Una palabra que desnuda los miedos de los argentinos

Treinta años después del golpe de Estado más sangriento de la historia, la palabra desaparecido se vuelve a asociar, por primera vez, con la política. Y el solo hecho de vincular una cosa con la otra provoca escozor, reflota los viejos miedos que parecían pesadillas del pasado y carga de incertidumbre el escenario político.

El encargado de hacerlo en forma pública fue el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, que llamó ayer "primer desaparecido en democracia" al albañil Jorge Julio López, el testigo clave en el juicio por violaciones de los derechos humanos contra el ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz durante la dictadura, quien hace una semana que no aparece.

Ese paso convalidó las argumentaciones de los organismos de derechos humanos que ya habían marchado el viernes último en La Plata para reclamar por la desaparición del albañil de 77 años y rompió la cautela frente al caso que se pretendía dar desde el gobierno nacional.

En los años que lleva la democracia desde 1983, el primer caso de desaparición que conmocionó a la sociedad fue la del estudiante de periodismo Miguel Bru, el 17 de agosto de 1993. Pero su suerte estuvo más vinculada con la violencia y con las prácticas de una policía acostumbrada a cruzar la frontera del delito en ese tiempo que con una cuestión política.

Es inevitable el recuerdo del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997, que representó el comienzo del fin para las aspiraciones del entonces gobernador Eduardo Duhalde de llegar a la presidencia de la Nación a través del voto popular.

Los interrogantes que surgen hoy con la desaparición de López -cuyo testimonio fue clave para condenar a Etchecolatz- no logran opacar los otros, que deben atormentar a Solá y a su ministro de Seguridad, León Arslanian, por estas horas. Si el albañil, un ex detenido desaparecido que estuvo alojado en el Pozo de Arana, en La Plata, era un testigo decisivo que era capaz de enviar con su declaración a la cárcel de por vida al ex hombre fuerte de la policía de Ramón Camps, ¿por qué no se le dio protección durante el juicio e incluso hasta después de conocer la sentencia? La respuesta a esa pregunta efectuada por LA NACION al pasar en un despacho oficial deja sin aliento: "A nadie se le ocurrió".

Los temores de Solá de que pueda haber sido secuestrado para amedrentar a otros testigos en juicios en los que se investiguen violaciones de los derechos humanos ¿no existían antes de que se lo viera al ahora desaparecido por última vez?

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Siguiendo la hipótesis del secuestro, anoche se preguntaban en el gobierno nacional si la supuesta red que habría sustentado económicamente a Etchecolatz estos años podría tener capacidad logística para hacer un secuestro. La respuesta salía rápido, sin dudas: no hay indicios de esto.

En el gobierno nacional no ocultan la gran preocupación que existe ante este caso. A medida que pasan las horas y no hay respuestas sobre la suerte de López, el tema se instala como el principal de la agenda, y eso es, precisamente, lo que no quiere la administración Kirchner.

Todos esperan en la Casa Rosada que se trate de un caso policial más, pero a la hora del análisis y las especulaciones aparece la política.

"Es un problema grave para un gobierno que ha hecho eje en la política de derechos humanos", comentó anoche un funcionario con despacho en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

Para llevarlo al plano de formular una afirmación tan contundente, como hablar de desaparecido, que tiene una connotación política que en nuestro país no se puede soslayar, necesariamente uno se tiene que preguntar si los temores que invaden a Solá se respaldan en información que todavía no se ha hecho pública. ¿O se apoya en su intuición, que indefectiblemente lo debe llevar a las peores sospechas, cuyo final está abierto y puede acabar con sus aspiraciones políticas?

Por Jorge Rosales

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