Una organización criticó las denuncias de Milei contra periodistas y las consideró un “intento de intimidación”

Tras las demandas iniciadas por el diputado Javier Milei contra distintos periodistas, la Fundación Led (Libertad de Expresión + Democracia) rechazó la acción judicial y consideró abiertamente que se trata de “un intento de intimidación” para disciplinar los cuestionamientos hacia su rol como dirigente político.

La organización expresó de este modo su solidaridad hacia los periodistas Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft quienes fueron denunciados recientemente por el economista.

“La Fundación Led entiende que estas demandas judiciales dirigidas a periodistas, cuando son iniciadas por funcionarios o diputados, constituyen un cercenamiento a la garantía constitucional de la libertad de expresión que protege la libertad editorial y las expresiones periodísticas, ya que van dirigidas a condicionar la valoración u opinión de los periodistas sobre quien los denuncia. En este caso un dirigente que dice abrazar ideas libertarias, concita particular atención, ya que estas prácticas contravienen el principio fundador de las libertades republicanas, como lo es la libertad de expresión”, manifestaron en un comunicado.

En esa línea, agregaron que la decisión tomada por el diputado de La Libertad Avanza constituye un “intento de intimidación destinado a disciplinar la crítica o a silenciar cualquier cuestionamiento o disenso sobre su labor como diputado o sobre la expresión de sus ideas como dirigente político”.

Para la Fundación Led, la demanda de Milei “viene a sumarse a la reseña del estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en Argentina”. Señalaron que “no es la primera vez que los tribunales argentinos se ocupan de demandas contra periodistas” y citaron, entre otros casos, la reciente denuncia de Cristina Fernández de Kirchner contra Eduardo Feinmann, que fue rechazada por la Sala F de la Cámara Civil.

“Este tipo de demandas contra periodistas conforman un escenario cada vez más frágil para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de los periodistas erigiéndose en una degradación de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y de opinión, que de ningún modo puede estar afectada ni sujeta a responsabilidades ulteriores, como en estos supuestos, la demanda dineraria que pretende percibir el diputado libertario, por opiniones de los periodistas sobre su accionar y sus declaraciones públicas”, sostuvieron.

La Fundación consignó que el impulso de este tipo de demandas conllevan, además, “un intento de evitar el debate público en temas políticos al intentar condicionar la opinión de los comunicadores, y a través de ellos la opinión pública en general”. Y ahondaron: “Tan importante es la necesidad de proteger el debate público, que en el marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión se establece que los funcionarios, candidatos, diputados y autoridades deben respetar con mayor tolerancia a la crítica, ya que están voluntariamente sujetos a un mayor escrutinio público”.

De esa forma, Led recordó lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este asunto. “En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.

La Fundación Led se comprometió, además, a dar seguimiento al caso, señaló que “la labor de la prensa independiente es una condición indispensable para la plena vigencia de los Derechos Humanos” y manifestaron que el discurso político sobre asuntos de interés público es uno de los “protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos” incorporados por la Constitución Nacional.