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"Vamos hacia la suma del poder público"
Lo dijo Alfredo Bisordi, presidente de la Cámara de Casación, que denunció que el Presidente da órdenes a los jueces por TV
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El presidente de la Cámara Nacional de Casación, Alfredo Bisordi, es terminante cuando afirma que nunca, en toda su carrera, vio un gobierno que se entrometiera de forma tan explícita en la tarea de los jueces como el de Néstor Kirchner. "Por este camino vamos hacia la suma del poder público", augura el titular del más alto tribunal penal de la Nación.
"El Presidente ordena por televisión cómo deben resolver las causas los jueces para que se consideren acreedores a continuar en el ejercicio del cargo", dijo Bisordi a LA NACION, con un tono más resignado que molesto. Anunció, no obstante, que no piensa renunciar y que se va a quedar "para poner en evidencia procedimientos que utiliza el Gobierno para quedarse con los tribunales que, según su criterio, no son adeptos".
-Kirchner responsabilizó a Casación de frenar causas de derechos humanos. ¿Qué le responde?
-El Presidente pidió que se aceleraran los juicios para que se condenara a los imputados de delitos que comportan violaciones a los derechos humanos, es decir, pidió juicio y castigo. No está pidiendo un juicio para que se determine la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino para que directamente se los condene. Considera que los hechos están probados por fuera de los expedientes judiciales. Se trata del ejercicio de funciones judiciales por una autoridad de la República que no tiene competencia para eso.
-El Consejo de la Magistratura "va a proceder", dijo Kirchner.
-Es una nueva muestra de que el Presidente considera que la mayoría política que el Gobierno cree tener en ese órgano va a resolver de acuerdo con lo que él considera, y constituye otra renovada muestra de interferencia en la actuación libre que debe tener ese órgano. El Presidente ahora ordena por televisión a los jueces cómo deben resolver las causas para que se consideren acreedores a continuar en el ejercicio del cargo. Nunca he visto de un presidente una intromisión en la labor de los tribunales como ésta. Al menos, nunca tan explícita. Nunca he visto que el Presidente hubiera pedido y asegurado la remoción de jueces.
- El ministro Aníbal Fernández dijo ayer, dirigiéndose a usted: "Váyase; hágale un bien a la patria". ¿Va a renunciar?
- Yo pienso, contrariamente al señor ministro, que le hago un bien a la patria quedándome y dejando en evidencia procedimientos que utiliza el Gobierno para quedarse con los tribunales de Justicia que, según su criterio, no son adeptos. Yo soy una persona sin ningún tipo de militancia política. Tengo 40 años de servicio en el fuero penal y no se me cuestionan la idoneidad ni la honestidad ni la contracción al trabajo. Tampoco se me puede imputar influencia alguna en la demora que pudieran tener algunos de los procesos.
-¿La Cámara de Casación piensa tomar alguna medida?
-No puede. La remoción de jueces es tarea del Consejo de la Magistratura y ante él tendremos que ejercer nuestra defensa. Allí tendremos el juicio, que concluirá según la voluntad del Presidente o según la independencia de criterio de sus miembros.
-Usted denuncia una embestida. ¿Qué rol juega la Corte?
-Creo que la Corte Suprema de Justicia será, o debería ser, la que, en definitiva, se expida acerca de este punto de afectación de la independencia del poder que ella encabeza, aunque debo recordar que también el alto tribunal fue intimado a resolver con urgencia el caso de los indultos concedidos a ciertos jefes militares que habilitan su procesamientos posterior y, según la voluntad del Presidente, su castigo en juicios que están abiertos.
-La denuncia ante el Consejo dice que tienen 29 casos pendientes, 17 desde antes de 2006 y uno, la reapertura de la causa ESMA, desde 2003. ¿Cómo lo explica?
-En cuanto al más antiguo, es el primero que se interpuso en la megacausa ESMA y estuvo pendiente durante tres años de planteos de recusación de todos los miembros de la Cámara y luego de varios de los conjueces nombrados en sustitución de éstos. Finalmente, cuando hubo un tribunal de conjueces que no fue cuestionado por los querellantes -los mismos que hoy denuncian la demora- desestimó el pedido de recusación de los miembros de la Sala IV, que sólo entonces estuvieron en condiciones de imprimirle trámite a la causa.
-¿Por qué no aceleró la Cámara este proceso de recusaciones?
-Cada uno de esos planteos debe ser notificado a las restantes partes, y tienen un trámite. Los miembros de cada sala fueron recusados; debieron producir un informe para ver si se acepta la recusación. Eso va generando demoras, además de los recursos extraordinarios que fueron planteando contra decisiones de los camaristas y de los conjueces.
-¿Qué opina de la denuncia presentada ante el Consejo?
-Es una denuncia redactada por el Gobierno. Yo no tengo dudas, después del discurso del Presidente, de que salió de allí. Ignoro por qué se eligió este momento, porque no tengo conocimiento de las razones políticas; pero de los cuatro denunciados, tres no tenemos edad para jubilarnos, de manera que por ese motivo habrá querido el Poder Ejecutivo apartarnos. Los demás (excepto Angela Ledesma) están todos en condiciones de jubilarse. Destituir a cuatro constituye una suficiente amenaza para los demás para que vayan haciendo efectiva su jubilación y dejar sus puestos para que el Gobierno los cubra con jueces de su confianza.
-¿Ve el clima como para una renuncia masiva en Casación?
-No creo. Cada juez sabrá que hace una contribución a la salud de la República, contrariamente a lo que piensan el Presidente y su vocero habitual, el ministro Fernández, soportando en forma resignada, pero firme, este nuevo ataque a las instituciones.
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