Una alarmante fragilidad institucional

En los últimos meses, Brasil asiste a la sucesiva caída de ministros involucrados en casos de corrupción. La "limpieza" de la presidente Dilma Rousseff, más allá de que sirve para reafirmar su autoridad, nos enseña cuánto falta aún para que Brasil, hoy motivo de elogios y envidia internacionales, alcance el nivel de los países desarrollados.

Aun así, a los ojos de un brasileño, que no viene de una tierra libre de problemas estructurales profundos, asusta ver cómo el gobierno argentino no parece tener tanto aprecio por las instituciones republicanas.

Las renuncias de ministros en Brasil, por ejemplo, tienen mucho que ver con denuncias hechas por la prensa, más independiente y más respetada allá como elemento constituyente de la democracia. Un diario o una revista enseñan el problema, y el gobierno de Brasil se ve obligado a dar una explicación. Es un proceso natural, sano, transparente.

En la Argentina, desafortunadamente, no pasa lo mismo. Para utilizar apenas un ejemplo reciente: el caso Zaffaroni. ¿Cómo es posible que una denuncia tan seria no sea investigada? ¿Cómo es posible que el Gobierno salga inmediatamente a defender al juez sin ni siquiera cuestionarlo? ¿Cómo es posible que el caso simplemente sea olvidado pocas semanas después?

La promiscuidad y la fragilidad institucionales parecen ser los más grandes problemas de la Argentina en estos días. Algunos ejemplos de cosas que veo y tengo que leer dos veces para creer que es así: funcionarios judiciales que se conocen públicamente como "jueces K", sin que el absurdo de esa expresión escandalice a nadie. Una brigada de medios cooptados por el Gobierno a través de montos irregulares de publicidad oficial adopta una línea editorial propagandística y panfletaria, atentando contra la prensa libre y la dignidad del oficio del periodista. Una emisora del Estado que utiliza dinero público para producir un programa destinado a atacar prácticamente a un diario crítico.

Una justicia electoral que no vigila si la Presidenta está o no haciendo uso del aparato estatal para su campaña política. Un instituto nacional de cine que tiene parte del presupuesto que viene del Estado, prestándose a producir películas y series exaltando un determinado relato de la historia que conviene al discurso político kirchnerista. Un instituto nacional de estadísticas que miente acerca de cifras vitales para que un obrero pueda saber si está en su derecho de pedir un aumento o no, para que los economistas puedan reflexionar acerca de las soluciones para los problemas del país. Eso para no hablar del caso Schoklender, ya ampliamente debatido en la prensa, sin consecuencias prácticas o judiciales significativas, todavía.

Es impresionante que una sociedad que salió a las calles a pedir "que se vayan todos" hace diez años, enojada con la corrupción, entre otras cosas, hoy parece que no le importara el hecho de que la familia de su Presidenta se haya enriquecido mientras ocupaba el poder en distintos cargos. Es triste constatar que el sueño continuado de los gobernantes parecen tener solamente un propósito: la inmortalidad de su proyecto hegemónico.

Aun así hay que resaltar las cosas positivas en la Argentina de los últimos años. En Brasil se siguió con mucho interés y admiración la aprobación del matrimonio gay. De igual modo, el juicio a los militares, que se tomó como política amplia del Estado argentino, es ejemplar. En este sentido, la Argentina marcha adelante de Brasil. Dilma acaba de aprobar recién ahora la creación de una Comisión de la Verdad, para investigar violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.

Corresponsal en Buenos Aires del diario brasileño La Folha de São Paulo.