Un juez frenó el desguace de un buque de la Armada ordenado por Alberto Fernández

La Justicia Federal ordenó a la Armada frenar el desguace del destructor ARA Santísima Trinidad, desactivado y apostado desde hace varios años en la Base Naval de Puerto Belgrano, que el presidente Alberto Fernández había declarado por decreto en desuso, en diciembre del año pasado. Al disponer el Gobierno que ya no formara parte del patrimonio del Estado, las autoridades navales habían iniciado los pasos para venderlo como chatarra.

Se trata de una de las naves insignias que participó de la Guerra de Malvinas, con una importante actuación en el operativo del desembarco y que en 1975 había sufrido un ataque de Montoneros. Dejó de navegar en los años 90 y en enero de 2013 comenzó a hundirse en una dársena de Puerto Belgrano, a raíz de sucesivas averías.

El doctor Walter López Da Silva, titular del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, hizo lugar a un amparo y ordenó detener la aplicación del decreto 1017/2020. Dispuso que la Armada suspenda la oferta del buque y el cumplimiento de la orden presidencial.

La medida cautelar fue presentada por el particular Jorge Eduardo Oliver, con el fin de garantizar la protección del buque y evitar daños al patrimonio cultural e histórico argentino. Pidió que se conceda la guarda de la nave a la Fundación 20 de Noviembre, que “se encuentra en condiciones óptimas para afrontar esas tareas”, argumentó. Su propósito es que el destructor Santísima Trinidad pueda ser restaurado y puesto en valor para convertirlo en museo.

Para justificar la orden del desguace de la nave, el Estado declaró que “por su enorme deterioro y su nulo valor económico”, tras su hundimiento parcial al costado de un muelle en la Base Naval de Puerto Belgrano, inicialmente se había dispuesto que fuera remolcado y “hundido con honores” en forma programada, opción que finalmente se desaconsejó por la fragilidad del casco, que impediría su tránsito por los canales, y los riesgos de generar bloqueo en el acceso al Puerto de Bahía Blanca.

Los mismos argumentos esgrimió el decreto firmado por Fernández, que ordenó el desguace del buque. Sostuvo, al respecto, que “debido a su condición de rezago, carece, entre otros aspectos -en forma absoluta-, de capacidades náuticas esenciales, como ser estanqueidad y estabilidad, por lo que se torna irrazonable continuar manteniendo a flote a la ex-unidad naval y concretar su remolque y hundimiento con honores, como estaba previsto en la resolución confidencial 138/17 del Estado Mayor General de la Armada”.

El juez señaló en su resolución que hay evidencias para considerar al buque ARA Santísima Trinidad como un bien histórico e integrante del patrimonio argentino. “No se discute que el buque puede carecer de valor económico, pero sus características sugieren que sí posee valor histórico para la República Argentina pues encabezó el desembarco y recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, siendo deber de las autoridades proveer a la preservación del patrimonio cultural y proteger el derecho de todos los habitantes a gozar de él”, fundamentó el magistrado.

Pidió, además, informes al Estado nacional, a la Armada y al Ministerio de Cultura, donde tiene su jurisdicción la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, para determinar si el ARA Santísima Trinidad “puede o debe ser incluido” en el registro del patrimonio histórico argentino.

Un buque con historia

La historia del ARA Santísima Trinidad está ligada a la recuperación de las islas Malvinas, en 1982. Desde su cubierta partieron los primeros marinos que desembarcaron en abril de ese año.

Construido en Inglaterra en los años 70, el buque fue ensamblado finalmente en los astilleros de Río Santiago y es gemelo del ARA Hércules, que hoy sigue operativo. Incluso, muchas piezas del ARA Santísima Trinidad fueron utilizadas como repuestos en el ARA Hércules.

En septiembre de 1975, la organización Montoneros colocó una bomba en el muelle del astillero, lo que provocó el hundimiento parcial del barco. La reparación demandó intensos trabajos durante cinco años. Fue llevada a Inglaterra y volvió a quedar operativa en 1981. Curiosamente, al año siguiente intervino en la guerra con Gran Bretaña.

Fuentes navales consideran posible que el atentado de 1975 haya dejado secuelas en su estructura, que podrían haber influido en el hundimiento de 2013, cuando ya se encontraba fuera de servicio.

El fallo del juez

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