Horacio Rosatti, un presidente obligado a construir su espacio de poder

Horacio Rosatti asume el desafío de liderar una Corte Suprema fraccionada y ejercer una presidencia que él mismo, hace tres años, rediseñó vaciándola de gran parte de su poder.

Carlos Rosenkrantz llevaba menos de tres meses como presidente cuando Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desbancado después de casi doce años al frente de la Corte, decidieron que el presidente ya no podría tomar por sí mismo las decisiones administrativas del alto tribunal.

Rosenkrantz -que había contado con el voto de Rosatti- perdió la firma para decidir sobre nombramientos, licencias, vacaciones, sanciones en el tribunal. Pero eso no fue todo: después de llevarlo a la presidencia, Rosatti se negó a desplazar, como pretendía Rosenkrantz, a Héctor Marchi, hombre de extrema confianza de Lorenzetti, de su poderoso rol de secretario general de Administración de la Corte. Tampoco accedió a la revisar los números del tribunal con las auditorías que pretendía aquel flamante presidente.

Marchi participó del Zoom de elección de autoridades convocado por los jueces. En estos tres años, conservó intacto su poder sobre la caja. Es una incógnita si esto seguirá así.

En la política dan por hecho que Rosatti no será Rosenkrantz; que tiene otras ambiciones y habilidades. Pero tampoco será un presidente como Lorenzetti. “Hoy ya ni Lorenzetti podría ejercer una presidencia a lo Lorenzetti”, dice un dirigente que conoce bien la Justicia. Pero no es solo por las atribuciones perdidas. Lorenzetti tuvo por años un poder real de representación de la Corte que hoy, después de la magra mayoría con la que fue elegido, Rosatti no tiene. Entre otros motivos, porque tiene a Lorenzetti en frente.

Un juez con buena llegada al kirchnerismo que conoce bien a Rosatti destaca, como un elogio, un dato que desconcierta respecto del nuevo presidente de la Corte: “No tiene arraigo en ninguna terminal”. Con menos aprecio, una fuente cercana a Cristina Kirchner lo define como “resbaloso”. Dentro del Gobierno había incluso quienes preferían el regreso de Lorenzetti, pese a que le adjudican gran parte de los males que sufrió Cristina Kirchner en Comodoro Py. Con la elección definida, dicen que “es mejor malo por conocer que malo conocido”.

Sin embargo, en el kirchnerismo a Rosatti lo conocen bien. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner y cuando dejó el cargo cuestionó los precios de una licitación para la construcción de cárceles. El jefe de aquel gabinete era Alberto Fernández. “Pasó hace muchos años y el problema fue con Néstor, no con Alberto”, dijo a LA NACION un hombre cercano a Rosatti. Desde entonces, con Fernández no se vieron nunca más, según declaró el Presidente y juran en el entorno del juez, donde dicen que no volvieron a tener diálogo.

Ya con Rosatti en la Corte hubo un momento de acercamiento con el kirchnerismo, que le agradeció haber frenado la iniciativa, impulsada por el macrismo, de federalizar el TOF9, que iba a llevar adelante el primer juicio contra Cristina Kirchner por corrupción. La resolución que dejó sin efecto esa federalización la firmaron Rosatti, Maqueda y Lorenzetti.

Para el macrismo, que lo había nombrado en la Corte, la construcción de aquella “mayoría peronista” fue un punto de inflexión en la relación. Cuando este año Macri dijo que se había “arrepentido” de haberlo elegido lo acusó de favorecer “el statu quo populista” y tener un “sesgo anticapitalista”. Es lo mismo que preocupa a algunos grupos empresarios, que le adjudican posiciones “antiempresa” y “profiscalista”, sobre todo, después del fallo contra Axion, que dio luz verde a los intendentes para cobrar tasas municipales.

Más allá de cómo plantee el nuevo presidente de la Corte su relación con la política y de los alineamientos dentro en el tribunal -que tienen que ver con la conducción del Poder Judicial y no necesariamente con los fallos- Rosatti enfrenta otro problema y la novela de internas no ayuda: hace años que todos los sondeos de opinión dan cuenta de una fuerte desconfianza de la gente en la Justicia, que es el poder del Estado con peor imagen.