La otra grieta: la intimidad de la reunión con el Gobierno por los alquileres donde hubo tensión y desacuerdos profundos

En medio del complejo escenario del mercado de los alquileres, esta semana se volvieron a reunir inquilinos, propietarios y referentes del sector inmobiliario en una mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Comercio Interior. El encuentro, que duró alrededor de dos horas y media, tuvo debates enérgicos y posiciones cruzadas, principalmente en torno a la posibilidad de que se modifique la ley que rige actualmente. Tras analizar varias propuestas, la cita terminó sin que se haya alcanzado un acuerdo, incluso entre las distintas agrupaciones de inquilinos presentes.

Según contaron a LA NACION distintos participantes de la reunión que tuvo lugar este jueves, el desenlace fue la disolución de la mesa de trabajo. Aseguran que, al ver que no se alcanzaba un consenso, el titular de la Secretaría, Roberto Feletti, sostuvo que lo mejor sería continuar con encuentros en los que se analicen propuestas focalizadas por distrito. En tanto, en un comunicado emitido por el organismo al finalizar la reunión se informó que “se acordó en continuar realizando encuentros en el marco de la Mesa de Alquileres para consensuar soluciones” en torno a distintos ejes.

La mesa de diálogo se conformó tras un reclamo presentado a comienzos de año ante la Secretaría de Comercio Interior por parte de las asociaciones de inquilinos como del sector inmobiliario. Una de las principales preocupaciones que aqueja a los actores involucrados gira en torno a la escasa oferta en el mercado de propiedades en alquiler, algo que dificulta el acceso a la vivienda los inquilinos. Desde las inmobiliarias creen que algunas condiciones que impuso la ley de alquileres, sancionada en junio de 2020, son las principales causas de la caída de las unidades disponibles y el aumento de precios.

Por eso, en la reunión, las principales propuestas del sector inmobiliario fueron que se modifique el artículo de la ley que establece un plazo mínimo de alquiler de tres años para volver a dos, y que se derogue el artículo 14 que introduce la obligatoriedad de una actualización anual de los contratos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central, para que la indexación sea de forma semestral.

“Ante esa propuesta, la Federación de Inquilinos, representada por Gervasio Muñoz, empezó con una posición extrema y sostuvo que la ley estaba perfecta, mientras que otros grupos de inquilinos planteaban otra cosa: estaban dispuestos a conversar y discutir determinadas cuestiones como la actualización cada seis meses”, contó a este medio Marta Liotto, presidenta de CUCICBA, la cámara que nuclea a los corredores de la Ciudad. Entonces, según dijo la referente, Feletti planteó mantener los contratos a tres años pero con actualizaciones de precio cada seis meses. “Fue imposible. Muñoz no aceptó bajo ningún punto de vista, se puso en posición combativa, hubo posiciones cruzadas entre la Secretaría y los inquilinos y finalmente, el secretario concluyó la reunión por la imposibilidad de dialogar”, resumió.

Ante la consulta de este medio, el titular de la Federación de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, explicó que no se alcanzó un acuerdo porque las ideas de las inmobiliarias y de la agrupación que representa son opuestas. Por su parte, en la reunión sostuvo que el monto inicial de los alquileres debe ser fijado en el equivalente a un 2% del valor fiscal de la vivienda, mientras que del otro lado aseguraron que la mejor opción es que haya libre acuerdo entre las partes.

Además, la Federación pidió que los contratos se mantengan a tres años y la actualización de los valores de forma anual. Las inmobiliarias, en cambio, plantearon que el plazo sea de dos años y el ajuste semestral. Muñoz también solicitó que el ajuste del precio se haga mediante el índice vigente fijado por el Banco Central y, además, propuso que se implemente un impuesto a la vivienda vacía, para que se sumen unidades a la acotada oferta actual.

En concreto, puso sobre la mesa la idea de aplicar un impuesto del 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso por más de dos meses para todos aquellos que posean más de tres propiedades. Esta propuesta generó discrepancias entre el resto de los participantes del encuentro. Sin embargo, al finalizar la reunión, Feletti indicó que va a elevar una consulta a los organismos pertinentes del Estado -principalmente la AFIP- sobre la posibilidad de “desarrollar y llevar adelante un impuesto a la vivienda ociosa”.

Al respecto, Liotto planteó que un impuesto a la vivienda vacía no generará el efecto esperado. También se manifestaron en contra de la propuesta desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU). “No estamos de acuerdo. Estamos convencidos que penalizar a quienes no alquilen no ayudará, por el contrario, restringirá aún más la oferta, sobre todo la construcción de ese tipo de unidades”, afirmó Mali Vázquez, Directora Institucional de la entidad. “La solución vendrá por el lado del incremento de la oferta y lo que está a nuestro alcance al respecto es la construcción de viviendas a ser destinadas al alquiler”, agregó. En ese sentido, planteó que sería beneficioso impulsar incentivos fiscales que promuevan ese tipo de proyectos, ya que además generaría un impacto positivo en la economía y generaría nuevos puestos de trabajo.

Diferencias entre los representantes de los inquilinos

De la reunión participaron representantes de distintas agrupaciones de inquilinos: Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Agrupados; Magalí Zirulnikoff, integrante del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Rebeca Ancina del Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut y de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria; y Natalia Ranzuglia, de la Red de Inquilinos Bonaerenses y del Movimiento de Inquilinos Nacional. Las distintas propuestas que se trataron en el encuentro generaron roces entre los participantes.

“La Federación de Inquilinos Agrupados es la única organización que no tuvo la capacidad de buscar consensos”, afirmó Zirulnikoff en diálogo con LA NACION. “Las otras agrupaciones teníamos voluntad de buscar acuerdos con el sector inmobiliario, pero ellos no estaban dispuestos a conciliar ningún punto de los que se estaban planteando y fueron los únicos que dificultaron el diálogo en toda la mesa”, contó. La representante hizo hincapié en que su espacio entendió que las propuestas de la Secretaría de Comercio “no eran irracionales ni descabelladas, sino que buscaban alcanzar ciertos consensos” y apuntó contra Muñoz al asegurar que “no quiso escuchar a nadie, ni siquiera a otras organizaciones de inquilinos que estábamos participando”.

Ante la consulta de este medio, Muñoz planteó que en el encuentro “no hubo otras organizaciones de inquilinos más allá de la Federación” y dijo que quienes estuvieron presentes en realidad eran integrantes del Movimiento Evita y la CTA autónoma. Por su parte, Zirulnikoff explicó que la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria “es una espacio de articulación de diferentes organizaciones que trabajan la problemática inquilina, en distintas jurisdicciones del país”, entre las que se encuentra la CTA Autónoma. También estuvo en el encuentro la mesa el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut de la CTA Autónoma, el Observatorio del Derecho a la Ciudad como integrante de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, y el Movimiento de Inquilinos Nacional.

Además, Zirulnikoff aclaró que hay cuatro organizaciones de inquilinos a nivel nacional, de las cuales tres se mantienen en diálogo. “La Federación no se comunica con ninguna. No creo que sea por desconocimiento, sino por no querer reconocer que hay otras personas que trabajan con otras perspectivas. Desde nuestro espacio creé en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dentro de la mesa intersectorial de políticas de suelo, la primera comisión intersectorial y federal de alquileres y desalojos. O sea, tenemos una amplia trayectoria en trabajo institucional”, concluyó.