez Norberto Oyarbide, quien reemplazó por licencia al tercer magistrado que instruye la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

Pontaquarto afirmó en una entrevista concedida a la periodista María Fernanda Villosio, de la revista TXT, que las negociaciones con los senadores justicialistas se definieron en el despacho presidencial de Fernando de la Rúa, quien dijo: "Arréglenlo con Santibañes", jefe de la SIDE.

El ex colaborador del entonces presidente provisional del Senado, José Genoud (UCR), afirmó que se pagaron coimas con $ 5 millones extraídos de la bóveda de la SIDE y que cobraron el propio Genoud y el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.

De la Rúa negó la acusación en un reportaje con LA NACION. "Es absolutamente falsa", dijo. Y lanzó sus propias sospechas: "Es un amplio operativo que habrá que ver a quién beneficia".

Pontaquarto también acusó a los senadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Emilio Cantarero, Alberto Tell, Julio San Millán, Beatriz Raijer, Carlos De la Rosa y José Luis Gioja, flamante gobernador de la provincia de San Juan.

"La SIDE puso el dinero, y el que pagó fui yo. Yo estoy aceptando que pagué el dinero de los sobornos", admitió ante TXT Pontaquarto, quien declaró como imputado en el tercer piso de Comodoro Py. "Entiendan que yo estaba inmerso dentro de un sistema perverso de hacer política y de eso es de lo que me arrepiento", dijo.

Las declaraciones de Pontaquarto dispararon la reacción inmediata de todo el arco político, con excepción del Partido Justicialista. El Gobierno, empero, festejó la confesión y ofreció protección a Pontaquarto. "Hoy es un día de gloria", destacó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. "Para nosotros es un avance importante porque es un hecho que la política argentina adeudaba con la sociedad, un hecho que lastimó la credibilidad política argentina", afirmó.

Fernández reveló que el Gobierno conocía la decisión de Pontaquarto desde la semana pasada, porque le pidió al jefe de Gabinete protección para él y su familia. "El Presidente me instruyó para dárselas en tanto y en cuanto la declaración fuera hecha ante la Justicia", comentó.

Fernández también adelantó que Kirchner puso en duda la reforma laboral. Consultado por LA NACION durante la conferencia de prensa, Fernández, dijo que el Presidente instruyó a él y al ministro de Trabajo para que analicen el futuro de la ley. "Habrá que ver (cuál es el futuro de la ley). El ministro de Trabajo lo está evaluando, y yo también. Habrá que ver cuán viciada estuvo la votación", dijo.

Las diputadas nacionales por el ARI Graciela Ocaña y María América González solicitaron, por su parte, que la Justicia prohíba la salida del país de los sospechados de pagar o cobrar sobornos. La requisitoria incluye a los ex directores de Contrainteligencia y de Finanzas de la SIDE, Alejandro Brousson y Juan Gallea, "por ser signados por Pontaquarto como los promotores del cohecho", junto a De la Rúa, Flamarique y De Santibañes.

Las revelaciones de Pontaquarto conllevaron además la reactivación de la investigación penal, que se encaminaba a su cierre, previo sobreseimiento de todos los funcionarios y legisladores sospechados, quienes ya gozaban de una falta de mérito.

Canicoba Corral, quien hoy reasumirá la instrucción de la causa tras adelantar su regreso de Entre Ríos (estaba de licencia), ordenará una serie de medidas probatorias y colaterales a las declaraciones del "arrepentido".

El juez federal ordenaría hoy desde peritajes sobre la lista con nombres y montos que Cantarero habría entregado a Pontaquarto, hasta la nueva citación de todos los involucrados por el ex colaborador de Genoud en su declaración judicial, para lo que tampoco se descartaría toda una serie de careos, indicaron a LA NACION estrechos colaboradores del juez.

Canicoba Corral también analizará admitir el pedido para vedar la salida del país a los involucrados, aunque se mostraría reticente. "¿Quién de éstos se puede ir? Hay desde dos gobernadores (por Gioja y Carlos Verna, de La Pampa) hasta un director del Banco Central (por Ricardo Branda). Como máximo se puede escapar algún ratón y, en ese caso, no haría más que confirmar los dichos de Pontaquarto", comentó un funcionario judicial.

La clave para avanzar en la investigación será otra, sin embargo. "Se trata de una declaración contra muchas en contra. Debemos verificar si quedaron huellas materiales de todas las pautas que ofreció Pontaquarto. Si corroboramos sus dichos con asientos contables, entonces esto será la bomba neutrónica para todo el cuerpo político", afirmó la fuente.

La Oficina Anticorrupción, querellante en la investigación, insistirá además en "la pata de la causa hacia adentro de la SIDE", detalló a LA NACION un alto funcionario del organismo. "La SIDE encaró un sumario interno por las coimas y parece que de allí surge que Gallea se llevó unas veinte cajas con papeles y documentos, en los que figuran datos sobre los teléfonos Nextel que se usaron para esas negociaciones. Y no serían 25 o 40 líneas telefónicas como se creían. Serían sesenta", adelantó.

El canciller Rafael Bielsa ahondó en las cuentas de la SIDE en su paso por la Sigen. En octubre de 2000 denunció mediante un informe de auditoría serias inconsistencias contables por varios millones de pesos.

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado analizan ir mucho más allá. Además de pedir el cierre de las fronteras, presentarían una acusación formal por asociación ilícita que complicará a ex funcionarios de la gestión delarruista y a los legisladores sospechados.

• Apenas una decena de días antes de convertirse en un "arrepentido político" Mario Pontaquarto fue cesanteado por el Senado, por un sumario administrativo en el que se lo investigó por la falta de rendición de casi $ 40 mil. Este habría sido el detonante, se especuló ayer en ámbitos legislativos, que lo llevó a confesar cómo se pagaron los sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral en 2000. El expediente se cerró el 1° del actual con la firma del vicepresidente Daniel Scioli y ordenó su exoneración "por la comisión de faltas graves que perjudican material y moralmente al Poder Legislativo Nacional".

Por Hugo Alconada Mon

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