Perfil | Una jueza de carrera, identificada con el feminismo y la defensa de los derechos humanos

Karina Andrade, la jueza de la Ciudad que dispuso a las 4 de la madrugada del jueves la libertad de todos los detenidos en el Congreso y sus inmediaciones por los desmanes y ataques contra la policía, viene de la carrera judicial, trabajó en la Justicia federal, está bien conceptuada entre sus colegas, identificada con el feminismo y la defensa de los derechos de las personas.

Andrade, de 42 años, es jueza de la Ciudad desde el 15 de agosto de 2021, hace poco más de tres años. Como muchos de sus colegas, se inició en la justicia de la Ciudad, fue luego a trabajar en la Justicia federal y regresó a la jurisdicción porteña.

En Comodoro Py 2002 trabajó en el tribunal oral federal N° 8 con la jueza María Gabriela López Iñiguez, de quien fue secretaria. En su llegada al juzgado de la Ciudad, Andrade tuvo el apoyo del peronismo y de Juan Manuel Olmos, uno de los dos padrinos que tienen ascendencia en el fuero local. El otro es Daniel Angelici.

Para entender la decisión de la jueza Andrade hay que conocer el sistema procesal acusatorio que está en vigor en la Justicia porteña y que el Gobierno está poniendo en marcha a nivel federal en todo el país. En este sistema, el que manda es el fiscal y es también el que debe acercarle la prueba al juez, que oficia como un árbitro con la defensa.

En este caso, la fiscalía llevó como prueba las actas de detención elaborada por la Policía, pero nada más. Y con información parcial: no se consignaban los lugres de detención, ni los motivos. En algunos casos tampoco la identidad de los detenidos. La jueza destacó que hasta las 22 tenía informadas 14 detenciones, cuando ya los detenidos sumaban un centenar.

Mientras se recibían las actas con las detenciones, los defensores planteaban la libertad y la nulidad de las detenciones, que el fiscal rechazaba pero con las evidencias que tenía en sus manos. Así las cosas, con esos elementos Andrade dispuso la libertad de todos los presos, sin perjuicio de la investigación que pueda realizar ahora el fiscal para encontrar prueba que sostenga las acusaciones en su contra.

Por ejemplo, la declaración de los policías que intervinieron en cada arresto para que expliquen por qué detuvieron a esa persona y el análisis de las filmaciones para identificar a cada detenido, qué estaba haciendo y si hay elementos como para sostener allí la imputación de un delito. Todo estos elementos no estaban en poder de la fiscalía anoche y no fueron aportados, por lo que la jueza decidió con las evidencias que había hasta ese momento.

Un fiscal federal que lidió con estos casos sugirió que la fiscalía debió pedir una prórroga en el plazo para mantener presos a los acusados hasta que terminara de reunir la prueba. Y en Tribunales, afirman que era la Policía la que estaba presionando por mantener las detenciones, con la “excusa” de que los presos eran jubilados que debían ser revisados por un médico.

Entre quienes se habían solidarizado con la magistrada estaba la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA) que exhortó a mantener el “debate de las resoluciones judiciales dentro del marco institucional, sin afectar la autonomía de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia”, en este caso la jueza Andrade.

Las juezas recordaron que “en un estado de derecho las decisiones de los tribunales deben ser revisadas por las vías legales establecidas, sin injerencias ni presiones de ninguna naturaleza”, por ejemplo la amenaza de juicio político y dijeron que “la garantía de imparcialidad en la administración de justicia fortalece la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones”.

Lo mismo hizo el gremio de los Judiciales de Julio Piumato que rechazó las presiones del Ejecutivo sobre la magistrada.

Los casos de desmanes en la Plaza del Congreso que tramitaron en Comodoro Py 2002 son un ejemplo de cómo decenas de aprensiones realizadas por la Policía terminaron con pocos condenados por falencias en la prueba. En una causa por desmanes cuando se aprobó en junio pasado la Ley Bases, que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, la jueza María Servini liberó a casi todos los detenidos por falta de evidencias.

En otro caso de 2017, cuando fue la manifestación contra el Gobierno de Mauricio Macri por la reforma jubilatoria, hubo 70 presos que recuperaron la libertad al día siguiente. Para algunos de ellos la causa siguió su curso y fueron elevados a juicio.

Así, se recuerdan las condenas a Sebastián Romero, más conocido como “el Gordo Mortero”, que estuvo prófugo años. Y las sentencia para César Arakaki (3 años y cuatro meses, pero que se resolvió que sea reducida) y Daniel Ruiz, a tres años, ambos militantes de izquierda, por intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y en reunión de tres o más personas.

Camaristas que están en la Justicia de la Ciudad desde su fundación hace décadas, dijeron a LA NACION que respetan a Andrade, a pesar de que es una jueza de poca antiguedad, pues le reconocen su pasado en el fuero local. Comenzó su carrera judicial como meritoria en el Poder Judicial Nacional en 2004, por sus vínculos construidos en su paso por la universidad.

En 2008 Andrade ingresó a la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N3 como auxiliar administrativa. Ocupó varios cargos sucesivos hasta cubrir interinatos de prosecretaria administrativa en la Unidad Fiscal Norte. En 2012 ingresó al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 14 como Prosecretaria Administrativa, allí mismo fue luego fue prosecretaria Coadyuvante y a partir de 2014 pasó a ser secretaria de ese Juzgado, que estaba a cargo de la ahora jueza de tribunal oral federal N° 8 López Iñiguez. Luego se desempeñó como secretaria de ese Tribunal Oral Federal.

Nació el 2 de agosto de 1982, es abogada especialista en derecho penal, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA e hizo un posgrado en Derecho Penal en la Universidad Di Tella y cursó la Especialización en Magistratura. Fue miembro de la Asociación Pensamiento Penal, una organización de abogados y profesionales que proponen acciones concretas sobre la cuestión penal y los derechos humanos. Agrupa a militantes sociales, presos y presas, estudiantes, docentes, comerciantes y profesionales.

La jueza Andrade participó en diversos congresos y mesas de diálogo y publicó artículos relacionados con sus estudios. Fue ayudante docente en el Ciclo Profesional Orientado de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA y docente de la materia Régimen del Proceso Penal en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ).

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