Un exministro de Alberto Fernández declaró como testigo y respaldó un decreto que complicó al expresidente

El exministro de Economía Martín Guzmán respaldó en la Justicia el decreto de Alberto Fernández que obligó a las dependencias del Estado a asegurarse con Nación Seguros, empresa del Estado vinculada al Banco Nación.

Guzmán declaró este miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en esas contrataciones, un expediente en el que Fernández sigue imputado.

El exfuncionario, uno de los pocos que respondía a Fernández, defendió la “racionalidad” del decreto, destinado, dijo, a proteger los intereses del Estado ante eventuales catástrofes.

Guzmán no se refirió, sin embargo, a la intermediación que en aquellas contrataciones ejercieron los brokers, uno de ellos, Héctor Martínez Sosa, íntimamente ligado a Fernández.

El testimonio de Guzmán fue solicitado por la defensa del expresidente, liderada por la abogada Mariana Barbitta, quien recibió al exministro en los tribunales.

En su declaración, Guzmán argumentó que, en caso de un “shock sistémico”, cualquier aseguradora privada no podría estar en condiciones de cubrir los daños, que deberían ser afrontados por el Estado.

“Con este decreto, el Estado le paga al propio Estado, se autoasegura”, afirmó Guzmán, alejado hoy de la función pública. “Era positivo, la política pública era positiva, porque defendía los intereses del Estado Nacional”, sostuvo.

El exministro, que recibió preguntas solo de la abogada del expresidente, no hizo alusiones a la participación de los brokers, cuyos servicios, en un mercado reducido a una sola opción, quedaron bajo la lupa de la Justicia.

Uno de los intermediarios favorecidos fue Martínez Sosa, amigo de Fernández y marido de la entonces secretaria presidencial, María Cantero. El negocio del broker Martínez Sosa creció exponencialmente en esos años, tal como quedó plasmado en el expediente.

La situación de Fernández en esta causa fue sinuosa. Fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con su cargo, acusado de haber favorecido a una persona de su más estrecha cercanía.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, pero el fiscal de esa instancia, Jose Agüero Iturbe, no había sostenido la acusación de Carlos Rívolo y dijo que había que seguir investigando.

A partir de ese dictamen, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, revocó el procesamiento y luego se ordenó la falta de mérito del expresidente, que sigue siendo investigado en primera instancia.

El decreto sobre el que gira la participación de Fernández es el 823/2021. Dispuso que las dependencias y organismos del Estado nacional debían contratar sus seguros con Nación Seguros S.A.

“Nunca me hubieran llevado un decreto a la firma si no estaba todo el proceso realizado en forma correcta”, dijo Guzmán, al defender el trámite administrativo que precedió al dictado de la medida.

Sin embargo, Fernández podría haber tenido todavía un rol todavía más activo en la supuesta maniobra. Algunos elementos en el expediente sugieren que Cantero, su secretaria, oficiaba de nexo entre él y su marido, el broker Martínez Sosa.

En uno de los chats recabados en el expediente, la mujer se quejó ante Fernández afirmando que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [el apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor”.

“Ya me ocupo”, le contestó Fernández. Unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Y Martínez Sosa terminó conservando el negocio.

Por Federico González del Solar

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