Victoria Tolosa Paz dará de baja 20.410 planes sociales y mañana habrá protestas en las calles

El Ministerio de Desarrollo Social finalmente dará de baja, a partir de hoy, 20.410 planes sociales. A ese número se arribó luego de cruzar la información de la AFIP que detectó casos de titulares del Potenciar Trabajo que hicieron compra de dólares o tienen determinados bienes a su nombre. Así lo informaron desde la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.

Los beneficiarios del Potenciar Trabajo perciben la asignación social el día 5 de cada mes, pero la fecha pasó y todavía no vieron el dinero acreditado en sus cuentas. Es que el plan social estrella del Gobierno entró en un enredo jurídico y político que terminó por impactar en el cronograma de pago y mañana los grupos piqueteros afines al oficialismo harán una intensa jornada de protesta, con epicentro en el Obelisco.

En el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que harán el pago mañana y justifican la demora al señalar que el plan social fue judicializado y que, por lo tanto, se esperó a la autorización de Comodor Py para efectuar la liquidación. Tolosa Paz optó por solicitar permiso al juez federal Ariel Lijo -que tiene a su cargo uno de los dos expedientes que se tramitan por este tema- para poder erogar la asignación de noviembre. “Quisimos actuar conformes a derecho”, se excusaron en el Ministerio de Desarrollo Social. En el Gobierno temen avanzar con criterios distintos a los que fijará la Justicia. Buscan, en definitiva, cubrirse ante una eventual imputación por la comisión de un delito.

Pero lo judicial se mezcla con lo político. El viernes, en la Casa Rosada, Alberto Fernández, junto a Tolosa Paz y Emilio Pérsico -secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita- acordaron que en diciembre no se haría una baja de planes significativa porque no se aplicarían -todavía- todos los criterios de incompatibilidades que la ministra quería introducir para redefinir el padrón del Potenciar Trabajo.

El jefe de Estado intervino para evitar una escalada de conflictividad social y limitar el recorte de diciembre. Sin embargo, los movimientos sociales anunciaron que mañana marcharán igual. Dijeron que harán una jornada de asambleas en todo el país “con epicentro en el Obelisco a las 10″.

El recorte

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno dará de baja este mes 20.410 planes sociales sobre los más de 1.300.000 beneficiarios que tiene el Potenciar Trabajo, es decir más de un 1,5%. Esto se definió tras aplicar un cruce de datos con los informes de la AFIP y del Banco Central que detectaron a titulares que habían realizado compra de moneda extranjera o que son titulares de un vehículo con una antigüedad menor a 10 años.

La ministra no aplicó, como pretendía, otros criterios, que hubieran afectado a un universo sustantivamente mayor: los casos de personas que hayan percibido una suma de ingresos en los últimos seis meses cuyo promedio mensual supere a dos salarios mínimos; y los casos de personas que hicieron gastos con tarjeta de crédito por encima de dos salarios mínimos. Según los movimientos sociales oficialistas, aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), si se hubieran aplicado esos parámetros, se hubiera afectado a más de 150.000 beneficiarios.

Según pudo saber LA NACION, Lijo autorizó el pago del plan social este mes, pero le ordenó a la ministra que avance con la auditoría sobre la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo, que se viene realizando a través de un proceso de validación de identidad con reconocimiento facial mediante la app Mi Argentina. El magistrado solicitó que el ministerio informe los avances de la auditoría el 20 de diciembre para autorizar el pago de enero y requirió que culmine con todo el relevamiento, a más tardar, el 15 de enero. Los titulares de los planes tienen tiempo hasta el 6 de enero para validar su identidad.

Es decir que se espera que a partir de enero el padrón oficial se actualice con un recorte sustantivamente mayor.

Días de conflicto y confusión

El conflicto se inició cuando se filtró un informe elaborado por la AFIP a pedido del Ministerio de Desarrollo Social que cruzó el padrón del Potenciar Trabajo con datos sobre compra de dólares y propiedad de bienes.

El informe de la AFIP se judicializó luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan iniciara actuaciones de oficio. Tolosa Paz requirió al juez federal Julián Ercolini -que instruye otra causa- que levantase el secreto fiscal con el objetivo de dar de baja los planes sociales irregulares detectados por el organismo recaudador este mismo mes.

La Justicia levantó el secreto fiscal el pasado miércoles. Ese mismo día a las 22, según pudo reconstruir LA NACION, Tolosa Paz le envió una nota interna a Pérsico para que remita el padrón del Potenciar Trabajo al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) junto con la información provista por la AFIP más otra que había sido elaborada por el Banco Central.

Según aseguraron en el Ministerio de Desarrollo Social, la lista nominal de personas observadas por la AFIP que estaba en poder de la Justicia recién llegó a esa cartera “el jueves por la tarde”. De esa manera justificaron la demora en el pago del plan social, que debía hacerse ayer. “Esto solo ocurrió una vez con Mauricio Macri”, replicaron desde la UTEP.

Pero además de pedir que se cruce la información de la AFIP, Tolosa Paz buscó introducir otros criterios vinculados a los ingresos, muchos más amplios, que hubieran implicado un recorte mayor. El razonamiento de la ministra es que si en la normativa del Potenciar Trabajo no están habilitados a percibirlo los monotributistas a partir de la categoría B, entonces también deben considerarse los ingresos y los consumos del resto de los beneficiarios. Finalmente, tras la intervención del Presidente el viernes, se postergó esa medida.

Aún así, Tolosa Paz optó por pedir permiso a Lijo para hacer la liquidación de este mes. Ese trámite dilató el pago de la asignación. La autorización judicial llegó recién este mediodía.