A punto de naufragar por la parálisis en Diputados

En julio del año pasado, las cámaras de construcción del sector privado, en colaboración con la UOCRA, presentaron al Gobierno nacional una iniciativa que buscaba reactivar a un sector durísimamente golpeado por la parálisis pandémica. El Ejecutivo, consciente del potencial de reactivación de una industria clave, con la capacidad de derramar sobre otras industrias y sectores, se sumó a la mesa de trabajo. Al cabo de largos meses de negociaciones y puesta a punto técnica, un proyecto de ley fue elevado por el Ejecutivo en febrero y aprobado por unanimidad por el Congreso Nacional el 12 de marzo. Una iniciativa de reactivación público-privada con apoyo de todo el espectro político. Hasta ahí, un inusual caso de éxito y consenso. Los inconvenientes, sin embargo, comenzaron apenas la medida fue publicada en el Boletín Oficial, y hoy, a días de que venza el plazo límite para sincerar fondos, parece naufragar entre demoras, idas y vueltas y desidia.

¿En qué consiste el blanqueo? Básicamente, la ley permite sincerar fondos para invertir en obras nuevas o con un avance de obra del 50%, además de introducir beneficios fiscales para todos los que decidan invertir en dichas obras, incluso aquellos que lo hagan con dinero en blanco. Para sincerar fondos, la norma introdujo tres plazos: quienes depositaban el dinero hasta el lunes 10 de mayo, pagaban 5% de multa, que al calcularse con un tipo de cambio favorable, en términos prácticos representaba un 3%. Hasta el 9 de junio, la multa a pagar era del 10%, y el tercer plazo, con un recargo del 20%, vence el próximo 9 de julio. Sin embargo, en los hechos no fue así. La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de la instrumentación, tardó 46 días en reglamentar la norma, incluso cuando ésta ya había sido publicada en el Boletín Oficial. La etapa del 5% de impuesto sólo duró nueve días hábiles. Sin decreto y sin reglamentación no había ni procedimientos formales ni garantías que hicieran efectivo al blanqueo o a las ventajas impositivas. Los plazos para blanquear corrían, pero no era posible hacerlo. Además de la reglamentación, se acumularon otras dificultades. Los bancos no tenían en claro el procedimiento para la apertura de cuentas y el retiro de fondos, y durante casi la totalidad de los primeros dos períodos de blanqueo ni siquiera estuvo listo el registro en el que se incluyen los proyectos en los cuales se puede invertir el dinero. Una sucesión de demoras y de mala implementación.

Aparecieron entonces los pedidos de prórroga. El reclamo era, y es, simple: restablecer los plazos, volver a ofrecer tres períodos de un mes cada uno. En un clima de negocios poco atractivo como el de la Argentina actual, con un mercado inmobiliario marcado por la cautela, ofrecer una multa baja y/o más tiempo para tomar la decisión de ingresar fondos en el sistema son incentivos clave. Luego de largas semanas de prueba y error, con ajustes técnicos y retrasos que en algunos casos son entendibles, el set de herramientas para blanquear está aceitado y plenamente funcional. Solo hace falta que se prolonguen los plazos. Sin embargo, los interlocutores frecuentes del Ministerio de Economía, de trato habitual con el sector privado y también convencidos de la necesidad de extender la duración del blanqueo, advirtieron de entrada que la prórroga no se haría por decreto. Es decir que no depende del Ejecutivo. El blanqueo está en manos de un Congreso que debe modificar la ley vigente, lo cual asoma como algo difícil teniendo en cuenta que queda una sesión por delante antes del receso invernal.

Hace un mes, Sergio Massa y Cristian Ritondo, Presidente de la Cámara de Diputados y titular del bloque opositor, respectivamente, presentaron un proyecto de ley para efectivamente extender los plazos. La iniciativa conjunta es lógica; se trata de una norma que había sido aprobada por oficialismo y oposición y de la que todos coinciden en que es una buena idea. Lo único que resta es hacerla efectiva. Pero el proyecto aún no se ha tratado ni parece estar cerca de que lo sea. “Es inentendible”, se queja Alejandro Ginevra, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi). “Venía todo muy bien, hubieron leyes de apoyo al sector, sacaron esta medida que todos sabemos que es positiva y útil. Es muy fácil, es extender el plazo 90 días. Cuesta entender qué es lo que está pasando”. La perplejidad es compartida por otros representantes de cámaras del sector de la construcción. Daniel Tabakman, titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), expresó: “Necesitamos la renovación. Todo el sector lo esta pidiendo. Hubo pedidos formales de la UOCRA, de las cámaras, de la Sociedad Central de Arquitectos, todos. Si antes salió por unanimidad, ¿por qué no saldría ahora? No hay razón para esta demora”, agregó. En un reciente relevamiento de Camesi, el 75% de más de 3000 operadores inmobiliarios de todo el país consideró indispensable extender el plazo del blanqueo para la construcción. El 66% opinó que la medida reactivará el mercado inmobiliario.

“Nuestro planteo fue bien recibido por el gobierno y los bloques más representativos, pero no hemos visto señales de un interés enérgico por parte de los legisladores de todas las fuerzas nacionales de extender esta iniciativa”, dijo Ginevra. Otra fuente del sector afirmó: “Nadie se opone, o por lo menos no lo expresan. No te dicen ni que sí ni que no, simplemente no saben qué decirte. Nadie sabe explicar por qué no lo tratan”.

Otra alternativa contemplada es incluir la extensión como un punto del proyecto de ley de Créditos Hipotecarios, que también podría tratarse próximamente. Las voces más optimistas incluso hablan de una extensión por 150 días, y no 90. Pero lo cierto es que nadie, ni siquiera los propios protagonistas, tienen información clara.

“Es una lástima -expresó Ginevra- porque el sector inmobiliario es uno de los puntales para la reactivación de la actividad económica en general y este tipo de medidas son atractivas para generar inversión en un rubro tan importante como es el de la construcción para la generación de empleo directo y la reactivación del mercado inmobiliario”.

Qué dicen en el Congreso

La situación general en Diputados es de desconfianza. La del miércoles probablemente será la última sesión antes del receso, y en el contexto de los cierres de listas previos a las elecciones, nadie puede asegurar con certeza cuándo será la próxima. En ese marco, hay mucha presión para incluir una gran cantidad de proyectos de último momento, por lo que el clima es de mucha cautela. El proyecto de prórroga del blanqueo cae víctima de los recelos entre oficialismo y oposición.

Para poder ser tratado en la sesión de Diputados, el proyecto firmado por Massa y Ritondo debe obtener dictamen en comisión. Es en eso en lo que se estaría trabajando ahora. Según fuentes del Congreso, el oficialismo ya tiene el dictamen escrito y preparado, y lo que resta es convocar a la reunión de comisión, aprobarlo y dejarlo en condiciones para ser tratado en el recinto. Eso tendría que ocurrir entre hoy y mañana, y aparentemente la intención es que así sea. “Tiene firma de los dos bloques principales, sería raro que lo dejen dormido. La idea es dejarlo listo y aprobado en comisión”. Después, queda sujeto a que se incluya dentro de un gran paquete de leyes de consenso. “Si se logra un acuerdo, en teoría el blanqueo va a estar listo y entra en ese acuerdo de leyes”, dijeron las mismas fuentes.

Una buena idea con mala implementación. Una AFIP que demoró en instrumentar la medida y por lo tanto la vació de sentido práctico. Un Congreso signado por la falta de coordinación, la procrastinación y la escasa claridad para una cuestión que no parece tener demasiadas dificultades concretas. Lamentablemente, características ya clásicas en los ámbitos de toma de decisiones. Un clima de negocios marcado por la cautela y el estancamiento no necesita sumar también disfuncionalidad. Menos cuando es fácil evitarla.