Un fondo institucional para el ancla fiscal

En septiembre del 24 y a propósito del envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2025 por parte del poder Ejecutivo, escribíamos una nota (“‘No va más’ al actual régimen fiscal, pero el que venga deberá apuntar al crecimiento económico”, La Nación, 22 de septiembre de 2024) que, en síntesis, incluía tres aspectos que debían tenerse en cuenta a partir de un nuevo régimen fiscal en el país, resaltando la imposibilidad de seguir conviviendo con déficit fiscal, con independencia de su financiamiento.

La referencia incluía una regla fiscal estructural que indicara la irreversibilidad de un verdadero cambio de régimen, algunas definiciones contundentes respecto a que la política tributaria o presión fiscal encontrara límites estrictos para financiar al barril sin fondos del gasto público y, finalmente, algunas reflexiones sobre la composición del gasto propiamente dicho, de manera de acotar los porcentajes de gasto corriente que habitualmente van en detrimento de los gastos de capital o inversión pública. Se trataba de que el cambio de régimen fiscal hacia el superávit debía dejar establecidas condiciones para no interferir el crecimiento económico, fenómeno que el país extraña, luego de 14 años de estancamiento.

Sin estar dicho explícitamente el marco general de la nota promovía una institucionalidad desconocida hasta el momento para la ley de leyes, como parte del cambio de época. Pero la ilusión duró muy poco dado que el Ejecutivo optó por retirar el proyecto y que no se trate.

La primera consideración general de esta nota, entonces, es recordar que el presidente Javier Milei va a completar sus primeros dos años de gobierno sin poner en consideración del Parlamento el Presupuesto Nacional.

Esto también marca una “preferencia revelada” que podía entenderse en el primer año de emergencia, dada la herencia recibida, pero que resulta mucho más difícil de justificar en esta etapa de normalización.

La introducción es válida porque el cambio de régimen demandado en las urnas por la sociedad argentina, que incluye el equilibrio de las cuentas públicas para abatir la inflación y volver a crecer con empleo de calidad, requiere garantizar el debate y cumplimiento del Presupuesto.

Y esto se vincula con lo sucedido la semana pasada en el Congreso y con lo que, seguramente, continuará en las próximas semanas. Se trata de una discusión entre el Congreso y el Ejecutivo fuera de lo que debería ser la instrumentalidad natural del Presupuesto, e interpela a la demanda de cambio de régimen, en este caso concentrado en la institucionalidad fiscal, para lograr los objetivos de estabilidad y crecimiento mencionados y que son de responsabilidades ciento por ciento compartidas entre el Ejecutivo y el Congreso.

Entiéndase bien, el superávit fiscal está fuera de discusión. La Argentina no puede financiar gasto público con más endeudamiento y mucho menos con el impuesto inflacionario. Tampoco tiene que hacerse con más presión impositiva. Pero dicho esto, y definido el monto necesario de dicho superávit, es responsabilidad conjunta del Ejecutivo y el Congreso definir las prioridades de gasto y las medidas necesarias para cubrir eventuales desvíos.

Pasando a lo votado en particular, ya sea con sanción definitiva o con media sanción, los temas aprobados implican parches alternativos a las reformas de fondo que se torna urgente encarar.

Empecemos por la cuestión jubilatoria que representa, en el nivel nacional, el 45% del gasto público. El régimen previsional hace años que está quebrado, obligando a cerrar el déficit con aportes del Tesoro. Los sucesivos gobiernos han intentado moderar este desequilibrio recurriendo, entre otras cosas, a la solución transitoria de “alterar” la fórmula de ajuste de la movilidad.

El sistema previsional tiene que ser replanteado en su totalidad, incluyendo los 240 regímenes especiales, las deudas cruzadas Nación Provincias por las cajas provinciales y el reemplazo de las pésimas moratorias por prestaciones proporcionales a los años de aporte con mínimo en la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM).

Para no abundar aquí, no se trata de arreglos transitorios, licuar fórmulas y acumular juicios. El régimen jubilatorio merece una discusión seria y técnica para encontrar una solución definitiva inserta en el problema más grande de la prioridad en el gasto público.

En un país con una parte importante de la infancia en hogares por debajo de la línea de pobreza este debate por prioridades se vuelve imprescindible.

Es por estos temas que hace falta un presupuesto. La discusión integral permite evaluar el “equilibrio general”.

Es probable que cada renglón del gasto se pueda justificar sectorialmente, lo mismo que cada suba o rebaja impositiva, pero solo visto en conjunto se pueden plantear las preferencias de la sociedad y armonizar políticas.

Pasando ahora a la cuestión de los ATN, el impuesto a los combustibles y los fondos fiduciarios. La intención de los gobernadores, a través de sus representantes en el Congreso, es forzar al Ejecutivo a coparticipar los ingresos por estos conceptos que hoy no se comparten con las provincias.

En lugar de esta estratagema para conseguir más recursos propios de manera automática, lo que corresponde es enfrentar la postergada discusión por la coparticipación federal.

Si hay que reasignar recursos entre la Nación y las Provincias debería ser con una clara definición de responsabilidades, coordinación de obras de infraestructura, manejo y fondeo de las emergencias, sistema impositivo, etc. El shock de productividad que la Argentina necesita pasa por un acuerdo federal que va más allá de un tironeo coyuntural por plata.

Para el Gobierno lo sucedido la semana pasada “es lo mejor que nos podía pasar” o, en el caso de los ATN, “debería aprobarla el Presidente porque resulta un antecedente válido para discutir la futura ley de coparticipación federal”.

Estas afirmaciones quizás sirvan para usufructuar el escenario de corto plazo y la especulación berreta electoral. Pero de ninguna manera pueden servir para ser el punto de partida que permita recuperar la capacidad de volver a crecer sostenidamente, con los necesarios acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que se pueda consolidar un cambio de régimen permanente en todas las áreas, incluyendo la fiscal, con la participación del Ejecutivo, los Gobernadores y el Congreso, sin chicanas ni insultos. Ese es el desafío.

Los buenos marineros saben que la fuerza del ancla depende del fondo dónde se agarra.

Por Carlos Melconian y Enrique Szewach

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