Vacunación vip: denuncian que en La Rioja hay más de 1000 vacunados no esenciales
Al menos seis integrantes del gabinete de La Rioja se vacunaron contra el Covid-19 bajo la categoría de "personal de salud", según denunció hoy el bloque de diputados de Juntos por La Rioja, opositor al gobierno de Ricardo Quintela. Los legisladores opositores indicaron que, en total y de acuerdo a lo planteado por los propios trabajadores de la salud que intervienen en el operativo, se habría vacunado de manera irregular a unas 1000 personas.
En el documento figuran identificados el ministro de Producción y Ambiente, Jesús Fernando Rejal; la secretaria de Justicia, Ana Karina Becerra; el secretario de Agricultura, Ernesto Salvador Pérez; el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, Adrián Ariel Puy Soria; el administrador del Parque de la Ciudad, Miguel Ángel Asís; y el secretario de Estado, Raúl Nicolás Chacón. Todos tienen menos de 70 años.
A raíz del escándalo por el vacunatorio vip en Buenos Aires, los propios vacunadores riojanos alertaron haber inoculado a 1000 personas ajenas al sistema sanitario. Según la denuncia opositora, lo hicieron por miedo a sufrir las mismas consecuencias que el exministro de Salud, Ginés González García.
Los seis vacunados en cuestión, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), no habrían accedido a las dosis por el orden de las prioridades, sino por formar parte del poder político. Incluso, fuentes cercanas al sistema de salud provincial indicaron a LA NACION que aún falta mucho personal sanitario por vacunarse.
El escrito está firmado por los diputados provinciales Juan Nicolás Amado Filippes, Mario Gustavo Galván, Jaime Roberto Klor, y Alfredo Eduardo Brigido. Ellos comparan la difusión de las declaraciones radiales de Horacio Verbitsky con un audio del periodista Carlos Scagnolari, en el que denuncia la vacunación de políticos y sus familiares.
Los representantes del bloque Juntos por La Rioja presentaron la denuncia penal por los posibles delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", "malversación de bienes públicos" y "violación de medidas antiepidémicas".
Siguen llegando vacunas gracias @alferdezpic.twitter.com/XQiGa7xbDE&— ernesto perez (@ErnestoHarry) January 20, 2021
Karina Becerra, sobrina del gobernador Quintela, y su esposo, Ernesto Pérez, tienen 45 años. En base a lo publicado en el SISA, ambos recibieron la segunda dosis el pasado 8 de febrero bajo la condición de "personal de salud". En diálogos reservados, funcionarios políticos de la provincia apuntaron contra ellos y los acusaron de haber inoculado también a sus hijos menores y a personal doméstico privado en domicilios particulares.
Desde la oposición señalaron también que Mónica Lafoll, enfermera del vacunatorio Carlos Saúl Menem Jr., criticó las irregularidades de la campaña de vacunación riojana en un grupo del partido peronista de Facebook y las comparó con las de González García. Agregaron que la enfermera fue obligada a eliminar la publicación y que habría sido suspendida por 15 días.
Según la denuncia opositora, el personal de salud se puso a disposición para informar los malos manejos en el operativo y manifestaron que no desean ser parte de ningún proceso de complicidad, sobre todo, porque aún falta vacunar a la mitad del sistema sanitario de la provincia y casi el total del educativo. En cambio, marcaron que miembros del Poder Judicial, legisladores y ministros ya recibieron las dos dosis de la Sputnik V.
"Se presentó en fiscalía la denuncia contra la vacunación por fuera de la resolución que establece el protocolo de Nación y provincia, donde se establecían categorías de prioridad. Pedimos que se cite a toda la cadena del personal de salud que participa en el proceso de vacunación. Los que la reciben, quienes la distribuyen, autorizan y las personas encargadas de la aplicación. Eso ha generado en una provincia chica un escozor", dijo el viceintendente de la ciudad de La Rioja, Guillermo Galván.
Y agregó: "Por temor a correr la misma suerte que el ministro de Salud, los vacunadores decidieron admitir las irregularidades de las que formaron parte. El personal está entregando, por propia iniciativa, la información donde consta quiénes son las personas que han recibido la vacuna. Está toda la vacunación de la primera línea de gobierno, también familiares. No solo en hospitales públicos, sino además en domicilios particulares".
LA NACION intentó contactar al gobernador Ricardo Quintela, sin éxito.
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