Una firme demanda en tiempos de ajuste

La corrupción está volviendo a ocupar el centro de la escena política argentina, y las crecientes dificultades económicas que el país enfrenta funcionan como un revulsivo de la situación. La experiencia reciente nos recuerda que los momentos de crecimiento económico y alto consumo tienen el efecto de anestesiar la conciencia cívica, mientras que en los años de restricciones y ajustes de la economía doméstica, las protestas y las cacerolas suenan con más fuerza. La gente rechaza la corrupción, pero la rechaza más cuando le está yendo mal.

Tras 12 años de gobierno de los Kirchner, un sector mayoritario de la sociedad decidió que era momento de cambiar. El mandato que recibió Mauricio Macri tiene un núcleo económico -desactivar el cepo cambiario, derrotar la inflación, reactivar la economía-, al que el Presidente y su equipo han dedicado el grueso de sus esfuerzos de estos primeros cuatro meses de gobierno. Sin embargo, entre las demandas sociales que permitieron la llegada de Macri a la presidencia hay también importantes demandas extraeconómicas, como la inseguridad y la corrupción política.

En las últimas semanas se repitieron indicios de que tanto en la Casa Rosada como en los tribunales hay vocación y/o necesidad de comenzar a avanzar sobre las múltiples denuncias de corrupción que pesan sobre la gestión del Frente para la Victoria (FPV). Las detenciones del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y del empresario Lázaro Báez son una inequívoca señal sólo superada por la citación de Cristina Kirchner a declarar por la causa del dólar futuro el próximo miércoles.

La pérdida de poder del kirchnerismo y su creciente falta de gravitación política son otros factores que contribuye a acelerar los procesos. Cristina Kirchner pareciera hoy no tener influencia política suficiente ni para conseguir bloquear el nombramiento de los nuevos miembros de la Corte Suprema, para lo cual se requieren dos tercios del Senado.

Por su parte, el surgimiento de los Panamá Papers constituye un elemento inesperado que ha puesto al Gobierno a la defensiva. La revelación contribuye a visibilizar aún más la temática y potenciar el clivaje macrismo-kirchnerismo. Las próximas mediciones de opinión pública cuantificarán la dimensión del fenómeno y el impacto sobre los indicadores de honestidad asociados al Gobierno.

Elisa Carrió -la política que más ha abogado por combatir la corrupción desde el retorno de la democracia- se ha encargado una y otra vez de poner en la agenda pública no sólo la corrupción de la gestión del kirchnerismo, sino también la anuencia de la justicia federal y los servicios de inteligencia. Incluso, no ha dudado en criticar la actual administración. Algunos actores creen -o amenazan con esa idea- que desentrañar la trama de corrupción imperante en la Argentina generará una crisis sistémica que necesariamente afectará a poderosos sectores de la Justicia, la política, la inteligencia y el empresariado, y que una vez transcurrida sólo quedarán en pie, frente a la sociedad, escasos dirigentes intachables capaces de llenar el hipotético vacío de poder.

La reactivación de las causas de corrupción acontecidas durante la gestión kirchnerista, sumada a la voluntad y necesidad política del Gobierno, más la creciente preo-cupación social por el fenómeno abren la posibilidad de conseguir avances concretos en causas largamente demoradas. Al presidente Macri, mientras él sigue pidiendo paciencia a la sociedad para ver los resultados positivos de sus correcciones y ajustes en la economía, se le abre un nuevo desafío: deberá dar señales inequívocas de su compromiso en la lucha contra la corrupción, evitando que se afecten los acuerdos de gobernabilidad que tiene con un sector del peronismo y del sindicalismo. Los juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires serán el escenario de una batalla judicial y política que condicionará la agenda del país de los próximos meses, si no años.

El autor es director de Poliarquía Consultores