Alquileres: fracasó la mesa de negociación y seguirá en pie la idea del impuesto a la vivienda vacía

Dos horas y media duró la segunda reunión en la mesa de trabajo y negociaciones destinada a tratar posibles modificaciones en la ley de alquileres para resolver el problema de la escasez de oferta de inmuebles, precios y condiciones. Sin embargo, la reunión realizada en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior junto a referentes del mercado inmobiliario, inquilinos y propietarios con Roberto Feletti fracasó y no se llegó logró ningún acuerdo.

Según contaron a LA NACION fuentes que participaron del encuentro, se trató de un debate “enérgico”, con algunos momentos de tensión entre los participantes, que terminó con la disolución de la mesa, que ya no se llevará adelante en el ámbito de la Secretaría. En cambio, se propuso continuar con reuniones por distrito.

Durante la reunión encabezada por el Secretario de Comercio Interior, Ricardo Feletti, que comenzó a las 11, se abordaron las propuestas de la Federación de Inquilinos Nacional, la Cámara Inmobiliaria Argentina, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y representantes de propietarios en distintas provincias.

De todas las propuestas recibidas por el funcionario -entre ellas, modificar la duración del contrato, la incorporación de un índice de medición de aumentos alternativo y los ajustes por semestre- la única que quedó sobre la mesa es la posibilidad de aplicar un impuesto a la vivienda vacía. Feletti anunció que la secretaría presentará una propuesta como medida para resolver la escasez de oferta de inmuebles en el mercado

Este punto generó el festejo de algunas de las agrupaciones de inquilinos y el rechazo de las entidades inmobiliarias y de Cuciba.

“No podemos dejar de poner énfasis en el desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada ´vivienda ociosa´ o ´un valor tope de oferta´, que en nada contribuirá a incrementar la oferta de inmuebles en locación, sino por el contrario, en función de las marchas y contramarchas que este tema ha suscitado en la sociedad, solo podría profundizar el retiro de la oferta de una mayor cantidad de unidades, acrecentando la problemática hoy analizada en esta mesa, reorientando el sector privado sus ahorros a otro tipo de inversiones menos desalentadoras y con mayor seguridad jurídica”, manifestaron desde Cuciba, la CIA y la Fira en un comunicado conjunto.

Las entidades mostraron su malestar por el fracaso del encuentro y responsabilizaron en gran medida a los representantes de los inquilinos. “Hubo una posición muy intransigente de la Federación de Inquilinos en cuanto al mantenimiento de a la ley y echar culpa al Estado e inmobiliarias por abusos en los precios sin respaldo”, dijo una de las fuentes consultadas por LA NACION. En este sentido, consideraron “imposible” remontar la mesa.

“Comenzó la reunión con un resumen de las propuestas de todos y quedó claro que lo más antagónico era si modificar la ley, derogarla o seguir. No se logró ningún avance y el clima fue por momentos bastante tenso”, dijo a La NACION Mali Vázquez, Directora Institucional de la CEDU, e hizo hincapié en la necesidad de “generar incentivos para volcar las propiedades al mercado en vez de castigos”.

En tanto, desde la Federación de Inquilinos manifestaron que no se sorprendieron por el fracaso de las negociaciones. “No hubo acuerdo porque las propuestas son totalmente antagónicas. No hay posibilidad de consensuar entre un contrato de dos años y ajustes semestrales versus un contrato de tres años con acuerdos anuales”, dijo a LA NACION Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de inquilinos.

Finalmente, desde la CIA destacaron “algunos puntos de encuentro en común” como lo es la de “aumentar la oferta” y la posibilidad que estudia el Gobierno de armar “mesas técnicas” a nivel regional y provincial para “visualizar las distintas posturas en el país”.

“Más allá de que no se llegó a un acuerdo respecto a la ley, tomamos lo positivo de construir una posible modificación. Coincidimos en aumentar la oferta y para eso cada sector deberá ceder algún aspecto para lograr un acuerdo”, dijo a LA NACION Alejandro Bennazar, el presidente de la CIA.

La Ley de Alquileres 27.551 fue sancionada en junio de 2020 con el objetivo de proteger a los inquilinos de posibles abusos en los valores. Entre los principales puntos estableció nuevas reglas para los contratos de locación, como el aumento de los años de duración de los convenios -de dos a tres años-, la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario, que los aumentos sean anuales (y no semestrales) y de acuerdo al Índice del BCRA, entre otras novedades.

Pese a que la intención de la ley era beneficiar a los inquilinos, los precios escalaron, la oferta de inmuebles bajó y, ante la incertidumbre generada por el congelamiento de precios primero y la posibilidad de modificar la ley tras las declaraciones de Sergio Massa a fines de 2021, muchos propietarios quitaron las propiedades del mercado, y las volcaron a a venta o las dejaron vacías a la espera de definiciones.