Una ciudad arisca para el partido gobernante

RÍO GALLEGOS (De nuestra corresponsal).- Desde 1991, cuando el kirchnerismo llegó al poder provincial, la capital le fue arisca al Frente para la Victoria (FPV): las dos veces que un candidato K llegó a la intendencia no pudo terminar el mandato y debió acelerar su salida del cargo.

La renuncia de Raúl Cantín ayer trajo a la memoria la de su par Héctor Aburto, en febrero de 2002. Había llegado a la intendencia de la capital tras un paso por la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y con todo el aparato del partido y del gobierno a su favor. El delfín de Kirchner cumplió dos años y un mes en el cargo, hasta que renunció por orden de su jefe político, a poco de trascender en los medios locales la sobrefacturación de una obra pública en la ciudad.

Fue reemplazado por Juan Carlos Villafañe, presidente del Concejo Deliberante, pero ni siquiera la fuerte ola de votos K en octubre de 2003, con Kirchner en la presidencia, pudo con el electorado de Río Gallegos, quien le dio su apoyo al radical Héctor Roquel, quien durante ocho años gobernó la comuna.

Cantín logró torcer la voluntad de votos en 2011 y, gracias a la sumatoria de votos que permite la ley de lemas, llegó a la intendencia, dentro del FPV. Sin embargo, la gestión que inicialmente transcurrió sin sobresaltos se vio jaqueada por denuncias penales y en los últimos meses por el conflicto gremial.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales reclamaba un aumento del 15% que había quedado comprometido por el gobierno municipal el año pasado. Sin embargo, según el propio municipio, se ajustaría al aumento de la recaudación.

La promesa nunca se cumplió y el gremio profundizó la protesta.

"Nunca pudimos acceder a los números municipales para saber si era posible un aumento. Ahora, Pablo Grasso se comprometió a cambiar esa situación", confirmó anoche a LA NACION el concejal radical Pablo Fadul, quien preside desde ayer el Concejo Deliberante, a poco de concluir la sesión extraordinaria que nominó al concejal Grasso (FPV) al frente de la comuna.

Fadul analizó, también, que el flamante intendente deberá contar con un claro apoyo del gobierno nacional para garantizar los salarios municipales y que se restablezca el normal funcionamiento del municipio.

En tanto, el ex intendente deberá responder a la Justicia por tres denuncias penales, una de ellas presentada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, tras una auditoría que encontró una larga lista de irregularidades.

En el informe preliminar del Tribunal de Cuentas se detectó que el intendente renunciante habría caído en el "incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación en grado de tentativa, negocios incompatibles con la función pública y abuso de autoridad".

Entre los puntos sobresalientes de la auditoría, se mencionan 26 cuentas bancarias habilitadas en el Banco Nación que "no cuentan con la apertura de registros bancarios correspondientes", presunto sobreprecio en la compra de pan en la Panadería Santa Cruz, donde el municipio pagó durante 2013 a $ 37,50 el kilo de pan, cuando en realidad valía $ 17, la realización de compras, contrataciones directas, alquiler de topadoras a varias empresas locales e irregularidades en el procedimiento de contratación en ocho licitaciones públicas, entre otros puntos por investigar.