Unicef, tras un régimen penal juvenil

Plantea que el tema no se aborda sólo con la baja de la edad de imputabilidad de los menores
Laura Rocha
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23 de abril de 2004  

Unicef Argentina dijo ayer a LA NACION que está en favor de la instauración de un sistema penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño, al citar lo establecido en los tratados internacionales y en la Convención sobre los Derechos del Niño, e indicó que el tema no se aborda en su totalidad al plantear sólo la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Así, el representante de Unicef en la Argentina, Jorge Rivera Pizarro, dijo a LA NACION: "No se puede bajar la edad de imputabilidad plena por debajo de los 18 años. Ese es el límite de edad máximo y cada país debe fijar un límite por debajo del cual el Estado renuncia a perseguir penalmente a los adolescentes. Al plantear sólo la baja de edad de imputabilidad de los menores se está confundiendo y polarizando la opinión.

"Para juzgar a los adolescentes no sólo son necesarios tribunales especiales, sino un sistema jurídico apropiado que dé las garantías del debido proceso y que asegure la vigencia de sus derechos", continuó el funcionario.

Según Unicef, la diferencia entre el sistema penal para mayores y el juvenil "radica en que en la justicia penal adolescente prima, por encima de todo, la educación y la reinserción social del infractor, lo que obliga a establecer procesos rápidos y ágiles y a disponer de un amplio abanico de medidas socioeducativas que permitan cumplir con esa finalidad".

Según explica la agencia internacional en la Argentina, por medio de un comunicado, la razón de ser "está en el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, si se interviene a tiempo, la recuperación del sujeto infractor en una proporción superior a los delincuentes mayores de edad".

Rivera Pizarro afirmó que el tema surge en un contexto de complejidad y confusión "que requiere de un llamado de atención para que todos estos temas se traten sin apresuramientos. El tratamiento de temas jurídicos requiere de mucha serenidad social para que luego se puedan aplicar", dijo el funcionario.

Respecto de las penas, la agencia explica que "el abanico de sanciones previsto es amplio. Pueden ir desde la "amonestación, la multa, la reparación del daño causado, la prestación de servicios a la comunidad y la privación de la libertad", dice.

Infracciones graves

En este último caso, aclara que "la privación de la libertad sólo debe ser impuesta en aquellos casos en los que el adolescente ha cometido infracciones como homicidio, violación, secuestro, lesiones graves, etc.". E indica que debe ser una medida de carácter excepcional porque, "de conformidad con numerosas investigaciones empíricas, el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta, contribuye a su desarraigo y a su desocialización", según se explica en el comunicado.

"La propuesta de crear un sistema de responsabilidad especial para los adolescentes se ajusta a los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño. Y es importante señalar que lo que intenta es separar en los juzgados las competencias de todos los problemas sociales que son atendidos por los jueces de menores, de los problemas de carácter penal.

El reordenamiento legal debería tener en cuenta esta diferenciación con mucha claridad", advirtió Rivera Pizarro.

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