Usarán el dinero para pagar la deuda

Con la pulverización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que se promociona como una forma de garantizar el dinero de los futuros jubilados, el Gobierno en realidad quiere asegurarse el financiamiento que le permita evitar un default de la deuda pública el año próximo.

"Gracias a esta reforma tendremos buena parte de los recursos que necesitamos para afrontar los vencimientos de 2009", admitió ayer a La Nacion un alto funcionario del Gobierno.

Ante el cierre de los mercados internacionales y la confirmación de que no habrá un sinceramiento de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se optó por crear este camino alternativo: los recursos de las AFJP resultaron un tesoro demasiado tentador.

Con el cambio que se anunciará hoy, el año próximo pasarán al Estado los 10.000 millones de pesos (cerca de 3200 millones de dólares) que aportarán los que hoy están afiliados a las AFJP. A este flujo de fondos habría que sumar unos US$ 3500 millones que el Estado debería pagarles a las AFJP en 2009 en concepto de capital e intereses por los bonos públicos que las administradoras ya tienen en sus carteras.

De ese modo, el Gobierno supone que se "ahorrará" el dinero que ahora forma parte del fondo de capitalización. "Si no hay AFJP, no hay nada que pagar", dijo la fuente. Entre esos dos conceptos (el dinero que comenzaría a percibir y el que dejaría de pagar), se sumarían cerca de US$ 7000 millones para las arcas públicas.

La cifra se acerca bastante a los US$ 10.000 millones que el Gobierno pretendía conseguir el año próximo para cerrar la brecha de los vencimientos de la deuda, que totalizan unos US$ 20.000 millones. Los otros US$ 10.000 millones supuestamente surgirán de los recursos del superávit del Estado (aunque habrá que ver si la caída en el precio de las materias primas no complica este resultado previsto en el presupuesto 2009)

Si de la brecha de US$ 10.000 millones unos US$ 7000 millones surgen de esta contrarreforma previsional, cabe preguntarse de dónde saldrán los restantes US$ 3000 millones. Al respecto, existen dos fuentes adicionales para reforzar los recursos que el Estado utilizará para pagar sus compromisos: una es la recompra anual de deuda prevista en la reestructuración realizada en 2005 y la otra es el canje de los préstamos garantizados (PG) que planea realizar antes de fin de año.

El canje de los PG, que básicamente están en manos de los bancos, ascendería a unos $ 23.000 millones, unos US$ 7100 millones, que vencen en los próximos cuatro años. Del total, unos US$ 4000 millones en principio vencen el año próximo, aunque el Ministerio de Economía ratificó ayer que planea entregar a cambio de estos títulos bonos de plazos más largos (en pesos y en dólares) para "despejar los vencimientos de los próximos años".

"El canje previsto está destinado básicamente a limpiar los vencimientos de los préstamos garantizados y no incluye los Boden 2012", indicó a La Nacion, tajante, otra fuente oficial, para desmentir los rumores que circularon en ese sentido la semana pasada.

Al respecto, también se relativizó la posibilidad de incluir todos los bonos posdefault en esta nueva reestructuración voluntaria, porque "ésa sería una opción demasiado cara: mientras los préstamos garantizados no tienen liquidez ni una tasa de mercado contra la cual comparar, con títulos como los Boden ocurre lo contrario". Es decir, si el Gobierno decidiera canjearlos, debería entregar a cambio otro bono soberano con una tasa de interés demasiado alta.

Una parte de los préstamos garantizados está en el exterior, aunque su canje se complica porque la garantía que tienen está bajo el embargo preventivo del juez federal del Sur de Nueva York, Thomas Griesa.

Para cuando los mercados internacionales se tranquilicen quedará el eventual canje con los bonistas que siguen en default, anunciado antes del estallido del último y más violento capítulo de la crisis internacional. Al respecto, ya se presentó en la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) el formulario 18 K, que contiene todos los antecedentes económicos, sociales y políticos del país, pero ningún detalle de la propuesta que negocia el Gobierno con los bancos Barclays, Citigroup y Deutsche Bank.

Estas tres entidades bancarias presentaron la idea de acercar parte de los bonos en default de los inversores institucionales a cambio de un bono Discount 2033 y de aportar "dinero fresco" –que obligaría al Estado a emitir un bono a 10 años–, pero el cierre de los mercados externos congeló la propuesta "hasta nuevo aviso".

La semana pasada, en reuniones paralelas a la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), funcionarios del equipo económico recibieron una sola inquietud central por parte de los inversores privados: "¿Cómo pagarán la deuda de 2009?". La respuesta oficial fue que existían dos alternativas: "Cumplir prolijamente con el pago al Club de París, el canje con los holdouts y normalizar el Indec, o llegar por un camino más sinuoso con recursos públicos y de los inversores institucionales". Al parecer, se eligió la segunda alternativa. En el Gobierno no temen que los mercados puedan ejercer un castigo adicional por esta supresión de las AFJP. "Peor no podemos estar", confesaron, con relación al astronómico nivel de riesgo país.

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