YPF le cedió tierras a Chubut y se desató una disputa política entre el gobernador y un intendente
La empresa petrolera le dio a la provincia el manejo de tierras e inmuebles en Comodoro Rivadavia y abrió una pulseada entre Nacho Torres y Othar Macharashvili
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PARA LA NACIONAna Tronfi
COMODORO RIVADAVIA.– La confirmación de que YPF cedió finalmente a la provincia de Chubut un conjunto millonario de tierras e inmuebles en Comodoro Rivadavia desató en las últimas horas un fuerte enfrentamiento político que expone tensiones de larga data. La decisión, que redefine el control sobre activos estratégicos en la ciudad donde se descubrió el petróleo en 1907, abrió un conflicto directo entre el gobierno provincial y referentes del peronismo local.
El cruce escaló rápidamente luego de conocerse los alcances del acuerdo. Desde el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres dejaron en claro que los bienes no serán transferidos automáticamente al municipio, una postura que generó rechazo inmediato por parte del intendente Othar Macharashvili y del senador Carlos Linares, quienes reclaman participación directa en la administración de esos activos.
“Los bienes tienen que quedar para los comodorenses”, planteó Macharashvili al cuestionar la cesión a la provincia y exigir que se transfieran al municipio. En la misma línea, el exintendente Juan Pablo Luque advirtió: “No vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses”, en uno de los pronunciamientos más duros que se conocieron tras el anuncio.
Del lado provincial, la respuesta no tardó en llegar. Torres cruzó a la dirigencia local y fue tajante: “No van a pasar a manos del municipio”, sostuvo, al tiempo que cuestionó a sectores del peronismo por lo que consideró intentos de apropiación política de los activos. A su vez, el vicegobernador Gustavo Menna buscó poner cifras al debate al revelar que el acuerdo con YPF supera los 80 millones de dólares e incluye una compensación ambiental de 25 millones, lo que dimensiona la magnitud económica en juego.
El eje del conflicto gira en torno a una pregunta clave: ¿quién debe gestionar los bienes que deja YPF en Comodoro? La falta de una definición normativa específica no solo abre un frente jurídico, sino que también pone en juego intereses económicos millonarios y posicionamientos políticos en una ciudad atravesada históricamente por la industria petrolera.
Entre los bienes en disputa figuran extensas tierras ubicadas en zonas estratégicas, edificios administrativos, instalaciones operativas y espacios con fuerte carga simbólica, como clubes históricos vinculados a la vida social que durante décadas orbitó en torno a YPF. No se trata solo de patrimonio inmobiliario: es parte de la identidad de Comodoro Rivadavia.
La discusión se da además en un contexto de cambio estructural en la industria. YPF avanza con un proceso de reconfiguración de sus inversiones, con foco creciente en el desarrollo de Vaca Muerta, lo que implica una retirada progresiva de áreas convencionales como las de Chubut. Esa decisión empresarial explica, en parte, la cesión de activos y acelera el debate sobre qué hacer con ellos.
Durante gran parte del siglo XX, la empresa no solo explotó hidrocarburos, sino que también organizó la vida cotidiana de la ciudad. Barrios enteros, espacios recreativos y estructuras comunitarias nacieron bajo su órbita. Por eso, el destino de estos bienes trasciende lo económico y se convierte en una discusión sobre pertenencia y memoria colectiva.
Desde la provincia sostienen que la administración debe responder a una lógica integral, evitando decisiones fragmentadas o de corto plazo. En contrapartida, desde el municipio y sectores del justicialismo argumentan que Comodoro tiene un derecho histórico sobre esos bienes, en función del impacto que la actividad petrolera tuvo en su territorio y su población.
El vacío normativo agrega incertidumbre. Especialistas señalan que no existe una legislación clara que regule el destino de activos de empresas como YPF en procesos de cesión o retiro, lo que abre la puerta a interpretaciones contrapuestas e incluso a eventuales litigios judiciales.
A más de un siglo del descubrimiento del petróleo, la ciudad vuelve a estar en el centro de una discusión estratégica. Esta vez, no por lo que hay bajo tierra, sino por quien decide el destino de lo que queda en la superficie.
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