Diana Cohen Agrest: "El fantasma del coronavirus sirvió para ejecutar el plan de sacar presos de las cárceles"

La presidenta de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, celebró la sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que revocó el habeas corpus colectivo en favor de los presos bonaerenses y pidió revisar cada caso de arresto domiciliario concedido.

En diálogo con LA NACION, la filósofa e investigadora interpretó que al gobierno bonaerense de Axel Kicillof y a un sector de la Justicia "el fantasma colectivo del coronavirus les sirvió para llevar a cabo un plan diseñado desde hace tiempo para sacar presos de las cárceles".

"[El habeas corpus colectivo] Fue una medida instrumentada por la pandemia para ejecutar una decisión política planeada desde al año pasado", dijo la presidenta de Usina de Justicia en referencia al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Cohen Agrest también cargó sobre los legisladores provinciales que no adhirieron aún a la ley de víctimas aprobada en el Congreso de la Nación. "Estamos apelando a los tratados internacionales, por ejemplo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que menciona que las víctimas deben ser oídas en el proceso", explicó la doctora.

La doctora en filosofía aseguró que la gente que salió de la cárcel por los arrestos domiciliarios "debe volver, aunque desde un punto de vista fáctico es difícil que así sea. Seguramente los que regresarán son aquellos a los que les queda poco para cumplir la pena".

"Cada juez debería llamar a los liberados para que regresen al penal, pero lo imagino difícil, si liberaron a miles de personas y hay un solo preso con Covid-19 en el Servicio Penitenciario. Este es el desastre que se hizo en la provincia con un fantasma colectivo que le sirvió de instrumento ideológico para llevar a cabo un plan diseñado desde hace tiempo. No están exentos el Vatayón Militante que se creó dentro de la cárcel", dijo, en alusión a esa organización de presos auspiciada por dirigentes kirchneristas.

La investigadora, madre de Ezequiel, que en 2011 fue asesinado durante una entradera, afirma que desde el año pasado están buscando desde Usina de Justicia hablar con funcionarios bonaerenses para participar de la Mesa de Diálogo que reúne a la Comisión Provincial de la Memoria, presos y organizaciones de la sociedad civil como el CELS, para aportar el punto de vista de las víctimas.

Sostuvo que pesar de los pedidos de información y de audiencia, no tuvieron mucho éxito. Luego realizaron una presentación en contra de la decisión de otorgar teléfonos celulares a los presos, otra oponiéndose a las prisiones domiciliarias y la conmutación de penas, y un recurso de amparo colectivo en contra del habeas corpus que había beneficiado a los presos bonaerenses.

La organización que preside, además, presentó un pedido de juicio político contra el juez Víctor Violini que "es uno de los responsables, aunque no el único, por la liberación de presos en la provincia de Buenos Aires".

"Ya estamos viendo las consecuencias de esta decisión. Un hombre volvió a su casa desde la cárcel y secuestró a su familia y a sus tres hijos, a los que tomó de rehenes, según leo en un portal", expresó Cohen Agrest, que remarcó lo contradictorio que haya más de mil personas beneficiadas con arrestos domiciliarios o en libertad y solo un preso en el Servicio Penitenciario Federal con Covid-19.

La investigadora remarcó Usina de Justicia no es indiferente a la situación sanitaria en los penales. "Estamos interesados en que los presos estén bien. Solicitamos que tengan un lugar donde ser atendidos, que se monte de ser necesario un hospital de campaña, que existan cuidados especiales, espacios donde mantener a estas personas aisladas en caso de que se de algún brote del virus en el penal", explicó.