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Varias comunidades mapuches reclaman el 83% de un predio del Ejército en Bariloche
Se trata del terreno en donde funciona la Escuela Militar de Montaña; las agrupaciones pretenden que se entreguen títulos de propiedad por 3.000; la fuerza se encuentra allí desde 1964
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LA NACIONMariano De Vedia
En los últimos diez años, a la instrucción en técnicas especializadas del personal castrense, la Escuela Militar de Montaña que el Ejército tiene en Bariloche incorporó, de hecho, entrenamiento jurídico. A través de distintos procesos judiciales, varias comunidades que se identifican con origen mapuches reclaman derechos sobre el predio y exigen que se les entreguen los títulos de propiedad.
Fundada en 1964, la Escuela Militar de Montaña funciona en un predio de 3608 hectáreas, en una de las zonas más cotizadas de Bariloche, y los grupos que se reivindican como pueblos originarios exigen en conjunto una superficie de 3000 hectáreas (el 83% de los terrenos).
El conflicto coloca en una situación incómoda al kirchnerismo, que en 2012 dictó la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras reclamadas por comunidades originarias y le dio especial relieve al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que acreditó distintos reclamos por vía administrativa. Ahora, ante el avance de las causas judiciales, el Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana, se encuentra en la posición de defender en los expedientes los intereses del Estado y de las Fuerzas Armadas.
Si bien en este caso las tierras son gestionadas por el Ejército, el propietario es el Estado. Por eso el Ministerio de Defensa apeló la decisión judicial que fijó un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo le entregue a la comunidad Millalonco Ranquehue los títulos que la acreditan como la propietaria de 372 hectáreas del predio.
Otras cinco comunidades fijaron sus pretensiones en el mapa y reclaman parcelas contiguas del mismo predio, como “si hubiera existido un prolijo acuerdo para evitar superposiciones en los reclamos”, evaluó una fuente castrense.
A las 372 hectáreas pretendidas por Millalonco Ranquehue se suman otras 612 requeridas por la comunidad Valentín Robles y 410 hectáreas que reivindica el grupo Hualas We, en la que actúa María Isabel Huala, la madre del declarado prófugo Facundo Jones Huala.
También reclaman las comunidades mapuchee Lof Che Celestino Quijada (304 hectáreas), Trypay Antu (250) y la Lof Che Carriqueo, con una exigencia más modesta: dos hectáreas.
A ello se suman dos parcelas reivindicadas por descendientes de Eduardo Goye, que exigen el reconocimiento de su condición de “productores agrícolas con arraigo en Colonia Suiza”, con el argumento de que se instalaron en la zona siguiendo la ruta de las comunidades mapuches. Reclaman ser titulares de 1.050 hectáreas del predio militar. La diferencia con las otras demandas es que en este caso no cuentan con el aval del INAI y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de la provincia de Río Negro.
El caso testigo
El juicio que todos miran de reojo es el de Millalonco Ranquehue, porque podría sentar un precedente, especialmente después de la sentencia dictada por la jueza federal Silvina Domínguez, que el 2 de febrero último dispuso que el Estado le entregue los títulos de propiedad a la organización mapuche.
La respuesta del Ministerio de Defensa fue la apelación, firmada por la abogada Silvia Vázquez, apoderada del Estado nacional. Argumentó que, a pesar de que el Ejército no es parte de las actuaciones, la sentencia le causa un “daño irreparable”.
“El inmueble forma parte del único y distintivo complejo educativo de nivel internacional que el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas disponen en la Cordillera de los Andes para desarrollar la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña”, precisó en la apelación.
Con el mismo énfasis, en la apelación se afirma que la sentencia “afecta la defensa nacional, porque impediría que el Ejército, a través de la Escuela Militar de Montaña, continúe realizando la instrucción del personal militar, dificultando simultáneamente, la preparación y alistamiento del personal y medios que se destina al apoyo de la comunidad local en situaciones de emergencia generadas por incendios y condiciones meteorológicas adversas”.
Para fundamentar la sentencia, la jueza Domínguez se basó en la mensura realizada por el INAI, el organismo creado en 1985 para “asegurar el “ejercicio de la plena ciudadanía de los integrantes de los pueblos indígenas”, cuyos derechos fueron reconocidos posteriormente en 1994 en la Reforma de la Constitución nacional.
En 1996 se creó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que les reconoce la personería jurídica, y en el período kirchnerista se sancionó la ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras.
Esa norma le ordenó al INAI realizar un relevamiento de las comunidades indígenas y de las tierras que ocupaban en ese momento (noviembre de 2006), pero también las que les correspondería habitar en forma tradicional (por signos materiales y simbólicos reconocibles en el territorio) y pública (ocupación reconocida por terceros).
Respaldo oficial
En 2003, el año del acceso de los Kirchner al poder, se le reconoció a Millalonco Ranquehue la personería jurídica y en 2012 el INAI le reconoció la ocupación del territorio
En 2021, la comunidad presentó un amparo para que se le otorgue el título de propiedad y la jueza Domínguez ordenó al Poder Ejecutivo cumplir ese requerimiento. El Ministerio de Defensa alegó en su apelación que el Ejército no participó ni fue requerido por el INAI en las actuaciones administrativas que concluyeron con ese reconocimiento.
Otro antecedente expectante es el caso de la comunidad Trypay Antu. En 2016, sus líderes pidieron que el Estado les entregue la escritura de traslación de dominio de las tierras comunitarias, reclamo al que accedió una jueza de primera instancia en mayo de 2018. Pero en noviembre de ese año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró nula la sentencia, ordenó que se cite a la provincia de Río Negro y se dicte un nuevo fallo.
El expediente se encuentra ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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