Un juez que sabe lo que es tratar con Moreno

El juez Marcelo Aguinsky, que durante el gobierno de Carlos Menem fue secretario del ex diputado menemista César Arias, fue nombrado juez penal económico en 1993 y ésta no será la primera vez que su destino se cruce con el del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Aguinsky, de 46 años, casado y con dos hijos, es uno de los jueces más antiguos del fuero y, según quienes lo frecuentan, se caracteriza por tener una posición independiente frente al poder político.

En aquellos años 90, Aguinsky tuvo una notoria actuación en la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En 1998, siendo presidente Carlos Menem -que lo había nominado para su cargo-, Aguinsky detuvo al interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, cuando el militar estaba todavía en actividad. En 1999 elevó la causa a juicio oral y publico.

Un escándalo de la farándula también hizo circular su nombre: en una vieja causa de autos importados indebidamente bajo franquicia ordenó el remate del Mercedes-Benz de Susana Giménez.

Ahora, muchos años después, Aguinsky vuelve a intervenir en otro sumario sobre autos truchos, porque le tocó por sorteo la denuncia presentada por la Cancillería para desbaratar la maniobra de autos importados bajo franquicias diplomáticas que fueron comercializados a terceras personas. La primera medida que adoptó fue impedir la circulación de 31 vehículos.

A su vez, convalidó la figura del agente encubierto cuando lo utilizan los agentes de la AFIP para realizar inspecciones en comercios.

El caso Shell

Pero el año último tuvo lugar un hecho que lo enfrentó a Moreno. Por entonces, el secretario de Comercio Interior pretendía aplicar sobre el presidente de Shell, Juan José Aranguren, la ley de abastecimiento y conminarlo a la pena de prisión por aplicación de esa ley.

A fines de agosto último, Aguinsky señaló una contradicción de la ley, que puede ser útil también ahora: "La ley de abastecimiento parecería autorizar al juez a ordenar la detención del presunto infractor, pero el derecho penal, según nuestra Constitución, también debe esgrimirse para establecer límites al avance del poder estatal sobre los derechos de los ciudadanos". Una frase que sonó como una advertencia para el Gobierno.

En ese momento señaló que la pena de prisión se había vuelto inaplicable y decidió encarar, él mismo, un juicio correccional, con una pena máxima de 45 días de arresto.

Pero la Cámara en lo Penal Económico no lo respaldó: el tribunal ordenó realizar un juicio ordinario, con lo cual el expediente, si avanza, podría terminar en un tribunal oral.

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