Vacunatorio vip: ordenan un entrecruzamiento de llamadas entre Ginés González García y otros exfuncionarios

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó hoy un entrecruzamiento de las llamadas del exministro de Salud Ginés González García y otros tres exfuncionarios en la causa que investiga el vacunatorio vip que funcionó en el Hospital Posadas y el Ministerio de Salud.

El entrecruzamiento alcanza también a Lisandro Bonelli, sobrino de González García y su jefe de gabinete mientras estuvo al frente de la cartera sanitaria, informaron fuentes judiciales a LA NACION. Por le momento, no incluye las comunicaciones de la ministra Carla Vizzotti, que no está imputada en este expediente (sí lo están los padres de la ministra, acusados de haberse vacunado antes de que les tocara el turno).

El fiscal del caso, Eduardo Taiano, había pedido también el entrecruzamiento de comunicaciones de Vizzotti y otros tres exfuncionarios, pero la jueza le pidió que explicara la razón dado que ellos no están mencionados en el expediente.

La jueza Capuchetti había archivado gran parte de esta causa, pero la Cámara Federal revirtió esa decisión hace 20 días y dispuso que se investigara la responsabilidad de quienes se vacunaron.

Con las firmas de Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, la Cámara hizo lugar a un planteo del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti.

En cuanto a los beneficiados con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza había decidido no avanzar, el tribunal dijo: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.

La Cámara cuestionó incluso que muchos de los vacunados -entre ellos, el presidente Alberto Fernández y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini- fueron anotados como “personal de salud”. Deberá investigarse ahora si ellos mismos se definieron como tales cuando no lo eran. En cuanto al Presidente, no obstante, fuentes judiciales dijeron a LA NACION que no tendría responsabilidad penal porque es indudable su categoría de funcionario esencial.

Cuando la Cámara le ordenó a la jueza ampliar su investigación, le pidió además que tuviera “en consideración las medidas de prueba sugeridas” por fiscal Rodríguez, que fue quien promovió la reapertura de la causa.