Un funcionario del Gobierno, nombrado en una fiscalía clave

Con el voto de la mayoría oficialista en el Senado, Franco Picardi, número tres del Ministerio de Justicia y uno de los operadores del kirchnerismo en Tribunales, obtuvo ayer acuerdo para ser designado fiscal federal en Comodoro Py 2002, donde se investigan las causas de corrupción que mas preocupan al Gobierno. También obtuvo acuerdo del Senado gracias a la mayoría kirchnerista, para la otra fiscalía vacante en los tribunales federales porteños, María Paloma Ochoa, fiscal ad hoc y simpatizante de Justicia Legítima.

Ambos estaban entre los elegidos tras el concurso 102 de la Procuración General de la Nación, que está bajo investigación del juez federal Luis Rodríguez. Allí, el magistrado investiga a la procuradora Alejandra Gils Carbó, denunciada por armar el concurso a su gusto de modo que salgan seleccionados sus elegidos. La denuncia fue presentada por Margarita Stolbizer y el fiscal Carlos Stornelli la impulsó.

No es una novedad en el Senado la existencia de esta causa donde están investigados la conformación del jurado, las correcciones, el tratamiento de las impugnaciones y la conformación de las ternas. El juez Rodríguez, cuando se elevaron las ternas al Poder Ejecutivo, informó sobre la investigación penal al ministro de Justicia, Julio Alak; al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, Rodolfo Urtubey, y al presidente de la Cámara alta, Amado Boudou.

No obstante el asunto se trató en el recinto y se avanzaron en las designaciones, justo el mismo día en que el juez Rodríguez envió un pedido de informes a la Procuración. El magistrado ya había realizado un procedimiento en el organismo y había secuestrado el expediente original del concurso. Esta causa se activó en plena pelea de los fiscales contra Gils Carbó y la ola de designaciones de fiscales subrogantes en todo el país, que habilitó el nuevo Código Procesal Penal y que finalmente paralizó la Justicia.

Picardi arrancó en el concurso con todo. Estaba primero con una calificación de 47 sobre 50 puntos posibles. Pero con el correr del concurso descendió al cuarto lugar. Le alcanzó para que Gils Carbó elevara su nombre en la terna que envió al Poder Ejecutivo.

Finalmente, la mayoría del kirchnerismo le dio acuerdo para cubrir la fiscalía N°5, donde tramita el caso por Papel Prensa y donde el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella pidió sin éxito indagar a Bartolomé Mitre, director de LA NACION, y a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por la compra de la empresa.

Picardi es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, militante de La Cámpora y ex funcionario judicial: trabajó en una fiscalía y un juzgado de Comodoro Py.

Impugnaron su designación los senadores radicales y se sumaron los del FAP y de Pro, al igual que con Paloma Ochoa, que también estaba ternada en el concurso 102.

Paloma Ochoa fue designada en la fiscalía federal N° 10, que subrogaba Juan Pedro Zoni, que investiga los movimientos financieros del fallecido fiscal Alberto Nisman. También fue cuestionada por la oposición.

Los opositores no le dieron tampoco acuerdo a Carolina Robiglio, a María Minata y a María Cecilia Mc Intosh.

Éstos son los únicos que merecieron objeciones entre los 66 funcionarios que ayer obtuvieron acuerdo del Senado para ser designados jueces, camaristas, fiscales y defensores oficiales.

La lista incluye como juez federal de San Martín a Emiliano Ramón Canicoba, hijo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Por Hernán Cappiello

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